Corrupción KEl 30 de noviembre comienza el juicio por coimas y malversación de fondos a los militantes de la Cámpora que manejaban el PAMI y ANSES de Salta

Verónica Molina y Marcos Vera Ramírez están imputados por concusión agravada, malversación de caudales y peculado. Militantes kirchneristas los acusaron de retenerles el sueldo.

Finalmente los ex funcionarios kirchneristas tendrán que sentarse en el banquillos de los acusados. El próximo 30 de noviembre empieza el juicio contra la exdirectora del PAMI en Salta, Verónica Molina, y el exasesor de la ANSES local, Marcos Vera Ramírez. Los militantes de La Cámpora están acusados por concusión agravada, malversación de caudales y peculado.

Ambos dirigentes de La Cámpora, la agrupación que lidera Máximo Kirchner, están imputados por retener el 20% del sueldo a los jefes de distintas agencias del PAMI de Salta, monto que según las denuncias era destinado a financiar a ese sector del kirchnerismo que maneja el hijo de Cristina Kirchner.

Cabe recordar que el escándalo salió a la luz en pleno contexto de pandemia. En el mismo momento en que otros funcionarios públicos kirchneristas fueron descubiertos cobrando de manera indebida la ayuda económica nacional del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) durante el primer año de la pandemia del COVID, en 2020.

En la oportunidad, los acusados habían contado que estaban obligados a realizar «aportes» a La Cámpora. La organización partidaria oficialista no sólo había cooptado las administraciones del PAMI y la ANSES en Salta sino que también hizo lo propio en todas las gerencias de estas instituciones del país, como parte del acuerdo de la coalición que llevó a Alberto Fernández a la presidencia.

Tras esas confesiones, el fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, inició una investigación que abrió una caja de Pandora.

Descubrió una serie de evidencias, entre ellas audios y capturas de mensajes telefónicos, en los cuales se menciona el pago de aportes denunciado.

Además, en el peritaje del teléfono celular de una de las exgerentes juzgada por el IFE comprobó que la exigencia del pago del 20% provenían de números telefónicos pertenecientes a Vera y Molina.