Se pagaron más de 400 millones de pesos para hacer casas en Bariloche y nunca se terminaron. Apuntan a la ex intendenta, y a De Vido y su entorno. El Gobierno presentó una denuncia penal.
Terrenos vacíos donde, en los papeles, figuran centenares de viviendas. Casas inconclusas, sin puertas ni ventanas, con paredes sin pintar ni revocar. Expedientes internos con documentación clave sugestivamente extraviados. Más de 400 millones de pesos ya abonados por el Estado por obras jamás emprendidas. Todos estos ingredientes son parte de una auditoría interna del Gobierno de Mauricio Macri que derivó en una denuncia penal por malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público contra la gestión de Cristina y una intendenta K; y que apunta directamente contra el Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio de Vido al ex secretario de Obras Públicas José López.
El informe, al que tuvo acceso Clarín, fue realizado por el Ministerio del Interior de Rogelio Frigerio y adjuntado a la denuncia que recayó por «conexidad» en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°9, a cargo de Luis Rodríguez, ya que allí se tramitan otras causas por defraudación con la obra pública contra Julio de Vido y López.
Y es apenas uno de los cientos de relevamientos que, por pedido del Presidente, se realizaron en torno a la obra pública. Este se centró en dos proyectos para construir viviendas en Bariloche, en el marco del programa federal «Techo Digno», lanzado por la gestión kirchnerista en 2013.
El primer proyecto analizado fue firmado el 23 de diciembre de 2013 por el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Germán Nivello, dependiente de López, y por la intendenta de Bariloche en ese entonces, la kirchnerista María Eugenia Martini. Aunque no los menciona, el escrito le pide al juez que se evalúen sus responsabilidades.
En cambio, no cuestiona el rol de las empresas que estuvieron a cargo de los proyectos, Alusa y Oriente Construcciones. En el Gobierno señalan que tienen antecedentes hace décadas, a diferencia de la constructora montada por Lázaro Báez, aunque advierten que «es el juez quien lo debe determinar».
Puntualmente, el «ACU 2274/2013» implicaba la construcción de 376 viviendas sociales en distintos barrios de la ciudad, con una inversión global del Estado nacional -incluidas supuestas «obras complementarias»- de 169 millones de pesos. El informe que recibió el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Iván Kerr, fue contundente: señala que la obra, que arrancó en febrero de 2014 y tenía que finalizar en un plazo no mayor a 24 meses, fue abonada en un 99% pero el avance verificado es del 53%.
Lo curioso -o no tanto- es que en los papeles figura que presentó el 100% de certificados de avance. Vale la aclaración: este es el requisito que mensualmente debe presentar un intendente que «ejecuta» una obra de Nación para que se le giren los fondos.
Lo que sucedió en torno al segundo convenio es más llamativo. Denominado ACU 624/2015, se firmó meses antes de la campaña presidencial; y tenía como objetivo la construcción de 495 viviendas por una cifra de $ 249 millones en doce meses. Una promesa para impulsar la reelección de Martini, que jamás se concretó: la auditoría señala que se certificó el avance al 100% de la obra y que se giró la totalidad de los fondos. Pero nunca se colocó ni un ladrillo en ningún terreno.
«Hubo una sobre certificación del 100% respecto del avance físico verificado, atento a que la misma no se ejecutó; con el agravante que el programa se pagó en su totalidad», indica la denuncia presentada por el Gobierno.
Entre otras particularidades que se detectaron en torno al proceso de pago de las obras del ACU 2274/2013, los auditores hallaron que varios de los certificados y de las actas de finalización de obras “sólo fueron firmadas por la intendenta María Eugenia Martini» y que «no merecieron objeción de las áreas involucradas en la recepción de de los referidos certificados de obra y pago de los mismos” en Planificación Federal. También les llamó la atención la falta de las firmas «de un representante técnico del municipio y de la empresa contratista, como acaeció en los primeros certificados”.
En tanto, del proyecto en el ACU 624/2015, directamente no quedó registro: en el área de «Certificaciones Programa Federal Techo Digno» dijeron que el expediente «no pudo ser hallado», por lo que también se procedió a pedir que el juez evalúe si no se incurrió en el delito de destrucción de documento público.
¿Dónde está el dinero? Nadie lo puede afirmar con certeza, ni siquiera la actual administración, ya que desaparecieron documentos que impiden seguir la ruta de los fondos.
Clarín consultó oficialmente al ministro del Interior Rogelio Frigerio quien se limitó a informar que todo está en poder de la Justicia y expresó: «El Presidente fue muy claro con nosotros. La obra pública no puede ser más sinónimo de corrupción en la Argentina. Y debe realizarse en tiempo y forma».
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