El fiscal federal Guillermo Marijuán presentó una denuncia penal para que se investigue la responsabilidad penal de los funcionarios dictaron de la resolución para la baja de una serie de bases de datos que registran los casos de COVID-19.
Según lo que Marijuán describió en la denuncia “como resultado de la disposición dictada se estaría eliminando cualquier tipo de registro de datos vinculado a las personas que pudieran haber registrado y/o utilizado las aplicaciones creadas por el Gobierno Nacional”.
El fiscal federal señala en su escrito que con esta conducta se estarían suprimiendo posibles antecedentes de personas que hayan padecido el virus COVID-19 o utilizado estas herramientas y aplicaciones para registrar turnos de vacunación y demás datos personales que den cuenta de las políticas empleadas por el gobierno nacional para el plan de vacunación de la población del país.
“No debe perderse de vista que aún se sigue convocando a la población a que continúe y/o complete el plan de vacunación contra el “Coronavirus”, lo cual demuestra la necesidad que estos datos continúen siendo resguardados”, destaca el fiscal Marijuán en su denuncia.
Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal hace notar que también las bases de datos cuya eliminación se ordena en la disposición de la Jefatura de Gabinete alcanza a certificados y permisos de circulación emitidos durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).
Los hechos descriptos en la denuncia —en principio— podrían constituir el delito tipificado en el artículo 248 del Código Penal. Esa norma reprime con una pena de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo al funcionario público que “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
El fiscal federal Guillermo Marijuán indica en su presentación que “se advierte la posible comisión del delito escogido a partir de la intervención de las distintas áreas de la Jefatura de Gabinete de Ministros que actuaron en el dictado de la Disposición N° 02/2023 y mediante la cual se ordena la eliminación de las bases de datos descriptas.”
Con la finalidad de acreditar los hechos denunciados, Marijuán sugirió como medidas de prueba que se incorporen a la causa los datos de los funcionarios públicos de la Jefatura de Gabinete que intervinieron en el dictado de la disposición a través de la cual se ordenó la eliminación de las bases de datos; que se agreguen las copias periodísticas que dan cuenta de los acontecimientos que se denuncian, la norma publicada en el Boletín Oficial y cualquier otra medida de prueba que el juez a cargo de la instrucción estime corresponder. Marijuán solicitó además que se dicte una medida cautelar con el objeto de que se prohíba la destrucción o eliminación de las bases de datos alcanzadas por la disposición número 2 de 2023 dictada por la Jefatura de Gabinete.
En los considerandos de la norma que se publicó en el Boletín Oficial el pasado 29 de marzo, el gobierno nacional aduce que “las razones que fundaron inicialmente la implementación inmediata de la aplicación Cuid.AR, indudablemente necesaria en el contexto de pandemia” ya no se aplican al contexto actual por lo que es “menester suprimir la aplicación de los sistemas, e iniciar los trámites pertinentes a fin de dar de baja las mentadas bases de datos involucradas en la aplicación y suprimir de manera definitiva e irreversible los datos allí contenidos”.
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