Guillermo Marijuan denunció al expresidente Fernández y a funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad; considera que hubo “fraude” por la cantidad de prestaciones concentradas en determinadas provincias y porque se modificaron los requisitos para hacer más fácil el acceso.
Tras denunciar a Alberto Fernández y a funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el fiscal Guillermo Marijuan dio detalles de la causa en la que investiga cómo se incrementaron de 70.000 a casi 1.300.000 las pensiones por invalidez en la Argentina, desde 2003 a la fecha, con especial énfasis en la administración anterior. Es que, según el funcionario judicial, hay una serie de provincias que concentran 50% de estas prestaciones directas que hace el Estado y en esos cuatro años de gestión de Unión por la Patria (UP) se habrían hecho desaparecer requisitos médicos y autorizado a recibirlas solo por estar en “situación de vulnerabilidad económica”.
Luego de advertir que hubo “fraude” en la asignación de estos beneficios, en su rol de titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social, Marijuan explicó: “Pedimos informes a las actuales autoridades nacionales y en base a eso y a otros elementos que pudimos colectar hicimos la denuncia ayer”. LA NACION había anticipado esta semana que en el relevamiento que encara el Gobierno ya se había detectado que 80% de las pensiones no deberían haber sido otorgadas.
Estas pensiones por discapacidad se establecieron a través de la ley 13.478 y fueron reglamentadas en 1997. Para cobrarlas, de acuerdo a lo que explicó el fiscal, las personas debían estar imposibilitadas para trabajar, tener más de 70 años, ser argentinas o residentes con más de 20 años en el país, además de darse en situaciones extremas.
“Lo que observamos es que desde 2003 a la fecha, 70.000 pensiones que se dieron bajo el amparo de esa ley se incrementaron al día de hoy a casi 1.300.000. El número es tremendo, es inmanejable. Además son no contributivas, es decir, que salen recursos del Estado sin haber recibido a cambio absolutamente nada por parte del beneficiario, sumado a la cantidad de planes sociales que existen, que también son recursos que destina el Estado de forma directa”, planteó Marijuan en Radio La Red.
Después ahondó sobre por qué apunta a la gestión de Fernández. “Las últimas 300.000 pensiones se dieron en el gobierno anterior, desde 2020 en adelante. Se dictaron una serie de decretos que son los que están cuestionados, que llevaron a iniciar el trámite sin certificado médico; y equipararon la incapacidad física de una persona, una invalidez, a estar imposibilitado por la vulnerabilidad económica. Hicieron desaparecer el requisito médico para hacer aparecer una situación de vulnerabilidad económica, una persona que estaría ‘incapacitada’ por no tener recursos para trabajar ni para vivir”, indicó.
Y siempre sobre ese punto siguió: “Equipararon la pensión a los planes sociales y a partir de ahí se dieron 300.000 con esta sucesión de decretos y con una suerte de campañas que se hacían en el interior del país, donde viajaban médicos a firmar certificados. Ni siquiera tenían tiempo para revisar a toda la gente que se presentaba”.
En base a su relato, hay aproximadamente 550.000 pensiones, casi 50% del total vigentes, concentradas en Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Misiones, Corrientes, La Rioja, Catamarca, Salta y Tucumán.
“Es una administración fraudulenta. La denuncia tiene que ver con los funcionarios públicos y las normativas dictadas para permitir que esto sucediera. Yo entiendo que tiene que haber no solo una derogación de estas normas de manera inmediata, sino también un reempadronamiento de esta gente por las nuevas autoridades y un relevamiento de sus condiciones físicas”, marcó Marijuan.
Dijo, incluso, que hay beneficiarios que hasta trabajan y conjugan sus pensiones por invalidez con programas sociales, lo que deriva en un “cúmulo de dinero tremendo” y deriva en “suculentos ingresos”.
“Cada pensión tiene que tener un expediente que lo sustente, con un certificado médico expedido por una junta que revisa y explica por qué se llega a una discapacidad. Se sabe que en la pandemia hubo una caída de las fuentes de trabajo, pero no puede el Estado otorgar estos beneficios que son de por vida. Había una connivencia entre políticos para llegar a la gente de manera salvadora, pero estaban destruyendo al Estado”, concluyó.
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