Se trata de aportes no reembolsables (ANR), es decir, subsidios, que se financian con el Fondo Fiduciario de Servicio Universal; solo cinco proyectos de empresas estatales se llevan casi el 55%
Durante 2020, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) comprometió unos $9600 millones en subsidios para el despliegue de infraestructura para los próximos tres años y distribuyó, de esos recursos, unos $1598 millones, según se desprende del relevamiento de las actas de directorio y de las resoluciones correspondientes, publicadas en el Boletín Oficial. Entre los 78 receptores de estos últimos fondos se destacan empresas estatales de provincias oficialistas, asociaciones civiles partidarias, algunos particulares y cooperativas.
Esos recursos se aprobaron bajo el formato de aportes no reembolsables (ANR), es decir, subsidios, que se financian con el Fondo Fiduciario de Servicio Universal, creado para desarrollar la conectividad de regiones alejadas, inaccesibles o empobrecidas. Este fondo se nutre del 1% de la facturación bruta mensual de todos los proveedores de telecomunicaciones -telefonía fija y móvil, acceso a Internet y TV paga-, es decir, de lo que los usuarios pagan por esos servicios.
Los principales beneficiarios de los recursos fueron las empresas estatales Aguas del Colorado (La Pampa), con $270,4 millones; Marandú (Misiones), con $261,1 millones; Ecom (Chaco), con $ 163,2 millones; y Neutics (Neuquén), con $154,5 millones. Estas cifras corresponden a los montos aprobados, de los cuales se realiza un adelanto del 30% antes de comenzar las obras y el resto se transfiere a medida que avanzan los trabajos.
Uno de los integrantes de la mayoría oficialista en el directorio del ente, el peronista pampeano Alejandro F. Gigena, participó de la creación de la estatal Aguas del Colorado en 2006 y de su participada Empresa Pampeana de Telecomunicaciones (Empatel), en 2019, cuando era asesor letrado del gobierno provincial. Con su voto y su firma, esa empresa recibió del Enacom el subsidio más generoso otorgado por el ente el año pasado. Y La Pampa se quedó con el 17% de todos los recursos distribuidos. En la gestión actual del Enacom, donde destacan que no habría en ese hecho ninguna anormalidad, subrayan que la práctica no es nueva y que en la última reunión de directorio durante la administración Macri ese ente aprobó ANR para las empresas estatales de Jujuy y Corrientes -gobernadas por el mismo signo político nacional de entonces- por $194 millones y $102 millones, respectivamente.
A estas empresas provinciales se las conoce genéricamente por la sigla de su razón social: sociedades de participación estatal mayoritaria (Sapem). En conjunto, fueron adjudicadas con $849,2 millones, es decir, más de la mitad de todos los fondos distribuidos. Las cuatro sapem tienen como contratista a Tecnored, una firma cordobesa que provee ingeniería y equipamiento Huawei. “Marandu y Aguas del Colorado son clientes que tenemos desde hace más de cinco años. Para el caso de los ANR, en La Pampa y Misiones competimos con Cisco y ganamos. En Misiones y Neuquén, algo similar. Ecom Chaco es un cliente nuevo para nosotros y los conocimos por el pedido de precios para los ANR”, explicó a este diario Juan Domínguez, CEO de la empresa.
Asociaciones civiles
Sin ningún antecedente como prestador de servicios TIC, la Asociación Civil El Hormiguero, agrupación política kirchnerista que se referencia en el diputado nacional Máximo Kirchner, recibió $36 millones para dar conectividad en los barrios Fátima, Ramón Carrillo, Los Piletones, Los Pinos y La Esperanza. Durante 2020, la ONG obtuvo su licencia para ser operador de telecomunicaciones en octubre; para operar su radio FM Soldati, en noviembre, y en diciembre fue adjudicada con los fondos, hecho que fue celebrado con un acto partidario del que participaron el vicepresidente del Enacom, Gustavo López; el senador camporista Mariano Recalde; la funcionaria del ente, Natalia Vinelli; y la legisladora porteña María Bielli, proveniente de la ONG beneficiada, entre otros dirigentes partidarios.
El Hormiguero -que recibió otros $1,5 millones en subsidios a la propia radio por ser un medio comunitario- es presidida por Matías Gallastegui, médico generalista que actualmente es director del Hospital de Solano, que pertenece a la municipalidad de Quilmes. “Somos una ONG con experiencia de gestión en una escuela secundaria, un profesorado y varias iniciativas culturales, y que tiene recursos técnicos formados con experiencia en telefonía e ingeniería. Además, tenemos la experiencia en el barrio, donde vamos a desplegar, con mano de obra e ingeniería propia, una red comunitaria”, dijo a LA NACION Nicolás Petrungaro, ingeniero, asesor de Bielli en la Legislatura, referente del proyecto y exempleado de la Secom -cuando era liderada por un equipo de La Cámpora encabezado por Norberto Berner-.
La Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos de Zárate recibió $30 millones para conectar las localidades de Escalada y Country Club El Casco, que también es el nombre de un antiguo barrio cerrado vecino a otros emprendimientos inmobiliarios más nuevos, como Altos del Casco, que podrían verse beneficiados por la expansión de la fibra óptica subsidiada. La cooperativa eléctrica y de telecomunicaciones zarateña, una de las empresas más importantes de ese distrito, es presidida por José Luis Mangini, que en 2011 fue candidato a intendente del kirchnerismo y hoy se referencia políticamente en la senadora provincial Agustina Propato (habitué de las actividades de la cooperativa), esposa del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. De los 78 receptores de ANR que se desprenden de las actas de directorio del Enacom, 41 son cooperativas que en conjunto recibieron $326,7 millones.
Tres beneficiarios personales en Salta
Entre los más beneficiados con los ANR también aparecen diez personas físicas y trece sociedades comerciales. Las tres personas físicas que más dinero recibieron son salteñas, igual que el director del Enacom por el oficialismo Gonzalo Quilodrán. Se trata del contador Javier Alejandro Cardozo y los emprendedores Hernán Esteban Rodríguez López y Fernando Ariel Peloc, que están desplegando fibra en algunos puntos de difícil acceso en la Puna salteña.
Cardozo, exfuncionario del Ministerio de Educación de Salta hasta 2009, y que estuvo procesado y con prisión preventiva por un presunto intento de estafa a la AFIP en 2013 del que fue sobreseído, recibió $60 millones para desplegar conectividad a través de su empresa Kílla (cuya oferta más económica ofrece 3 megas de velocidad por $850 en las localidades de Cafayate, Cachi y Yuto, según su página web). Cardozo ya había obtenido un ANR en 2018 por $2 millones, durante la gestión macrista en el ente. Rodríguez López, que recibió $39 millones, tuvo durante varios años un contrato como mediador comunitario por el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia salteño. Peloc, que provee conectividad en la zona cordillerana de más difícil acceso, recibió $27 millones. Salta es una provincia particular porque, a diferencia del resto del país, no tiene ni una sola cooperativa de servicios públicos registrada.
Sin datos abiertos
Este reparto de subsidios por parte del Enacom, presidido por el massista Claudio Ambrosini, se dio en un contexto de deterioro de la transparencia del organismo. Ese ente dejó de publicar la información desagregada en el sitio de datos abiertos -que hoy está abandonado- por lo que para determinar la cifra el diario La Nación revisó las actas de directorio y las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial. A lo largo del año, el directorio del Enacom modificó el reglamento que rige la distribución de los fondos para hacer menos rígidas las condiciones de acceso a recursos y sus rendiciones: amplió el tamaño de las poblaciones alcanzadas de 10.000 a 30.000 habitantes; aumentó el adelanto de fondos del 20% al 30%, y ajustó los montos, que habían quedado desactualizados por la inflación.
En 2021, el organismo ya realizó dos reuniones de directorio, pero al cierre de esta edición aún no publicó las actas de esos encuentros en su página web. Según pudo saber este diario, entre otras cosas, en una de esas reuniones se analizó la aprobación de un ANR para el despliegue de conectividad 4G en la ruta provincial 63 entre Dolores y Las Armas por $12,7 millones, que iban a ser asignados a Telecom Argentina, pero que fue rechazado por oficialistas y opositores en el directorio. Lo que sí se aprobó este año habría sido un ANR para la Asociación Civil La Garganta Poderosa Integración por la Educación Popular por $13,5 millones para conectar a Internet a 15 villas de emergencia de nueve provincias. La ONG es encabezada por el dirigente Ignacio Levy, que hace diez meses fue recibido por el presidente Alberto Fernández en Olivos. La Poderosa recibió licencia para dar servicios de telecomunicaciones en octubre pasado.
“Para el gobierno nacional, los barrios populares y las clases vulnerables -quienes más sufren la falta de conectividad- son la prioridad. Por ese motivo, aprobamos el programa de barrios populares. Y partir de esa aprobación, nos encontramos con que las grandes empresas, por diversos motivos comerciales, no tenían interés en desarrollarlo. Por eso, quienes suelen realizar las obras que asegurarán el avance y la concreción de este programa son las cooperativas y las pymes prestadoras de servicios”, explicó Ambrosini a este medio. El presidente del ente agregó: “Desde que asumimos al frente del organismo profundizamos los mecanismos de control y, en este contexto en particular, controlaremos especialmente que estas obras se cumplan, ya que el objetivo primordial es brindar y garantizar la conectividad en estos barrios”.
