Pasaron cinco meses desde que se ordenó el retiro de los empleados que ya tienen la edad jubilatoria.
A casi cinco meses de promulgada la ley que establece el régimen de jubilaciones obligatorias para trabajadores del Estado salteño, la Provincia apura la salida de los empleados que reúnen los requisitos, aunque todavía no terminó de enviar las notificaciones a los 1700 empleados identificados en la nómina para recibirlas.
En el caso de los retiros voluntarios, que también están previstos en la reforma previsional hecha ley en el Congreso de la Nación, el beneficio todavía se encuentra en estudio en el gobierno salteño y no está previso que vaya a aplicarse en el corto plazo, según informó La Gaceta de Salta.
Desde la coordinación de Seguridad Social de la Jefatura de Gabinete, Fanny Velarde, ex gerente de UDAI Anses Salta, explica que las notificaciones a los futuros jubilados se están entregando a medida que se cumplimenta la certificación de los servicios, pero todavía no se estableció el plazo para culminar con esta etapa.
Cuanto antes, más plata
Los 1700 empleados de la planta permanente de la provincia que recibirán la notificación tendrán dos beneficios en caso de iniciar los trámites con rapidez, implementados a través de la Resolución 216D/18. Los empleados públicos, de salud y de educación que estén en condiciones de jubilarse y presenten los trámites ante la Anses dentro de los 20 días posteriores a recibir la notificación podrán acceder a una licencia extraordinaria con goce de sueldo y una bonificación especial de 10 sueldos básicos -hoy serían unos $121.000- que pagará en el momento de la jubilación y ante la presentación de la renuncia.
«Excepcionalmente, el plazo puede ampliarse por 20 días hábiles por causas ajenas al agente. Esto significa que pueden gozar de una licencia desde que inician el trámite, hasta que se les otorga el beneficio y por el plazo máximo de un año, el que sea menor, y esta comienza a regir desde el momento que se lo notifica», explica Velarde.
¿Cuáles son los procedimientos para la jubilación obligatoria?
Según la Ley nacional 24241, las mujeres de 60 años y los varones de 65, con 30 años de servicio, pueden acogerse a la jubilación ordinaria, en la que se computan los aportes en el sector privado y público, como autónomo o monotributista. La legislación prevé que las mujeres accedan a la posibilidad de una prórroga hasta los 65 años. También establece que para acreditar el mínimo de servicios necesarios para acceder a la prestación básica universal se podrá compensar el exceso de edad con la falta de servicios con una equivalencia de dos años de edad excedentes por uno de servicios faltantes.
Las excepciones a esta regla son los docentes, que en el caso de las mujeres se jubilan las mujeres a los 57 años y los hombres a los 60, con 25 años de servicio, de los cuales 10 deben ser frente a curso. Este sector se jubila con el 82% del último sueldo al momento de jubilarse.
Según explica Velarde, también existen las jubilaciones de docentes de área de frontera o maestros especiales que se jubilan con 25 años de servicio, sin límite de edad. Otros regímenes de jubilaciones especiales son por tareas riesgosas, penosas o insalubres, que se jubilan con 52 años de edad las mujeres y 55 los hombres y con 30 años de aportes.
¿Cómo se cubrirán los cargos que quedarán vacantes?
La idea del Estado provincial es recortar los gastos lo máximo posible, por lo que a través de un decreto (el 164/2018) se dispuso la prohibición «de efectuar nuevas designaciones en cargos vacantes por jubilación, en todo el ámbito de la administración pública centralizada, descentralizada, empresas y sociedades del Estado, con excepción de aquellas que fueran necesarias para garantizar la adecuada prestación de los servicios esenciales a cargo del Estado Provincial», dice la normativa.
Por lo tanto, solamente aquellas funciones que no sea posible asimilar a la estructura actual serán las que se reemplacen tras la salida de empleados y funcionarios que se jubilen.
¿Cómo se aplica la prórroga voluntaria de cinco años que establece la Reforma Previcional de la Nación en el caso de los empleados del Estado Provincial?
La Ley nacional 27.426 de Reforma Previsional permite al empleador intimar al trabajador a jubilarse en caso de reunir los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria. Desde ese momento, el empleado podrá seguir trabajando hasta obtener el beneficio y por un plazo máximo de 1 año, lo que ocurra primero.
