Un médico y una bioquímica que estaban citados a declarar pidieron acceder a la documentación que sustenta la causa y se fijó una nueva audiencia para el 5 de mayo.
Dos de los seis profesionales de la salud denunciados por una megaestafa al PAMI negaron ayer su responsabilidad y pidieron compulsar documentación, al declarar ante la Justicia federal.
Los acusados están siendo investigados por un fraude a la entidad por unos 3 millones de pesos. La estafa se habría basado en facturar prácticas a pacientes fallecidos o que nunca se habían realizado, y se estaban cobrando.
Ayer, en el Juzgado Federal se realizó la indagatoria del doctor Augusto Saúl Sasso y la bioquímica María Elena Almendros. Ambos negaron los hechos y pidieron compulsar la documentación antes de seguir prestando declaración indagatoria ante el juez federal de Jujuy, Wenceslao Cardozo, subrogante en la causa.
Fernando Dávalos, secretario de la Fiscalía Federal número 1, detalló que los acusados, después de que se les hizo conocer la imputación, manifestaron que preferían compulsar la documentación que fue secuestrada.
El funcionario judicial contó que los profesionales de la salud pidieron acceder «en especial, a la auditoría hecha por la Asociación Bioquímica que es la base de la imputación».
Dávalos detalló que tanto el juez como las partes estuvieron de acuerdo en fijar una nueva fecha de audiencia para el viernes 5 de mayo, y agregó: «En el transcurso de la semana que viene, y previo a la indagatoria, van a venir al tribunal a compulsar la documentación».
Los imputados buscan ver el expediente para analizarlo. «Por ejemplo, en la auditoría se menciona a X persona a la que se le hicieron dos recetas, entonces ellos quieren ver, de acuerdo a sus registros, qué es lo que tienen y lo que no», explicó Fernando Dávalos.
«Totalmente ajena»
Raúl Antonio Notarfrancesco, abogado de María Elena Almendros, declaró que la bioquímica «es totalmente ajena» a los cargos por los que se la está investigando. «Al leerle los hechos que se imputan y con las pruebas en su contra pedimos que se nos dé un plazo para compulsar toda esa documentación y luego continuar con la indagatoria la semana que viene», indicó el letrado, según informó El Tribuno.
El defensor dijo que su cliente se encuentra «muy nerviosa» por los hechos que se le imputan. «Es una persona que jamás ha tenido una causa penal, así que ha negado los hechos y mantenemos eso», explico el abogado.
Cuando se le preguntó cuál era la opinión de Almendros sobre la causa que recae sobre sus hombros, contestó lo siguiente: «Piensa que posiblemente sea relacionada con otros profesionales a los que se está investigando… pero sin ninguna probanza», manifestó Notarfrancesco.
Además, agregó que, desde la defensa, están confiados en que no tienen pruebas en contra de ella.
«Es toda documentación consistente en escritos, informes, auditorías emanadas de la Asociación de Bioquímicos de Salta, el requerimiento de la fiscalía. En fin, hay que leer con detalle y después ejercer el derecho a una indagatoria, de explicar puntualmente todo lo que ha pasado», finalizó el letrado.
El jueves había declarado el bioquímico Osvaldo Miranda, quien habló de una persecución en su contra por una interna en la Asociación de Bioquímicos, y argumentó que existieron errores de facturación.
El médico Víctor Canelada, en tanto, no se presentó a declarar porque debía realizar un viaje.
Momentos clave
Los primeros allanamientos. El 23 de marzo, personal de Gendarmería y la Justicia Federal allanó los consultorios y laboratorios de los profesionales acusados.
Levantan las suspensiones. El 29 de marzo, Gladys Moisés, directora de PAMI, anunció que le levantaban la suspensión a cinco de los seis profesionales imputados.
La llegada del fiscal de la UFI-PAMI. El 6 de abril, el titular de la Unidad Fiscal de Investigación-PAMI, Javier Arzubi Calvo, llegó a la provincia para colaborar con la investigación.
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