En el Ministerio de Trabajo enviarán en los próximos días las primeras intimaciones de 50 previstas. Buscan detectar irregularidades en medio del endurecimiento de la postura oficial.
En medio de la batalla entre los sindicatos y el oficialismo, el Gobierno comenzó a diagramar un esquema de auditorías para estudiar los libros contables y las propiedades de los gremios.
Las investigaciones se preparan en conjunto entre el Ministerio de Trabajo, en lo que tiene que ver con la vida sindical, y la Superintendencia de Servicios de Salud, en lo que atañe a las obras sociales. Y se dan en un contexto particular, tras las detenciones de una serie de sindicalistas con serias irregularidades en sus gremios y en plena acusación de lavado dinero contra la familia Moyano, según informó Perfil.
El listado de los primeros 25 sindicatos que serán investigados se está armando en estos días en una de las oficinas que tiene la abogada Karina Palacios, directora Nacional de Asociaciones Sindicales y quien trabajó durante años con Horacio Rodríguez Larreta. “Estamos en una etapa preparatoria, los nombres no los podemos dar a conocer aún”, explican en la cartera de Trabajo que conduce Jorge Triaca.
Sin embargo, un indicio marca que estas primeras auditorías serán solo la punta del iceberg: la cartera laboral comenzó a reclutar contadores que puedan analizar el material que llegue desde las asociaciones sindicales.
Tanto Trabajo como Salud comenzarán, en las próximas semanas, a requerir de manera formal toda la información sobre el funcionamiento de las obras sociales y de los mismos gremios. Entre otras cosas, los libros contables, los movimientos y las cuentas bancarias, los padrones de afiliados y las propiedades inmuebles.
A partir de ello, con la documentación, el Gobierno comenzará una segunda etapa de análisis cruzando datos con las bases de AFIP, del Banco Central, la Inspección General de Justicia y los registros de la Propiedad. En el piso 13 del Ministerio de Trabajo no dudan: si los gremios se rehúsan a entregar la información, preparan una serie de intimaciones que incluyen sanciones por cada día de retraso en el envío de información.
Si bien el universo a auditar es enorme –existen unas 300 obras sociales y unos tres mil sindicatos en todo el país –, en el Ejecutivo creen que puede servir también para que muchos comiencen a ordenar sus papeles. Pero las auditorías no es todo lo que prepara el Gobierno. También en el despacho de Triaca están estudiando emitir una resolución para evitar que en la línea sucesoria de los sindicatos estén los parientes. Sería una suerte de “claúsula antiherencia” para evitar casos como los de los Balcedo en el Soeme o los Moyano en Camioneros, entre tantos otros.
De estos temas vienen dialogando, vía WhatsApp, el presidente Mauricio Macri, mientras concluye su descanso en Villa La Angostura, y Triaca. En particular, tras las detenciones de Balcedo, líder del gremio de estatales Soeme, y recientemente el titular de la Uocra de Bahía Blanca, Humberto Monteros.
Según cuentan fuentes oficiales, Macri viene envalentonado con “cargarse” a una serie de gremios. A tal punto que, a fines del año pasado, en el cumpleaños de Larreta, en un bar de Barracas, no fueron pocos los que lo escucharon decir que era hora “de meter en cana” a más sindicalistas. Incluso nombró a un par que generan revuelo en el sur del país.
Curiosa parábola. Esta semana, la Uocra de Comodoro Rivadavia se alzó con fuertes reclamos ante la inacción del secretario general del gremio de la Construcción, Gerardo Martínez, quien argumentó que no controla las seccionales.
En este marco, la orden de Triaca fue clara: ir a fondo contra los gremios. Ese fue, acaso, el principal motivo que dejó afuera del ministerio, pero con una jugosa embajada en México, a Ezequiel Sabor, el número dos de la cartera laboral que no quería apretar el acelerador. En la Casa Rosada ya se habla de “barajar y dar de nuevo” con los principales caciques sindicales. En particular, apuntan a la atomización de la CGT y sus aliados, y la complicación que eso supone para negociar.
De hecho, en el Gobierno ya dejaron traslucir que no quieren “forzar” la reforma laboralsi no tiene consenso. Sin embargo, nadie del oficialismo da por muerta la reforma. Es más, aseguran que será una de las leyes centrales en 2018. “Es riesgoso ponerle en debate ahora en extraordinarias por el desorden que hay en la CGT”, agregan.
Nada será sencillo: Triaca ya adelantó que la negociación por los salarios será “muy dura” este año, tomando en cuenta la revisión de la meta de inflación, y ante las primeras discusiones paritarias.
La mujer de Moyano, ‘aliada’
La apertura del flamante sanatorio Antártida, de Camioneros, la devolvió a los primeros planos de la política. Pero siempre fue una mujer muy influyente. Se trata de la blonda mujer de Hugo Moyano, Liliana Zulet, quien reapareció en la escena pública esta semana en la inauguración en Caballito en la que estuvo, además del camionero, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el vicejefe porteño, Diego Santilli.
Zulet fue la gran anfitriona, la que iba mostrando las instalaciones y quien se encargó de la organización del evento. Sin embargo, lo que más sorprendió fue, en medio del debate que abrió el oficialismo por la reforma laboral, que la mujer de Moyano se mostró a favor de un cambio en la ley. Así lo expresó a viva voz, y delante de su marido.
De esta forma, la grieta familiar del Camionero se hizo más visible que nunca ese día. Mientras Pablo (hoy aliado a un sector del kirchnerismo) y Facundo (ocupado en las noticias de la farándula) renegaban por la reforma, Zulet y Huguito Moyano (el hijo abogado que discutió la letra chica del proyecto) se mostraban a favor.
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