El Gobierno busca que los mandatarios K y de Juntos se involucren.
En un contexto de debilidad parlamentaria, el Gobierno apela a todas las opciones que tiene para persuadir a la oposición. Además de extremar la confrontación para forzar a que el sector más dialoguista de la oposición se esfuerce por diferenciarse del kirchnerismo y la izquierda, vuelve a insistir con un mensaje claro a los gobernadores, peronistas, de partidos provinciales y de lo que fue Juntos por el Cambio: «Si no hay ley ómnibus, no se toca Ganancias, no se arregla lo que le votaron a (Sergio) Massa para la campaña».
La advertencia ya la había hecho el propio presidente Javier Milei en el encuentro que mantuvo con los gobernadores en diciembre y reforzó el concepto en distintos diálogos informales con sus interlocutores provinciales.
Fue, al cabo, una de las primeras señales políticas que dio el jefe de Estado al Congreso, cuando convocó a las sesiones extraordinarias hasta el 31 de enero y omitió enviar la ley que revertiría los cambios en Ganancias con los que Massa avanzó el año pasado como parte del plan platita, que fueron refrendados por los gobernadores del PJ, encolumnados en su proyecto presidencial.
El razonamiento era concreto: «Sería naif darles esa ayuda antes de que salga Ganancias. No se trata de un chantaje, es parte de una negociación política».
Si había dudas de la intencionalidad en ese «olvido», a sabiendas de la urgencia de fondos frescos para los gobernadores, Milei le pidió a Francos que aclarara que no estaba dispuesto a prorrogar las sesiones extraordinarias durante febrero si durante el plazo inicial no había un gesto de «buena voluntad» política del Congreso. «Si no se aprueba en Diputados antes, no vamos a pedir que se siga debatiendo indefinidamente. Y Ganancias va a tener que esperar», indican desde el entorno presidencial.
Ajuste sobre las provincias
En las últimas horas, pudo saber este diario, Milei renovó su advertencia, con una aclaración: «El ajuste mayor no va a ser para la gente, el ajuste mayor será para las provincias: vamos a ir a un esquema de transferencias cero», puntualizó en privado, ante sus colaboradores.
Este mensaje es tanto ó más complejo para los gobernadores. Para tomar dimensión de lo que está en juego: durante 2023, las transferencias discrecionales desde el Tesoro Nacional a las provincias giraron en torno a los 2 billones de pesos.
Se trata de obras con participación de Nación y las partidas previstas en el Fondo Nacional de Incentivo Docente; y en los distintos programas de asistencia financiera a las provincias. El Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, con el que Alberto Fernández auxilió a Axel Kicillof y castigó a Horacio Rodríguez Larreta, es uno de ellos.
En Casa Rosada hay optimismo de que «a último momento» se van a destrabar las negociaciones, pero por las dudas analizan las alternativas con las que cuenta el mandatario.
Los cálculos de los fondos que resignaron las provincias con la suba de Ganancias dispuesta por Massa deja con poco margen de acción a los gobernadores: el paquete que embolsaban gira en torno al 1% del PBI. Para algunos distritos, con pocos recursos, implican casi dos meses de pago de sueldos a los estatales. La preocupación atraviesa a todos los mandatarios, sin distinción partidaria.
En ese sentido, en Balcarce 50 se aferran al camino de emitir cuasimonedas que tuvo que tomar el riojano Ricardo Quintela para cubrir la falta de fondos sirve como anticipo para el resto de sus colegas. «Está claro que esto no va a hacer que Kicillof le a La Cámpora que vote la ley, pero hay peronistas razonables que pueden jugar un papel importante. Lo mismo que el radicalismo y los del PRO. Ellos tienen que hacer su parte», señala un dirigente del oficialismo que participa de las negociaciones.
Y concluye: «Si se aprueba, al día siguiente mandamos el proyecto (de Ganancias) al Congreso».
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