Política

Corrupción KEl contenido de los pendrives que desnuda el financiamiento de la campaña K del 2013 con las coimas que pagaron los empresarios

Cristina Kirchner

Hubo fondos para buena parte de las provincias y para todos los rubros: «encuestas», «llamados telefónicos», «hoteles», «lunetas de colectivos», «pegatina libre», «prensa escrita», «boletas», «impresiones», «aportes de campaña» y hasta para «campaña negativa».

Según la planilla de «gastos detallados de toda la campaña legislativa 2013», el monto total fue de más de $190 millones. El desembolso mayor fue para boletas: $30.813.000. Las provincias más beneficiadas fueron Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, con unos $55 millones. En octubre de ese año, 2013, en la provincia de Buenos Aires el kirchnerismo perdió por 11 puntos las elecciones de medio término frente al Frente Renovador de Sergio Massa.

«Tanto en las PASO como en las legislativas de octubre el resultado eleccionario no fue el esperado, generando una sensación de incertidumbre política y de mucha confusión», declararía cinco años después a través de un escrito Hugo Martín Larraburu, quien se desempeñó en aquel momento como coordinador de la Unidad Técnica de la Jefatura de Gabinete bajo las órdenes de Juan Manuel Abal Medina, y quien registró los gastos en planillas de Excel que llegaron a la Justicia en varios pendrives.

Larraburu fue uno de los primeros detenidos por la investigación judicial originada por los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno, la megacausa que tramita el juez Claudio Bonadio y que desnudó un sistema de recaudación ilegal durante la anterior administración que salpica a la cúpula K y a los empresarios más importantes del país.

Algunas de las planillas que llevaba Larraburu sobre los ingresos y gastos de la campaña del Frente para la Victoria de 2013

Algunas de las planillas que llevaba Larraburu sobre los ingresos y gastos de la campaña del Frente para la Victoria de 2013

Cuando lo detuvieron en su domicilio, al ex funcionario, que recuperó su libertad a mediados de agosto después de pasar dos semanas detenido, le secuestraron un par de pendrives en los que guardaba información vinculada al financiamiento de la campaña legislativa del 2013, y a cuyo contenido accedió Infobae.

Las planillas que habían sido guardadas por Larraburu contienen información vinculada a las PASO y a las generales de ese año, entre los meses de julio y octubre. Contienen cientos de cifras por millones de pesos, nombres de dirigentes y ex funcionarios, apodos e iniciales con el supuesto origen y el destino de los fondos, fechas y un desglosado por provincias.

«Colaboré en algunas ocasiones recibiendo los fondos que correspondían a aportes voluntarios según manifestaran quienes me los entregaron, el licenciado (Roberto) Baratta y Nelson Lazarte», aclaró el ex coordinador de la Jefatura de Gabinete. «En las planillas se reflejan dos orígenes del dinero que se recibía, aunque los dos correspondían al Ministerio de Planificación: JdV y PL. Todo provenía para mí del mismo lugar (Ministerio de Planificación), pero cuando me daban los listados con los aportes me pidieron que haga esa distinción, sin saber yo a qué respondía», agregó.

 

En los listados figuran cuatro dirigentes de La Cámpora, la agrupación juvenil liderada por Máximo Kirchner que en el 2013 tenía un lugar de privilegio en la cúpula del poder. Dos de ellos, Andrés Larroque y Rodrigo Rodríguez, aparecen por sus apodos: «Cuervo» y «Rodra». José Ottavis y Hernán Reibel Maier -uno de los encargados de la comunicación del kirchnerismo- son mencionados por los apellidos. Los reconoció el propio Larraburu en su declaración.

En la planilla de «gastos detallados», Larroque figura con $15 millones del total de $190 millones que, según la información secuestrada por la Justicia, se habrían destinado para la campaña del 2013 y que fueron recaudados en negro por el Ministerio de Planificación a través de la colaboración de los empresarios.