Con recursos de este fondo de Servicio Universal también se financió el proyecto Delta Conectado, que busca llevar Internet a escuelas, centros sanitarios, comisarías y otros organismos públicos de las localidades bonaerenses de Tigre, San Fernando, Campana y Zárate. El proyecto, que estaría enfrentando dificultades para su implementación, fue presentado en un acto público por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y su esposa, la presidenta de Aysa, Malena Galmarini, entre otros dirigentes. El proyecto no incluyó el extenso y desconectado delta entrerriano y otros puntos isleños de Buenos Aires y Santa Fe.
El Enacom es la autoridad de aplicación de las leyes de medios y de telecomunicaciones, fue creado por la administración Macri en 2016 sobre la fusión de entidades precedentes, Afsca y Aftic. Este ente, que tiene más de 1900 empleados -la mayoría de los cuales hace un año que no trabaja de manera presencial-, es encabezado por un directorio integrado por siete miembros, cuatro designados por el Poder Ejecutivo y tres por el Congreso. Actualmente es presidido por Ambrosini, referenciado políticamente en Massa las últimas dos décadas, que también integró el directorio anterior como minoría en representación del Frente Renovador; y tiene como vicepresidente al abogado Gustavo López, que reporta al Instituto Patria. López fue interventor del Comfer -antecesor del Asfca- entre 1999 y 2001 y entre los cableoperadores aún es recordado por exigir desde ese cargo el corte de la transmisión de las señales de noticias durante las protestas sociales que caracterizaron el final del gobierno de Fernando de la Rúa.
Los otros dos directores por el gobierno son el salteño Quilodrán, que es licenciado en Ciencia Política y tuvo una extensa carrera junto al exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey; y María Florencia Pacheco, licenciada en Educación con experiencia como empleada pública en la Anses y el IOMA. Quilodrán y Pacheco se referencian en el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. La profesora Pacheco fue jefa de campaña en alguno de los intentos de Cafiero nieto de convertirse en intendente de San Isidro. El directorio se completa con el abogado pampeano Gigena -propuesto por el kirchnerismo del Congreso- y por la expresidenta del organismo y exdiputada -diseñadora gráfica de formación- Silvana Giuduci, propuesta por el bloque del PRO.
La silla vacante era ocupada por el radical jujeño Miguel Giubergia, fallecido por Covid-19 el año pasado. La UCR está a punto de perder ese asiento que ya fue negociado por el peronismo de Roberto Lavagna, encabezado en el Congreso por la diputada Graciela Camaño.
Los recursos del fondo de servicio universal se recaudan desde 2008, pero estuvieron prácticamente sin utilizarse hasta 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri decidió usarlos, sobre todo, para financiar a la estatal Arsat, pero también para otorgar subsidios a cooperativas y pymes que presentaran proyectos de despliegue concretos. En 2017, se pegaron efectivamente $7 millones; en 2018, fueron $43,9 millones, y en 2019, $331 millones, según la información disponible en el portal de datos abiertos del Enacom. La distribución de dinero se rige por un reglamento y requiere llamados a concurso que, a su vez, varían según el programa del cual se trate (conectividad, movilidad, rutas, barrios populares, instituciones públicas, etcétera). Para participar del concurso se debe presentar una carpeta con la propuesta, debe ser firmada por un ingeniero matriculado en el Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación (Copitec), que preside Miguel Ángel Pesado, exintegrante del directorio de Arsat. Muchas veces, esas carpetas son elaboradas por los contratistas o proveedores de tecnología, y presentadas a nombre del potencial beneficiario, que recibe -en una cuenta específica para ese fin en el Banco Nación- el anticipo de los fondos antes de comenzar la obra.
El Enacom aún tiene pendientes definiciones sobre los procedimientos para la distribución de los fondos en algunos programas, como el de villas de emergencia (llamado “de barrios populares”) o el de instituciones públicas, que permitirá repartir fondos entre intendentes (no hay impedimentos para que los municipios obtengan licencia de telecomunicaciones y puedan solicitar subsidios). En el organismo afirman que para auditar estas iniciativas incorporarán en breve los servicios de una universidad nacional.
En otros casos, los procedimientos pueden incluir pasos imprevistos e ilegales: dos fuentes empresariales directas dijeron a este medio que empleados del Enacom condicionaron el otorgamiento de certificados de libre deuda -exigidos para participar de los concursos- a la contratación de una empresa en particular. En el organismo rechazaron airada y tajantemente la acusación, pero dudaron al responder a una pregunta simple: ¿por qué necesita el organismo certificarse a sí mismo una información con la que ya cuenta?
Tras la consulta del diario La Nación sobre este punto, el organismo decidió modificar ese requisito el 10 de marzo pasado: “A partir de la presente publicación, queda establecido que los licenciatarios que presenten propuestas correspondientes a los programas y proyectos del servicio universal no deberán solicitar el certificado de libre deuda a Enacom, dado que será el propio organismo el encargado de expedirlo. En virtud de esto, el certificado correspondiente será incorporado oportunamente al expediente cuando se encuentre disponible, sin que esto afecte el procedimiento de análisis de los proyectos presentados”.
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