«Esto significa, cosa que no pasaba antes, que cuando pase un año desde que fueron notificados las personas para que inicien el tramite jubilatorio, serán dados de baja, hayan o no iniciado el trámite jubilatorio, cosa que antes no estaba establecido en la ley, por eso hay muchas personas con exceso de edad y años de servicio. La Reforma Previsional que extiende los 5 años la edad jubilatoria no es para la parte Pública, es para la parte privada», explica Velarde.
¿Cuál es el monto máximo y el mínimo de las jubilaciones de los empleados estatales en Salta?
Seún explica la funcionaria, los empleados públicos en su mayoría, salvo los docentes, se jubilan con el promedio de sus sueldos de los diez últimos años actualizados al momento de la liquidación con un índice que aplica Anses. Este monto rara vez llega al tope establecido por ANSES, que en este momento es de $56.121,65. En el caso de los docentes, la jubilación es del 82% del último sueldo, por lo que las jubilaciones son un poco más altas, pero siempre con el tope de $56.121,65.
¿Cómo se hace el cálculo?
En el caso de los asalariados, el haber inicial se calcula con los valores de las últimas 120 remuneraciones antes del momento de retiro. Del promedio de esos salarios actualizados se obtiene el 1,5% y al dato resultante se lo multiplica por la cantidad de años trabajados.
Un salario promedio de $ 30.000 y con 30 años de aportes arroja un importe de jubilación de $13.500. Con 35 años contribuidos se llegaría a $ 15.750. A esta cifra se le suma la Prestación Básica Universal (PBU), un monto fijo que actualmente está en $3.423,58. Así, resultaría para este caso una jubilación inicial de $ 16.923,59, que equivale al 56% de aquel promedio salarial (con 30 años de aportes), o de $ 19.173,58, equivalente al 64% del sueldo promedio (35 años de aportes).
Para conocer la información personal sobre aportes, hay que ingresar a la página de ANSES y obtener una clave personal. Allí se podrá visualizar la historia laboral con todos los aportes registrados durante los años trabajados.
«Si bien los últimos años están todos, no así los años anteriores que en algunos casos están y en otros no. En ese caso el trabajador deberá conseguir la certificación de esos años del empleador, o en caso de imposibilidad de conseguirla, llevar ANSES toda constancia que pueda servir de prueba de haber trabajado y que se realizaron los aportes, como por ej recibos de sueldos. En caso que se encuentren todos sus trabajos registrados solo tendrá que llevar para iniciar el trámite la certificación de sus últimos 10 años para la jubilación ordinaria», dice Velarde.
«Los compañeros saben que no les conviene, es pan para hoy y hambre para mañana. Les prometen una cantidad de dinero que cuando van a percibir no es lo que les dijeron, y al cobrarlo en cuotas se desvaloriza todo» Silvina Huanca, CTA
Reclamos, a lugar
Desde los gremios que nuclean a los empelados estatales, la lectura sobre las consecuencias del decreto que habilita los retiros voluntarios y las jubilaciones obligatorias en el Estado provincial es pesimista.
Juan Arroyo, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), dice que la medida alcanza a unos 2000 empleados de la administración pública, que en todos los casos saldrán perjudicados.
«Hoy jubilarse significa cobrar un 60% del sueldo, en algunos casos menos, y para la mayoría es la única opción porque están obligados a irse. Muy pocos vinieron a preguntar y nadie se animó a presentar ningún recurso para suspender la obligatoriedad del decreto», explica el dirigente.
En el caso de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), Silvina Huanca dice que ninguno de los afiliados adhirió al retiro voluntario porque «hay un alto nivel de concientización» sobre el perjuicio que significa para los trabajadores. «Los compañeros saben que no les conviene, es pan para hoy y hambre para mañana. Les prometen una cantidad de dinero que cuando van a percibir no es lo que les dijeron, y al cobrarlo en cuotas se desvaloriza todo», explica.
En el caso de las jubilaciones obligatorias, Huanca dice que los trabajadores que cumplen con los requisitos no tienen demasiadas chances de optar por continuar los cinco años más que habilita la nueva reforma jubilatoria. «La gente sigue trabajando porque si se jubilan pierden más del 40% del sueldo en la administración pública provincial y nacional».
La dirigente agrega que desde la conducción nacional se realizaron presenaciones para que se suspendan estas medidas, pero no hubo respuestas. «El gobierno no escucha, sigue con las medidas que creen que van a modificar la situación del país. Todas las movilizaciones que se hicieron por la reforma y se hicieron oídos sordos, no solo el presidente sino también los legisladores elegidos para defender los intereses el pueblo y cuando llegan al Congreso se olvidan de sus provincias», concluye.
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