Fuentes del oficialismo enfatizaron que la nueva gestión “cuidará a los que trabajan” y que “se apunta a los que no los hacen y tienen curros”; los sindicatos, en pie de alerta.
El Gobierno de Javier Milei cifra sus expectativas para una reducción de la cantidad de empleados públicos en la exigencia de presencialidad “al ciento por ciento” que dieron a conocer este lunes tras la reunión del gabinete de ministros, encabezada por el Presidente y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Las estimaciones del espacio proyectan que esa sola exigencia podría reducir “entre un 8 y un 10%” el número total de empleados estatales.
El sector público nacional tiene una planta de 711.879 empleados, de los cuales 395.000 integran la Administración Pública Nacional, sobre la que se aplicaría esa eventual reducción. El resto de esos empleados son miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. En otras palabras, el corte que proyecta el Gobierno en base al impacto que podría tener la presencialidad obligatoria apuntaría a entre 30.000 y 40.000 trabajadores.
“Con eso solo ya se logra una primera reducción”, dijeron a LA NACION fuentes gubernamentales, que se muestran convencidas de que la exigencia de presencialidad a horario completo facilitará la salida de “los que tienen sus curros y no laburan”. Insisten en que Milei siempre repitió en campaña la máxima “cuidemos a la gente” y que su “problema es con los ñoquis”.
“Hay muchos ‘chocolates’ dando vuelta”, completan, en referencia a Julio Segundo “Chocolate” Rigau, el puntero del PJ detenido con 49 tarjetas de débito pertenecientes a presuntos ñoquis de la Legislatura bonaerense. “El que tiene curros está perdido”, sostienen y remarcan que creen que con la presencialidad plena no seguirán quienes tienen “sus curros”. La Legislatura bonaerense, durante parte de la gestión de Cambiemos, aplicó un control de presencialidad con huella dactilar, sin los resultados deseados.
En los planes del Gobierno de Milei, a la presencialidad obligatoria se le sumaría más adelante la oferta de retiros voluntarios. “Con una indemnización larga”, agregan, aunque reconocen que es una meta sobre la que empiezan a trabajar en estas horas y que si bien no tienen aún estimaciones de impacto, creen que también ayudaría a reducir la planta.
En tercer lugar, para seguir recortando la planta del Estado, analizan la posibilidad de acelerar las jubilaciones de quienes están en edad de pasar a retiro o ya excedieron ese plazo. Tampoco hay precisiones sobre el porcentaje de trabajadores en esta situación. En la Casa Rosada esperan tener el número definido en poco tiempo más.
Todo va en línea con el anuncio presidencial de la puesta en marcha del “inventario general” de la planta pública, la revisión “de cada una” de las contrataciones vigentes, incluidos los convenios con las universidades, y la exigencia de presencialidad “al ciento por ciento” de los empleados públicos en sus lugares de trabajo.
Los sindicatos, en guardia
Los anuncios dados a conocer en la mañana de este lunes pusieron en pie de alerta a los sindicatos. El secretario General de ATE, uno de los dos gremios que agrupan a los empleados estatales, Rodolfo Aguiar, salió al cruce del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien dijo: “Es decisión del presidente Milei poner en valor al empleado público. La gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado es válida, es necesaria y muchas veces ha sido dejada de lado. Lo que vamos a combatir es lo que se denomina el empleo militante, el que está por una cuestión política y que no aporta nada”.
“Militantes somos los 200.000 que trabajamos en el Estado Nacional. Militamos desde hace décadas en defensa de los derechos del pueblo que garantizamos con nuestros esfuerzos cotidianos”, dijo Aguiar. “Cuando hablan de empleo militante, son palabras que ya escuchamos alguna vez. Intentan un disciplinamiento que les facilite el ajuste. Si lo que pretenden es infundir miedo y temor, les queremos decir que no lo van a lograr. Somos uno de los sindicatos más grandes pero también más antiguos de la República Argentina. Ya pasamos varios períodos de amenaza y quite de derechos, incluida la trágica Dictadura Militar genocida”, agregó el gremialista.
Según aseguraron a LA NACION fuentes sindicales, del total de los empleados en la administración pública nacional, unos “72.000 no tienen estabilidad, ya que en la mayoría de esos casos están contratados y esos contratos vencen a fin de año”. Algo que, afirman, “se da en todos los organismos”.
Ubican también una “falta de cumplimiento” por parte de la administración de Alberto Fernández cuando se trabajó tanto con ATE como con UPCN, para la “regularización de empleo público” en el que se contemplaba la incorporación en planta permanente de 30.000 de esas 72.000 personas sin estabilidad.
En esa línea, aseguran que el gobierno de Fernández “solo incorporó 9000 en planta permanente”, que son personas con “muchos años de antigüedad” y agregan que entre ellos no hay nadie de la gestión del Frente de Todos, como denunció en campaña La Libertad Avanza. “Ellos no pudieron pasar a planta y concursar porque no les daba la antigüedad”, sostienen. “No hay empleados que no cumplan funciones. Eso es un discurso que se construye para justificar el ajuste y los despidos”, insisten desde el sindicalismo y ratifican que se sigue de cerca los anuncios y movimientos del Gobierno.
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