El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella dispuso la creación de una Unidad Fiscal conformada por Gabriel González y la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, a fin de que ejerzan de manera conjunta la investigación por la administración de los recursos económicos del Monasterio San Bernardo.
La causa es un desprendimiento de la denuncia por violencia de género de las Carmelitas Descalzas contra el Arzobispo Mario Cargnello y otros tres religiosos por supuesta violencia económica.
El apartamiento de Salinas Odorisio ocurrió después de la declaración de la priora del convento ante la jueza Ada Zunino en el monasterio por la condición de monjas de clausura y porque, en ese encuentro, fue “reiteradamente cuestionada” en su labor “investigativa” por “falta de objetividad y lealtad procesal”.
En el texto en el que se excusa, la funcionaria señaló que esa fue la actitud de los abogados Juan Casabella Dávalos y José Viola, representantes del Convento y de la madre priora. Además de apuntar esos cuestionamientos, agregó que hubo “agravios” por parte de los letrados “quienes utilizaron términos agresivos e irrespetuosos (…) inapropiados en mi condición de Magistrada y, principalmente, de mujer”.
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