Formuló el requerimiento con la acusación final, contra la ex presidenta, sus funcionarios y los empresarios procesados por el sistema de sobornos durante el kirchnerismo.
El fiscal Carlos Stornelli pidió la elevación a juicio oral de Cristina Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, entre otros ex funcionarios, además de un centenar de empresarios, todos procesados en la causa conocida como los cuadernos de las coimas. La ex presidenta es señalada como «jefa de la asociación ilícita» que durante 12 años recaudó fondos ilegales que aportaban contratistas y concesionarios del Estado, según informó Clarín.
En un escrito de 678 paginas –las mismas que requirió el último procesamiento del juez Claudio Bonadio sobra la cartelización de publica-, la fiscalía también pidió mandar a juicio a los ex funcionarios Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José Maria Olazagasti, Rudy Ulloa, José Lopez, Juan Manuel Abal Medina y Hugo Larraburu.
La lista tambien incluye al chofer Oscar Centeno y a los empresarios Carlos Wagner, Ernesto Clarens, Gerardo Ferreyra, German Nivello, Oscar Thomas, Hernán Gómez, Fabián Ramón, Walter Fagyas, Carlos Mundin, Claudio Glazman y Juan Carlos De Goycoechea. La fiscalía tambien pidió mandar a juicio a Raul Vertua, Angelo Calcaterra, Hector Sánchez Caballero, Armando Loson, Nestor Otero, Juan Lascurain, Alberto Taselli, Hernan del Rio, Aldo Roggio, Alejandro Ivassinevich, Benjamin Romero, Jorge Balan, Hugo Dragonetti, Hugo Eurnekian, Rodolfo Poblete, Enrique Pescarmona, Francisco Valenti, Osvaldo Acosta, Jorge Neira, Raul Copetti, Víctor Gutiérrez, Julio Alvarez, Ruben Aranda y Miguel Angel Marconi.
Stornelli dejó afuera de este tramo a los empresarios de Techint Luis Betnaza y Héctor Zabaleta –quien había declarado como arrepentido- porque quieren profundizar en lo que había sucedido en Venezuela cuando Hugo Chávez decidió estatizar la siderúrgica Sidor, del grupo Techint, causando una retirada de los empleados y directivos de la firma en medio de la cual se habrían realizado los pagos ilegales en Argentina, supuestamente para aceitar gestiones del gobierno kirchnerista ante el chavismo, que facilitasen aquella retirada. La decisión de los fiscales sintoniza con lo que había dicho la Cámara Federal al desprocesar a Paolo Rocca. Según indicaron fuentes judiciales, esas situaciones quedan pendientes para mas adelante
La causa cuadernos es uno de los casos por los que Bonadio pidió la prisión preventiva de Cristina, aunque no se concretó porque goza de fueros parlamentarios como senadora. El requerimiento de elevación acumula otras seis causas vinculadas, en las que ya hubo procesamientos y confirmación por parte de la Cámara Federal porteña.
En los diferentes expedientes investigados en el marco de la causa, “debe ser correctamente leída como una maniobra compleja, organizada, planificada y ejecutada por los máximos funcionarios políticos del Poder Ejecutivo Nacional y el ex ministerio de Planificación Federal, y para comprender acabadamente el funcionamiento de esa maniobra debe ser vista funcionar en su conjunto”, indicó Bonadio cuando pidió a los fiscales que realicen la acusación contra los imputados par avanzar hacia el juicio oral.
Para el magistrado, el proceso de elevación a juicio oral y público que inició “debe ser lo más amplio posible”; por eso pidió que se realice la acusación por la causa principal y otro conjunto de expedientes conexos que se desprendieron de la misma. Con esta metodología, el juez y los fiscales buscan “evitar elevaciones parciales que solo sirven para desdibujar la maniobra y que también conlleva posibles contiendas meramente dilatorias de competencia entre Tribunales Orales”.
Por ello se planteó que es central que todas las causas que componen esta investigación “lleguen al proceso de juicio oral y público en el tiempo más corto posible y con la maniobra ya descripta con la mayor cantidad de elementos incorporados provenientes de las causas” donde ya se resolvió la situación procesal de los acusados.
¿Qué expedientes incluye este pedido de elevación? Se trata las causas por Importación de gas licuado, recaudación ilegal de los funcionarios del ministerio de Planificación Federal, empresarios que pagaban cohecho sobre la renegociación de corredores viales, sobre los subsidios al transporte y cartelización de obra pública y sobre lavado de activos atribuida a Daniel Muñoz y otros. Todas ellas relacionadas con el expediente principal del caso, en el que la ex mandataria está procesada como jefa de la asociación ilícita que recaudó fondos ilegales que pagaban los empresarios para obtener contratos.
Además de haber presuntamente dirigido una asociación ilícita, Cristina está acusada como coautora de recibir dádivas y de cohecho pasivo (cobrar coimas). Cuando firmó el procesamiento, el juez determinó que el hecho de que Cristina no hubiera recibido sumas de «dinero ilegítimas en mano propia» no la exime de «responsabilidades». En ese marco, se dio por comprobada «la existencia de una organización delictiva» planteada por la «recaudación de coimas» que inició con Néstor Kirchner y que «continuó durante la gestión» de la actual senadora. Así lo confirmaron los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Para la Justicia, Cristina tuvo siempre «conocimiento del sistema de recaudación» y como principal autoridad del Ejecutivo es responsable de haber dirigido la «asociación ilícita».
El pedido de elevación se conoce cuando la actual senadora ya enfrenta su primer juicio oral por supuesta corrupción en el otorgamiento de la obra pública. Y cuando está lanzada su precandidatura a vicepresidenta de la Nación.
Durante la instrucción del expediente, la Justicia comprobó que en los años de gobierno kirchnerista funcionó «una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, que se valieron de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y que fueron comandados por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández».
En dicho período, según escribió Bonadio, existió un «pacto ilícito en daño de terceros» entre funcionarios y empresarios, que hizo «funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba a los más humildes del pueblo sin cloacas, sin agua corriente)».
En la argumentación de los procesamientos se dijo que para ganar obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación de subsidios, los empresarios involucrados «entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba a los funcionarios que Néstor y Cristina Kirchner designaban para esos menesteres a fin de recibir esos ‘retornos’ o ‘coimas'».
Los fondos -según Bonadio- fueron pagados por el Estado por esas contrataciones que «estaban infladas en perjuicio del conjunto de los argentinos», con la finalidad de «enriquecer ilícitamente a funcionarios y empresarios corruptos».
Los procesados
La larga lista de procesados que convalidó la Cámara y que Irán a juicio tras el pedido de Stornelli incluye a una gran cantidad de empresarios: Ángelo Calcaterra (primo del presidente Mauricio Macri), Carlos Wagner, Carlos Mundin, Luis Betnaza, Gerardo Ferreyra, Armando Loson, Sergio y Alberto Taselli, Néstor Otero, Aldo Roggio y Juan Chediack, entre otros.
En el caso del ex titular de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner y del financista Ernesto Clarens, la Cámara federal modificó la acusación y los procesó como organizadores de la asociación ilícita. Se les atribuyó varios hechos de cohecho activo, al igual que al empresario Gerardo Ferreyra, quien seguirá detenido.
Cargando ...
Agregue un Comentario