Está acusado de sustraer dinero de un proyecto de Empresa Social, que tenía como fin la construcción de casas prefabricadas.
Sergio Ramos deberá sentarse en el banquillo de los acusados, porque la fiscal Verónica Simesen de Bielke requirió ante el juzgado de Garantías 2 la elevación a juicio de la causa que lo tiene como imputado, por su desempeño, cuando era intendente de Rosario de Lerma. Está acusado de peculado.
La fiscal constató que Ramos desvió fondos públicos que fueron transferidos por la Provincia de Salta al Municipio de Rosario de Lerma, en virtud de la gestión realizada por el imputado ante la Secretaría de Economía Social y Empleo del Ministerio de Trabajo.
Los fondos, por un monto global de $341.715, fueron liquidados al Municipio a través de la cuenta corriente bancaria que posee en el Banco Macro, en dos acreditaciones distintas; una del 26 de agosto de 2013 por el monto de $ 250.715 y otra del 13 de noviembre del mismo año por la suma de $91.000, destinados a la creación y puesta en funcionamiento de un proyecto de Empresa Social, que tenía como fin la construcción de casas prefabricadas.
El análisis de factibilidad del Proyecto de Empresa Social destinada a la construcción de casas prefabricadas en el marco del Programa Descentralizado de Generación de Empleo y Formación Profesional instrumentado por el Gobierno de la Provincia de Salta, fue efectuado por Ramos en su carácter de Intendente el 24 de abril de 2013 y comprometió a la Municipalidad a aportar para efectivizar los fines requeridos, “espacio físico y la mano de obra para remodelaciones edilicias necesarias”, con el propósito de que “nuestros vecinos cuenten con una vivienda digna y el trabajo mancomunado de unión y solidaridad a través del cooperativismo”.
El pedido dio origen a que el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Salta, mediante un dictamen del entonces coordinador administrativo, Carlos Enzo Cuellar, hiciera viable el proyecto basado en la generación de “inclusión social a través del trabajo genuino para trece ciudadanos desocupados de la zona”.
A su vez, el monto total asignado al proyecto fue $ 341.715 e incluía los rubros maquinarias, herramientas, moldes e insumos para placas, insumos para dos viviendas, elementos de protección personal, mobiliario de oficina, construcción edilicia, capacitación, coordinación de proyecto e imagen e impresión fue aprobado por resolución por el entonces ministro de Trabajo, Eduardo Costello.
De las medidas dispuestas por la Unidad de Delitos Económicos Complejos, se pudo establecer que la obra que debía ejecutarse no fue llevada adelante, ya que en el lugar donde debía concretarse no existen indicios que permitan inferir la realización de la obra, como así tampoco pudo comprobarse que la misma fuera llevada a cabo en otro sitio.
La circunstancia fue corroborada con la inspección ocular llevada a cabo por personal de la División Delitos Económicos y por lo manifestado por un testigo que refirió haber efectuado un relevamiento para verificar la obra y que en el inmueble donde debía realizarse no encontró indicios de movimientos de terreno, que debían necesariamente ser llevados a cabo para iniciar la obra.
También concurrió al lugar en cuestión con un integrante de la Cooperativa Edificarg que debía realizar el proyecto y que le dijo que cavó pozos con pico y pala para el cercado perimetral y que nunca le pagaron por ese trabajo. Además, sostuvo que en la actualidad los pozos se llenaron de tierra y que el lugar es un terreno baldío.
De la auditoría externa para determinar contable y financieramente todo lo referido al proyecto que fuera presentado por el imputado, pudo establecerse que con el dinero recibido únicamente se compraron tejuelines por un monto de $30.000, que fue la única erogación realizada, por lo que se desconoce el destino final de los otros $311.715.
También surge que no existen pagos efectuados por el Municipio a la Cooperativa Edificarg, a alguno de sus miembros y/o en concepto del Proyecto explicitado.
Cabe destacar que la responsabilidad final en la ejecución del proyecto era del Municipio de Rosario de Lerma, cuya máxima autoridad detentaba el imputado Sergio Omar Ramos.
El 8 de febrero de 2017, el Ministerio de Trabajo, a través de la Secretaría de Economía Social y Empleo, informó que el área financia proyectos de economía social descentralizando los fondos al Municipio, y que “éste último resulta el encargado de la ejecución”, apareciendo indiferente que se haya encomendado dicha tarea a una cooperativa de trabajo conformada a tal efecto. Otro testimonio de la cartera laboral precisó el 3 de marzo de 2017 ante la Unidad Fiscal que al ser librados al Municipio los fondos, es éste el que debe efectuar la rendición de cuentas.
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