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Casi el 20% de la ayudaEdiles de Tartagal ampliaron la denuncia federal por el escándalo del plan Acompañar

Siguen las repercusiones por la polémica que se generó desde Tartagal, donde mujeres víctimas de violencia de género denunciaron que deben dejar $10.000 pesos, a gestoras de la asistencia nacional Acompañar, siendo cada vez más las beneficiarias que estarían afirmando que fueron damnificadas por este direccionamiento del dinero.

Ahora, concejales del cuerpo deliberativo tartagalense estuvieron ampliando ante la Justicia Federal una denuncia que ya radicaron el viernes pasado, apuntando a la titular de la Dirección de la Mujer por el direccionamiento del plan, el cual habría movido cifras millonarias.

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Así lo señaló el doctor Rambert Rios, quien estuvo acompañando a los concejales Ernesto Restom, Elba Rodas y Nicolás Arce en la audiencia federal donde ampliaron la denuncia y ratificaron lo dicho en todos sus términos. “El viernes se denunció esta asociación ilícita y defraudación al Estado donde la funcionaria Sandra Dominguez utiliza un cobro de coimas ilegales a beneficiarias del plan”, señaló al noticiero de VideoTar.

A esto sumó que se denunció la falsificación de denuncias por motivo de género que llevaba adelante este programa, para acceder a la asistencia económica. “Responsable directa es la señora Cordero, quien debería estar detenida al día de la fecha por esta defraudación millonaria al Estado, hablamos de casi $40 millones, de casi 4000 beneficiarias en Tartagal que coimeaban a mansalva”, apuntó.

El abogado contó que son muchos los testimonios que estuvieron apareciendo, de damnificadas por las artimañas de retención de dinero que estuvieron trascendiendo en las últimas jornadas. “Si muestro mi teléfono, tengo más de 50 conversaciones de actos confeso, de personas diciendo que accedieron al beneficio coaccionadas o amenazadas”, dijo el abogado recordando que les retenían $10.000 por seis meses para acceder al plan y luego para mantenerlo.

Por último, comentó que la denuncia hecha el viernes fue ante Gendarmería Nacional, donde “se están aportando datos y se solicita el allanamiento urgente de la oficina donde se daba esto”, en referencia a la Dirección de la Mujer.

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