La familia reclama una porción del predio que pertenece al Estado. En el mismo se emplazan las antenas de radio, TV y telefonía.
Hace algunas semanas se conoció una notificación que les llegó a algunos propietarios de antenas de medios de comunicación por el espacio donde están ubicadas en el Cerro 20 de febrero. La familia Ragone estaba reclamando una parcela, pero de acuerdo a lo que se pudo investigar el terreno es del Estado. Por lo que un equipo de fiscalización de la Secretaría de Ambiente de la provincia paralizó un desmonte que se estaba realizando.
Los operarios en cargados de llevar adelante las tareas de desmonte fueron contratados por un familia que posee un título de propiedad en una de sus laderas pero que reclama ser también propietaria de una parcela en donde se emplazan muchas antenas y repetidoras de radio, televisión y telefonía. Hace un mes la familia Ragone viene intimando a quienes tienen allí sus equipos de comunicación, solicitándoles que se retiren.
De no ser así, pide que comiencen a pagarles un canon de alquiler por el supuesto uso de sus tierras. Y ante esta situación, los empresarios de medios se niegan a hacerlo bajo el argumento de que no fue caprichosa la elección del lugar, sino que fue el mismo Estado quien se los asignó a través de un comodato. El gobierno es propietario del terreno y lo cede para que se puedan retransmitir con mejor calidad las señales.
Desde Inmuebles de la provincia, su titular, Luis Cornejo, confirmó que la matrícula 182.524, pegada a la 2.451, donde se ubican las antenas, pertenece a la familia Ragone, que posee toda una ladera del cerro que da al Sporting Club, ubicado en el exclusivo barrio de Tres Cerritos desde 1947. Sin embargo, las firmas que fueron emplazadas, no solo tienen en su poder el comodato que entregó la provincia, sino que dicen que, sin ese permiso, no podrían haber solicitado medidores de luz a la empresa EDESA.
Además, existía un alambrado perimetral en la matrícula 182.524, de propiedad de los Ragone, y que divide claramente el catastro privado del que es de uso del estado. La representante legal de la familia, al ser preguntada por esa delimitación, se limitó a contestar que un alambrado no significa «que sea el límite de la propiedad», aunque no quiso dar detalles de quién lo puso allí, en qué momento ni por qué.
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