La destituida dirigente gremial reasumió en su puesto en la sede de Orán. Insiste en que una resolución de Trabajo de la Nación la autoriza a volver a su lugar. La comisión directiva del gremio la acusa de sobornar a funcionarios.
Mientras en Salta capital la sede de la Asociación Docente Provincial (ADP) seguía cercada y cerrada, la disputa por el gremio se trasladó ayer a la tarde al norte de la provincia. La destituida secretaria general de la institución, Patricia Argañaraz, realizó una ceremonia para «reasumir» en la sede de Orán. La comisión directiva le había impedido entrar en las oficinas de Salta Capital la semana pasada y ahora la denunció por «usurpación» del cargo, según informó El Tribuno.
Argañaraz se presentó en Orán con el asesor gremial, Lucio Romero. La dirigente, acusada de desmanejos y separada de su puesto desde abril, se aferra a una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación que declaró inválida la asamblea en la que los afiliados votaron por destituirla. Insiste en que este documento la habilita para volver a desempeñarse como titular de la institución.
Pasadas las 20, desde la comisión directiva, la abogada del gremio Liliana Hermosilla anunció que Patricia Argañaraz fue denunciada por usurpación de cargo y la acusó de pagar sobornos. «El instrumento legal por el que reclama asumir nuevamente en la dirección de la ADP está cargado de vicios y además es evidente que Argañaraz sobornó a algunos funcionarios nacionales para que firmen esto, por eso también los denunciamos», expresó la letrada.
Hermosilla destacó que si Argañaraz tuviera realmente un instrumento legal válido, ya podría haber utilizado la fuerza pública para ingresar a la sede del gremio en Salta capital. «No lo hizo porque no puede», señaló.
En cuanto a la decisión del Ministerio de Trabajo de la Nación de declarar inválida la asamblea realizada el 27 de abril en el complejo Nicolás Vitale, donde se resolvió la destitución de Argañaraz, la abogada del gremio consideró que ese instrumento legal tiene datos falaces. Agregó que no es posible declarar nula una asamblea que tuvo asistencia masiva.
La letrada destacó que Argañaraz no puede usar la resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación y que lo ocurrido en la sede de la Orán es una muestra de que la gremialista «ya no quiere entrar por la ventana sino por la puerta de atrás».
Con respecto a los supuestos vicios en el documento que declara nula la asamblea de destitución, Hermosilla confirmó que ya se hicieron denuncias penales. «Acá, según el estatuto, los que mandan son los dueños de casa y son ellos los que dijeron que no quieren que esta mujer siga siendo su secretaria general. No lo quiere entender, está presionando a los empleados, que se ven obligados a cerrar las delegaciones, les impide trabajar y eso es parte de otra denuncia por práctica desleal», indicó la abogada de la ADP.
Hermosilla acusó a Argañaraz de ser «una intrusa, que quiere arrimarse al cargo y generar una doble conducción en la gente».
«Ella sabe que debe asumir en un acto como corresponde, no se puede asumir en un baño», expresó la abogada.
Consultada sobre el tiempo que demandará resolver la crisis institucional de la ADP, Hermosilla respondió que la «Justicia es lerda». Aseguró que la comisión fue elegida hasta 2021 y que el gremio seguirá funcionando «lo más normal» que se pueda».
Bloqueos de fondos y retiros
Durante el encuentro que Argañaraz tuvo con la prensa en Orán, destacó que pidió la inhibición de la firma de Viviana Figueroa, que está a cargo de la institución desde su destitución, en los bancos que manejan los fondos de la ADP. «Soy la única que puede manejar los recursos», expresó Argañaraz en Orán. Desde Salta, Hermosilla sostuvo que de ninguna manera se pueden bloquear los fondos.
Sobre la posibilidad de que los docentes anulen su afiliación al gremio y dejen de aportar la cuota sindical, la letrada opinó que no hay motivos. Igualmente se expresó sobre la posibilidad de que los educadores convoquen a una asamblea extraordinaria para exigir que se vaya toda la comisión actual.
«Los afiliados no pueden convocar a un asamblea extraordinaria porque esa modalidad está bajo el control de la Secretaría de Justicia y Empleo, además deben contar con la asistencia del 15 por ciento del total de los afiliados. Acá la solución es denunciar a Argañaraz por usurpación y desalojarla», finalizó.
“Doble conducción”
Consultado el secretario de Trabajo de la Provincia, Alfredo Batule, sobre una posible intervención en la ADP tras el nuevo escándalo gremial, afirmó que su área no tiene la competencia para intervenir, debido a que todos los planteos se realizaron en la órbita del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, que es el que puede disponer de una intervención, “desenlace que se tiene que dar en algún momento”, admitió.
Añadió que “es tristísimo que se haya llegado a esta situación entre miembros que hasta hace seis meses atrás trabajaban juntos”.
Técnicamente, de acuerdo a la resolución nacional, consideró que Patricia Argañaraz continuaría siendo la secretaria general, pero dijo que en la ADP “habría una doble conducción, que no corresponde”, por estatuto. “No podría haber paralelamente dos conducciones, tiene que haber una única cabeza y una sola comisión”, señaló Batule, instando a las partes velar por el normal funcionamiento del sindicato con más docentes de Salta.
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