En medio de la investigación por la tasa de fiscalización, el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos «Uluncha» Saravia, impuso recortes en el organismo.
Mientras la Justicia investiga la legalidad de la compensación que hacía el Ente Regulador de Servicios Públicos (Enresp) a las empresas prestadoras entre subsidios y tasas de fiscalización, la nueva gestión de la institución dispone recortes y sacó a la luz más datos que complican a la anterior administración. Se gastaban $20 mil en desayunos para los funcionarios y solo $32 mil para analizar si el agua es apta para el consumo, según el actual presidente del organismo.
«Los directores se pagaban Osde. Eso ha sido eliminado. A los gerentes se les pagaba Swiss Medical: eliminado. Se daban porcentajes de aumentos sin criterio y becas en al Universidad Tres de Febrero a personas que no acreditaban los estudios a distancia. Había remises contratados que se usaban sin discriminación ni necesidad», dijo Carlos Saravia sobre los recortes que aplicó al llegar al organismo, según publicó El Tribuno.
Uno de los gastos que generó mayor sorpresa es el de los desayunos que tomaban los viernes empleados de alto rango. «Se gastaban $20 mil pesos mensuales en medialunas y $32 mil le pagaban a la Secretaría de Recursos Hídricos para estudios del agua», comparó el funcionario.
Saravia difundió hace semanas que el Ente hacía una compensación entre la tasa de fiscalización que las empresas de servicios públicos cobran a los usuarios y deben abonarle al organismo de control y subsidios a usuarios, lo que se señala como ilegal. Además, indicó, tampoco se cumplía con funciones obligatorias por ley, como realizar los informes anuales de gestión.
Estos datos complican a la anterior gestión, puesta bajo la lupa de la Justicia, que estudia la legalidad de las compensaciones que realizaba el organismo de control con Edesa y Aguas del Norte. Se conoció que los subsidios para personas carentes de recursos y electrodependientes que mandó el Gobierno nacional fueron a parar a Rentas Generales y no se derivaron a las empresas, que debían pagarle al Ente la tasa para fiscalizar y controlar la calidad de los servicios.
Ese dinero, que se cobra a los usuarios en las boletas, no llega hace 20 años al organismo de control porque las empresas arreglaban con las autoridades del Ente compensar la deuda de subsidios por la tasa de fiscalización. El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Leandro Flores, ya se abocó a investigar el tema.
Jorge Figueroa Garzón, expresidente del Ente, se defendió diciendo que la compensación que realizaba es legal y que tenía el visto bueno de la Auditoría General de la provincia.
Saravia, en tanto, se reunió el viernes con funcionarios de dicho organismo de control y les pidió una auditoría para saber si, como él asegura, es ilegal esta práctica.
Sin embargo, la Auditoría General ya indicó en una auditoría de 2015 a Edesa, que la compensación era legal. Se basó en el artículo 921 del Código Civil y Comercial, que permite compensaciones «cuando dos personas, por derecho propio, reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente».
También en el artículo 923 que indica que se podrá compensar deudas, «sin que resulte afectado el derecho de terceros». Carlos Saravia cuestionó este criterio y lo consideró equivocado.
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