El oficialismo acelera el tratamiento de temas como una reforma laboral ampliada, generar competitividad en industrias improductivas y reducir los costos.
Es largo el camino para que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea llegue a cristalizarse. Todavía son muchos los filtros externos e internos que debe sortear antes de ponerse en práctica. «Se ratificaría recién en 2021, con viento a favor», vaticina con escepticismo Héctor Daer, uno de los dos jefes de la CGT .
Más allá de lo que suceda finalmente con el pacto comercial alcanzado en Bruselas, el mero debate ya le sirvió al Gobierno para acelerar en la agenda doméstica una serie de temas que considera indispensables, como la necesidad de avanzar hacia una reforma laboral ampliada, generar competitividad en industrias improductivas y reducir los costos logísticos.
Entusiasmo para acelerar las reformas
Empresarios y sindicalistas tomaron nota esta semana cuando Dante Sica , ministro de Producción y Trabajo, repitió con entusiasmo que pretende acelerar las reformas. Ninguna modificación de la legislación laboral, sin embargo, avanzará por el Congreso antes de las elecciones presidenciales del 27 de octubre próximo. El funcionario lo sabe, aunque aspira a ganar tiempo con pactos sectoriales, forzando una negociación entre las partes para discutir cambios en los convenios colectivos en tren de bajar costos y adecuar las actividades a los avances tecnológicos.
Sica reflota así una iniciativa que no tuvo eco por ahora en las conversaciones con los textiles, bancarios, marítimos, metalúrgicos y camioneros. Su antecesor, Jorge Triaca, había logrado un trato, en cambio, con los petroleros en Vaca Muerta, con un acuerdo pionero que limitó hasta el derecho a huelga a cambio de la productividad en el yacimiento, y con los lecheros de Atilra, que asumieron la pérdida de beneficios salariales ante la crisis de la industria láctea.
En el corto plazo
Con la necesidad de escenificar algún logro en el corto plazo, Sica sumó a las negociaciones a Lucas Fernández Aparicio, el secretario de Trabajo. El ministro sentó a Aparicio el martes pasado en la mesa junto con los sindicalistas y empresarios, aunque lo ubicó en una punta, aislado, en un lugar desde donde ni siquiera podía escuchar con claridad lo que decía su jefe. Aparicio, que responde a Guillermo Dietrich, resiste por ahora callado los gestos de su superior.
«La intención es reducir los aportes patronales en determinadas actividades mediante un acuerdo con las partes y no mediante una ley. O buscar una salida en actividades que ya no van más», reconocen la estrategia oficial en la cartera laboral.
Los gremios
La lectura entre los gremios es otra: argumentan que la baja de costos y salarios no son garantía de competitividad, y acusan al Gobierno de querer cumplir con las metas económicas trazadas por el Fondo Monetario Internacional a costa del salario de los trabajadores. Daer planta bandera con una metáfora: «Si el futuro es Mercado Libre, estamos en el horno».
Sin acceso todavía a la letra chica del acuerdo con la UE más allá de un edulcorado brief informativo elaborado por el gobierno argentino, la CGT y las CTA activaron cada una por su lado un comité para seguir de cerca la negociación.
Hasta ahora, obtuvieron poca información adicional a través de Luca Visentini, el italiano que lidera la Confederación Europea de Sindicatos (CES). A diferencia de lo que sucede aquí, a los sindicatos europeos y a las cámaras empresariales se les otorga un rol protagónico en el que se les permite hacer un seguimiento permanente sobre el empleo. Sentarse en la mesa es uno de los principales reclamos de los gremios locales.
Un sindicalista perspicaz encontró un dato que no figura en el resumen informativo que elaboró el Gobierno, aunque sí en el que circula entre sus pares europeos y entre algunos funcionarios del equipo de Sica. Se trata de un ítem acordado de manera preliminar el 8 de noviembre de 2017 que podría detener cualquier intento reformista que suponga una pérdida de derechos laborales.
El punto en cuestión, que habría sido incluido en el trato sellado la semana pasada, dice así: «Cada parte se esforzará por mejorar sus leyes y políticas pertinentes a fin de garantizar niveles altos y efectivos de protección ambiental y laboral». Y continúa: «No se deben debilitar o derogar los niveles de protección contemplados en la legislación ambiental o laboral nacional con la intención de fomentar el comercio o la inversión».
Los gremios se aferrarán a este punto para evitar una reforma que implique pérdida de derechos. «Hay estándares que deben respetarse. Si esto es así, la reforma laboral que pretenden para después de las elecciones corre peligro», interpretó el dirigente, que detectó el dato entre la letra chica del preacuerdo.
Apertura comercial
En paralelo al debate sobre la apertura comercial, en los gremios se acelera un debate que va de la mano de los intentos reformistas: la necesidad de una urgente reconversión laboral.
En el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), el más numeroso del país, se perdieron 60.000 puestos de trabajo entre abril de 2018 y el mismo mes de 2019. La principal causa de la caída fue la comercialización digital, según fuentes del SEC, que lidera desde 1986 Armando Cavalieri, uno de los gremialistas con los que Mauricio Macri suele intercambiar información. «No podemos luchar contra lo que viene. La tecnología nos pasó por arriba», dicen resignados en el gremio mercantil. Cavalieri le habría sugerido en una charla al Presidente avanzar en un acuerdo tripartito para fomentar un plan de reconversión laboral en rubros a los que se les pronostica una pronta caducidad. Ningún gremio avanzó más allá de lo retórico.
Pero hay un proyecto innovador que sirve de modelo. Lo encabeza la Unión de Empleados de la Construcción y Afines (Uecara), que encabeza el cordobés Gustavo Rossi, que representa a mandos medios de la construcción y a peajistas del interior del país. La iniciativa, que dio sus primeros pasos en 2014, consiste en capacitar al trabajador de una cabina de peaje para que pueda desempeñarse en otra función dentro de la misma compañía. Se anudó un trato con el Ministerio de Educación de Córdoba por las capacitaciones y el mes pasado se graduaron los primeros 35 empleados como asistentes telefónicos en caso de accidentes viales. Próximamente habrá otros 50 profesionales en seguridad vial y se prevé que otros empleados se dediquen a idiomas o a otras profesiones de más largo aliento.
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