La investigación preliminar del fiscal expone como solicitantes a Santa María, Baradel, Furlán y la CGT, entre otros; también investigan al exjefe de Gabinete Agustín Rossi
El fiscal federal Carlos Stornelli denunció que al menos 13 predios del Ejército, del Ministerio de Defensa y de la secretaría antidrogas fueron entregados de manera “irregular” y gratuita por la Agencia Administración de Bienes del Estado (AABE) a gremios amigos que los solicitaron.
Las cesiones ocurrieron durante los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández y la denuncia, realizada tras una investigación preliminar, menciona que los investigados son el organismo de administración de Bienes del Estado y el jefe de Gabinete de ese momento, Agustín Rossi, de quien dependía. Asimismo alcanza a “otras áreas del Poder Ejecutivo, entre ellas el Ministerio de Defensa con el presunto fin de beneficiar indebidamente a distintas entidades gremiales mediante el otorgamiento de permisos precarios de uso gratuito de distintos terrenos e inmuebles propiedad del Estado Nacional y en detrimento de los intereses de este último”.
Allegados a Rossi dijeron a LA NACION que el AABE es un organismo descentralizado y que su titular es el que firma las resoluciones, independientemente de que esté en la estructura de la Jefatura de Gabinete. Mencionaron que Rossi llegó al cargo en febrero de 2023 y que estos trámites fueron iniciados con anterioridad, por la línea administrativa que lo precedió en ese lugar. Y finalmente aclararon que el propio Stornelli escribe en la denuncia que la imputación se realiza sobre el AABE “sin descartar la intervención formal o informal de otros funcionarios de la Jefatura de Gabinete” y sin señalar a Rossi de manera taxativa.
El sorteo del caso determinó que cayera en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti con la intervención de la fiscal Alejandra Mángano. La primera noticia sobre estas sesiones se conoció por una investigación del programa La Cornisa de Luis Majul por LN+. A partir de allí Stornelli inició una investigación preliminar.
De los documentos que recabó el fiscal se desprende que el 8 de septiembre se desafectó de la Fuerza Aérea Argentina un predio de 120.000 metros cuadrados en la autopista Ricchieri Km. 33.5 de Ezeiza para otorgarle un permiso de uso precario y al Sindicato Único De Trabajadores De Edificios De Renta y Horizontal, que lidera Víctor Santa María. El propio gremialista firmó el pedido para supuestamente realizar un complejo recreativo y deportivo del SUTERH, el gremio de los encargados de edificio.
El mismo día otro inmueble de la Fuerza Aérea de 160.000 metros cuadrados fue desafectado y se otorgó un permiso de uso precario y gratuito al Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires. El pedido lo firmó Roberto Baradel, secretario general del gremio de los docentes bonaerenses, para realizar un “Camping Recreo Ezeiza Suteba”.
El 27 de septiembre del año pasado, en otro expediente la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) entregó 1500 metros cuadrados en Humberto 1° nro. 550 de la ciudad de Buenos Aires, en tanto que el Instituto Nacional del Teatro cedió un predio de 1.120 metros cuadrados contiguos para que la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) disponga de su uso gratuito. La solicitud de la central obrera fue efectuada por Héctor Ricardo Daer, su secretario general, para realizar talleres, tareas de índole formativa, educativa, social y solidaria.
En otro expediente, firmado el 17 de noviembre de 2023, menos de un mes antes de dejar el Gobierno, el Ejército Argentino cedió en la Autopista Camino del Buen Ayre y General A. Soler, de Remedios de Escalda, Partido de Tres de Febrero 80.129 metros cuadrados que fueron entregados a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La solicitud de la UOM fue efectuada por Francisco Abel Furlán -secretario general-, y se fundó en la supuesta intención del sindicato de desarrollar un nuevo polo multifuncional, con un centro de convenciones, aulas de capacitación, talleres formativos y un centro deportivo.
El fiscal estableció que hay irregularidades en estos cuatro expedientes y que hay otros nueve que fueron tramitados de la misma manera y donde se produjeron otras cesiones de tierras millonarias. “Resulta cuanto menos incierto cómo es que estos sindicatos tomaron conocimiento de la existencia y del supuesto desuso y/o desocupación de estos bienes inmuebles”, dijo el fiscal, que sospecha de la AABE, que los favoreció.
Además dijo que “no hay evidencia de que se haya realizado, previo al otorgamiento de los permisos, algún tipo de convocatoria pública para que distintas entidades puedan presentarse y obtener el permiso de uso de estos inmuebles” y que en cambio todos los predios se efectuaron directamente al AABE. Tampoco se dispuso un plan para el uso de esos predios, como surge de la normativa de la AABE, “de modo tal que se desconoce hasta cuándo podrán los sindicatos beneficiados hacer uso de dichos bienes”.
Durante 2023 existieron un total de 13 resoluciones -incluyendo estas cuatro- vinculadas a la entrega de propiedades del Estado a entidades sindicales o de similar naturaleza y la mayoría fueron dictadas durante la segunda mitad del año, es decir antes de que finalizara la gestión del gobierno de Alberto Fernández el 10 de diciembre.
No se efectuaron controles serios, antes de la entrega, dijo el fiscal, al punto de que en los predios del Ejército cercanos a Campo de Mayo no se contempló que son un área de amortiguación entre la población civil y la zona de maniobras militares, demolición y tiro, ni se consideró que se trata de una zona inundable que forma parte de la cuenca original del río Reconquista. El fiscal entendió que se puede estar frente a delitos de fraude al Estado por las “cesiones irregulares” y mencionó que se desconoce si se iniciaron las obras prometidas por los sindicatos.
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