La fiscalía se volcó por girar el caso a la justicia provincial, ya que, de las actuaciones realizadas, no existen elementos que hagan presumir un hecho de trata de personas, sino a un caso de abuso sexual agravado.
En una audiencia extendida, en la que se trató la legalidad de la detención de un gendarme y su pareja, como así también la excepción de competencia del caso, el fiscal general Eduardo Villalba ratificó las actuaciones que llevó adelante en torno a un caso de abuso sexual, del cual tomó conocimiento a través de un periodista del diario El Tribuno.
En su exposición, ante el juez federal de Garantías 1 Julio Bavio, despejó cualquier cuestionamiento respecto a la detención del gendarme y su pareja, solicitadas y autorizadas por el mismo magistrado en el marco de actuaciones iniciadas a partir de la información periodística provista. En dicho aporte, recibido el viernes pasado, a las 19 horas, se revelaron detalles de un presunto hecho de abuso sexual en perjuicio de una menor de siete años, hija de la mujer detenida, lo que activó la inmediata actuación de la Unidad Fiscal Salta, en procura de poner en resguardo la integridad de la niña.
La premura obedeció en razón de que la información, brindada por una trabajadora sexual de Buenos Aires a dicho medio, daba cuenta de un hecho aberrante que tenía al gendarme como protagonista, ya que el mismo la llamó para un servicio sexual a través de video llamada, también conocido como “sexting”.
En el mismo, según el relato de la trabajadora sexual, el gendarme reveló en el chat que “estaba muy caliente” con una “nena de 7 años”, a quien pretendía sumar a la video llamada sexual, instancias en la que también afirmó que la niña ya le habría practicado sexo oral. “Ya me la chupó, me masturbó y no puedo más”, dijo el acusado en el chat.
«Asqueroso»
Al diálogo, calificado por el fiscal como “asqueroso”, se sumó otro hecho aún más grave, como el envío de una foto de la menor a la trabajadora sexual, quien tuvo el tino de preservar los chats y algunas imágenes de captura, pese a que el efectivo uso un sistema de la red WhatsApp que elimina ciertos mensajes. Frente a este hecho, la fiscalía actuó de inmediato, aún ante la posibilidad de que el hecho no fuera de competencia federal. En ese sentido, el fiscal indicó que el caso, que parecía estar siendo cometido en tiempo real, exigía la intervención inmediata, tal cual se hizo.
“Si bien no se podía descartar la existencia de un hecho de trata, ese análisis, en ese momento no era conducente, pues se debía proceder de manera urgente a fin de poner en resguardo a la menor. Fue así que, desde la fiscalía, se ordenaron las primeras investigaciones, las que fueron llevadas a cabo por la División de Trata de la Policía de la Provincia”, expresó el fiscal.
Como resultado de ello, se corroboró que efectivamente la línea aportada por la trabajadora sexual era del gendarme. Asimismo, se constató también que la denunciante había tomado contacto telefónico con la madre de la menor, a quien le pidió que radique la denuncia del caso de inmediato.
“Frente a ello, la madre, de manera insólita, se mostró dubitativa e incluso dijo que todo era un error y llegó a negar que la nena de la foto enviada por su pareja, sea su hija. Ante, ello, la trabajadora sexual se puso agresiva por la pasividad de la madre e insistió en que haga la denuncia”, refirió el fiscal.
Justificó la fuerte postura de la denunciante, pues la acusada, en todo momento, se mostró desaprensiva respecto al grave riesgo de la menor. Incluso, descartó la hipótesis de que ambos acusados fueron víctima de una extorsión, teoría que, tanto los imputados como su defensa, no pudieron fundar, sino que se utilizó solo para controvertir el abuso sexual denunciado.
“La verosimilitud del hecho, al momento del inicio de las actuaciones, era palpable, razón por la cual la fiscalía tomó intervención con medidas, las cuales fueron solicitadas al juez y, posteriormente, compartidas con la fiscal provincial Lorena Martínez, con quien se trabajó de manera conjunta, tal como lo establece el Código Procesal Penal Federal al instar la cooperación con la justicia ordinaria”, resaltó el fiscal.
Seguirán detenidos
En función de estos fundamentos, solicitó que se declare la legalidad de la detención de ambos acusados, como así también que se mantengan la prisión preventiva de ambos, en el caso de la mujer con la modalidad de arresto domiciliario.
Esta propuesta fue la que predominó, pues el juez Bavio rechazó la pretensión de la defensa oficial, la que intentó imponer la libertad provisoria de ambos acusados, para lo cual esbozó endebles argumentos en torno a la supuesta extorsión. Tal argumentación, sin embargo, fue rebatida de plano por el fiscal, ya que los acusados y la defensa no pudieron explicar el móvil de dicho accionar.
Por otra parte, resaltó la responsabilidad periodística del medio que alertó sobre el relato de la trabajadora sexual, el que, a pedido de la fiscalía, evitaron publicar la información el mismo viernes a la noche, lo que sucedió una vez que se logró el allanamiento y detención de los implicados, lo que sucedió el sábado en la mañana.
En cuanto a la discusión de la competencia, la fiscalía se volcó por girar el caso a la justicia provincial, en este caso, con asiento en la ciudad de Tartagal, ya que, de las actuaciones realizadas, no existen elementos que hagan presumir un hecho de trata de personas, sino a un caso de abuso sexual agravado, delito fuera de la naturaleza de excepción de la justicia federal. Nuevamente, el juez Bavio coincidió con la fiscalía, por lo que dispuso la excepción de competencia y ordenó que las actuaciones sean derivadas a la justicia local.
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