El viernes, el juez Bonadio decidió separar de la investigación principal de los cuadernos y enviar a sorteo el tramo relacionado con el financiamiento de esa campaña y que tiene a los dirigentes de La Cámpora, al ex secretario José López y a un par de intendentes del Conurbano bonaerense entre los imputados.

Larraburu declaró a quiénes se referían las iniciales con las que se registraba el destino de los fondos

Larraburu declaró a quiénes se referían las iniciales con las que se registraba el destino de los fondos

Ahora será otro juez y no Bonadio el que investigue cómo se financió la campaña K del 2013.

Larroque aparece mencionado en varias planillas. En algunos casos vinculado a la campaña porteña y al ex candidato Pablo Ferreyra, que logró ese año una banca en la Legislatura local a través de una colectora del Frente Para la Victoria. Se trata del hermano de Mariano Ferreyra militante del Partido Obrero que fue asesinado por integrantes de la Unión Ferroviaria durante una manifestación en 2010.

En el caso de Reibel Maier y de Rodríguez, las menciones aluden, según las planillas, a las campañas de Córdoba y Santa Fe, respectivamente, en las primeras semanas de julio del 2013. «Rodra Santa Fe», se lee, con montos que van desde los $200.000 hasta los 100.000 dólares. «Seguro iría para la campaña de esa provincia», declaró Larraburu. En la elección de ese año a Diputados, el FpV salió tercero en ese distrito, detrás del socialismo y del PRO.

El nombre de Marcos Cleri, diputado santafesino del Frente Para la Victoria, también consta en los registros. Figura como «MC». Carlos Urquiaga, de José C. Paz, también aparece.

En cuanto a Reibel Maier, los números son similares a los de «Rodra». También hay en otros casos desembolsos en euros: desde 39.000 a 176.000 en moneda de la Unión Europea.

 

José Ottavis, que en los últimos años se separó de la conducción de La Cámpora y se refugió en la Legislatura bonaerense, aseguró frente al juez que como consejero del PJ manejaba fondos de campaña, pero dijo que no sabía que se trataba de «plata negra».

Su nombre figura en varias de las planillas. Pero la mención más llamativa es la que aparece al lado del concepto «campaña negativa», con $1 millón. «Coincide con lo entregado a José Ottavis y probablemente se destinó a la campaña negativa, lo cual entiendo se vincula a los gastos de campaña en las redes sociales», explicó el ex colaborador de Abal Medina en la Justicia.

 

Oscar Parrilli, el ex secretario general de la Presidencia y ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), es otro de los dirigentes K de renombre cuyas iniciales -«OP»- y su apellido figuran en las planillas que Larraburu guardaba. «En los gastos por jurisdicción generalmente se mencionaba al candidato o referente político del lugar por sus iniciales, supongo, pero ello no significa que se le hubieran entregado fondos directamente. Efectivamente, ello no me consta», aclaró Larraburu en el escrito presentado en agosto. «Me limité a cargar la información recibida», insistió.

Neuquén, el distrito del que es oriundo Parrilli, consta en los registros con una entrega de $7 millones, por encima de Misiones -$1,2 millones-, Santiago del Estero -$3,1 millones-, Tierra del Fuego -$2,97 millones-, Río Negro -$1,5 millones- y Salta -$500.000-, pero por debajo de Corrientes -$14 millones-, Córdoba -$21 millones- o la ciudad de Buenos Aires, con más de $22 millones.

En la provincia de Parrilli, los pagos se registraron en $2 millones entre julio y agosto y $5 millones entre agosto y octubre, la denominada «segunda etapa», es decir, las generales. «Con el correr de los días fue necesario (a pedido de Mazzón) comenzar a confeccionar algunos registros no solo de lo que se recibía, si no del destino que según me decían se le daba a los aportes, ya que la vorágine de la campaña hace que se gaste mucho dinero en poco tiempo», detalló el ex funcionario de la Jefatura de Gabinete. Juan Carlos Mazzón, ex coordinador general de Asuntos Políticos e Institucionales de la Unidad Presidencia -un histórico dirigente del PJ, fallecido en agosto del 2015-, controlaba, según Larraburu, que «la distribución de fondos se hiciera de la mejor manera y llegara a distintos puntos del país de acuerdo a las necesidades que se requirieran». En las planillas, se lo identifica como «JCM».

