El juez federal Gustavo Montoya ordenó su detención, casi al mismo tiempo en que el juez provincial Nelso Aramayo rechazaba la prisión solicitada por el fiscal Cazón.
Una extraña paradoja jurídica ocurrida en las últimas horas en Salta: mientras la Justicia provincial rechazaba el pedido de detención del exintendente de Aguaray Jorge Enrique Prado, la Justicia federal ordenaba su arresto, y anoche las fuerzas de seguridad salieron en búsqueda del paradero del exjefe comunal, acusado por el multimillonario robo de caños del gasoducto del NEA, según publicó EL Tribuno.
Finalmente, cerca de las 22, «Quique» Prado fue ubicado por personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Judiciales de Gendarmería, en un edificio del barrio Tres Cerritos de esta ciudad, y fue allí que se produjo su arresto.
En el lugar y frente a testigos, personal de la fuerza de seguridad nacional dio lectura al acta de detención y posteriormente Prado fue trasladado, esposado, en un móvil hacia la base de Gendarmería en Chachapoyas.
La orden de detención contra Prado fue liberada por el juez federal Gustavo Montoya en la tarde de ayer. Lo hizo ante un pedido formulado por el fiscal general Eduardo Villalba, tras una audiencia de más de dos horas en la que se ampliaron las imputaciones que pesan sobre Prado y también sobre su exsecretario de Hacienda Fredy Céspedes y el titular de la empresa mendocina OSYP SA, Diego Alos.
El ahora detenido Prado y los otros dos imputados están acusados por robo agravado, fraude a la administración pública y falsificación de instrumento privado. El juez consideró, entre otros puntos, que la libertad del exjefe comunal podría entorpecer la investigación, ya que aún están pendientes otras medidas probatorias. Además, existen muchas probabilidades de que, llegado al fin del proceso, Prado reciba una pena de prisión efectiva, siendo esta otra causal que llevó a disponer su detención.
Vera, «arrepentido»
Por su parte, el fiscal Villalba había ampliado las imputaciones para los tres acusados, inmediatamente después de que el único detenido por el millonario robo, Adrián Vera, se acogiera a la figura del «imputado colaborador», revelando detalles del caso para que la Justicia pueda avanzar y profundizar la investigación.
El mendocino Vera, actualmente detenido en el penal de Marcos Paz, decidió en los últimos días asumir la colaboración con la investigación federal, adoptando una figura jurídica similar a la del «arrepentido», con la intención de obtener algún beneficio sobre situación procesal. Al respecto El Tribuno pudo saber que Vera estaría «con un pie afuera de la prisión», ya que brindó información suficiente como para que la Justicia pueda profundizar en el tema sobre el escandaloso robo de unos 35 kilómetros de caños del inconcluso Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) y otro robos similares en distintos puntos del país.
El Tribuno también pudo saber que la información suministrada por Vera en su calidad de colaborador aportó valiosos y concluyentes datos para la investigación. Vera habría admitido que fue él quien ejecutó la extracción y la posterior venta de los costosos caños de alta presión, pero que fue contratado por Prado, Céspedes y Alos para cometer el ilícito.
De esta manera la situación de Vera se habría visto ampliamente mejorada, ya que el plazo de su detención vencía en las próximas horas. «El aporte de Vera lo dejó prácticamente en libertad», informaron las fuentes a este medio.
Otro aporte de Vera habría sido que el delito se planificó desde la propia Municipalidad y que el pago por esas tareas se habría efectuado inicialmente con fondos de la comuna de Aguaray, algo que está bajo investigación en órbita de la Justicia provincial que tiene a su cargo otras acusaciones contra el ahora detenido Jorge Enrique Prado.
La controversia en el ámbito de la Justicia provincial
La detención ordenada anoche por la Justicia federal no le quitó controversia a la determinación del juez de Garantías de Tartagal, Nelso Aramayo, quien justamente en la tarde de ayer había rechazado la solicitud de prisión elevada por el fiscal Armando Cazón el pasado 6 de noviembre, en la causa por malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario.
Al rechazar el pedido de arresto, Aramayo consideró “contradictorio lo expuesto por el fiscal en el pedido de captura y detención de Prado, al compartir parcialmente las medidas de sustitución solicitadas por la defensa”. El magistrado señaló que eso “denota una actitud caprichosa del fiscal con el objeto de la detención”.
La otra causa, en la órbita provincial, se dio en el contexto de la intervención al municipio de Aguaray, que se concretó el 19 de octubre pasado, luego del tratamiento y aprobación legislativa.
Por su parte, el fiscal Cazón sostuvo que “existe una morosidad asombrosa por parte del juez Aramayo ante el pedido que elevé el 6 de noviembre pasado. Pero además, lamentablemente, el juez no interpretó correctamente el pedido de detención, ya que la propia defensa del imputado Prado había pedido el arresto domiciliario”, explicó.
De todas formas Cazón advirtió que Prado será citado a declarar personalmente en la Fiscalía de Tartagal el próximo lunes 23 de noviembre a las 10. La audiencia de imputación anterior se había concretado en forma virtual. Hasta anoche y luego del traslado de Prado a Gendarmería, no había precisiones sobre esta declaración que el detenido deberá efectuar ahora ante la Justicia provincial.
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