En las elecciones generales del 2013, el Frente Para la Victoria declaró ante la Justicia electoral ingresos y gastos por $623.800. Seis millones y medio de pesos menos que lo que aparece en las planillas.

Es decir, la recaudación de campaña del 2013 a través del aporte en negro de los empresarios mencionados en los cuadernos del ex chofer de Roberto Baratta no se reflejan en los informes oficiales de rendición de cuentas. El punto más débil y opaco de la política, el financiamiento electoral, que ahora tanto el Gobierno como el PJ intentan buscarle una salida en el Congreso. El kirchnerismo propone ahora solo aportes públicos.

 

Uno de los montos mayores está relacionado con el ex titular de la ex SIDE. Son dos desembolsos, del 10 y el 12 de julio, por 1.400.000 y 900.000 dólares, cuyo origen se menciona como «O. Parrilli», y destino «Smile». «Se refiere a una agencia de publicidad audiovisual que se llama de esa forma», explicó Larraburu.

Fuentes de la investigación aseguraron a Infobae que se trata de una sociedad vinculada a Martín Mercado, un prestigioso publicista que trabajó para la anterior gestión. Había realizado spots para la campaña presidencial de Cristina Kirchner del 2011. «Le rajo a la política, por más que me llamen todo el tiempo. No es que no me gustó, pero a veces uno vive una experiencia para ver cómo es, porque lo hace más completo. Pero lo que me hace feliz es hacer campañas para las marcas», había dicho el publicista en el 2016. Desde su entorno aseguran que no trabajaron para la campaña del 2013 de Martín Insaurralde, que encabezó la boleta de Diputados del kirchnerismo en territorio bonaerense, y que no tienen vinculación con esa agencia.

El rubro boletas fue, en ese sentido, el más exigente a nivel financiero, con más de $30 millones. La mención que aparece en las planillas como «Balbi», que Larraburu aseguró desconocer en su declaración, alude a la imprenta gráfica Balbi SA, de sólidos vínculos con la política. Constan decenas de pagos bajo la letra «G», que según el ex funcionario sería de «gráfica».

Hay un grupo de encuestadores que tuvieron notoria relevancia durante la gestión kirchnerista y que están registrados como supuestos receptores de los fondos de campaña en las planillas.

 

Se destacan «Braga», por Fernando Braga Menéndez; «Doris», por Doris Capurro; «Tito Backman» y «CEOP», por Roberto Bacman, e «IPSOS», por IPSOS, en distritos como la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, los tres que representaron el mayor gasto de campaña, según los registros. Hay entregas que van de los $80.000 a los $800.000 para encuestas, de acuerdo a las planillas. En Santa Fe, por ejemplo, constan los honorarios a Braga Menéndez en el informe de gastos del FPV presentado a la Justicia electoral.

Aunque tal vez uno de los puntos más sugerentes de los gastos detallados en las planillas es el de los «aportes de campaña Buenos Aires»: unos $15.932.000, según lo registrado. ¿A qué se refiere? Hay además un monto de $1.850.000 del 30 de julio de ese año rotulado como «blanqueo PBA».

Entre los aportantes a la campaña del Frente Para la Victoria en territorio bonaerense en el 2013 aparece, por ejemplo, Ernesto Kreplak, funcionario K por esos días, con un aporte de $10.000. Apadrinado por el ex ministro Julio Alak, Kreplak juró en el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata en julio del 2015. Fue hasta la semana pasada el magistrado que más hurgó en la investigación por los aportes de campaña de Cambiemos del año pasado en la provincia de Buenos Aires.

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