El Título 9 del mega decreto estableció la entrega del paquete accionario de la línea aérea estatal mediante el mecanismo de Programa de Propiedad Participada que se había constituido en los años ’90. Y elimina las barreras de origen (no así las exigencias técnicas y financieras) a las líneas aéreas extranjeras para operar en vuelos domésticos.
El mega decreto del Gobierno habilita la privatización de Aerolíneas Argentinas mediante la entrega del paquete accionario a sus propios empleados. También estableció una política de «cielos abiertos», que permite a empresas aéreas de todo origen (mientras demuestren su solvencia técnica y financiera) hacer tanto vuelos de cabotaje dentro del país como realizar vuelos internacionales hacia y desde la Argentina sin necesidad de tratados bilaterales de reciprocidad.
Todo el «Título 9» está dedicado al sector «Aerocomercial» y ocupa 13 de las 83 páginas del mega decreto. Sin embargo, la parte más fuerte, que es la privatización de Aerolíneas, ocupa menos de una página.
Con el título «Rescate de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas», el decreto modifica los artículos 4º y 9º de la Ley 26.412 mediante la cual el Congreso votó en 2008 precisamente el «rescate» de Aerolíneas y Austral, cuya propiedad en aquel momento era del español Grupo Marsans. La sanción de esos artículos estaba referida, precisamente, a que la empresa no pudiera ser nuevamente privatizada.
Las acciones de Austral fueron absorbidas por Aerolíneas Argentinas, un proceso que se concretó durante por el gobierno anterior y que fue encabezado por quien hasta hoy sigue siendo el presidente de Aerolíneas, Pablo Ceriani.
Tras modificar los artículos que trababan la privatización, el decreto avanzó sobre el artículo 5º de la Ley 26.466 del Congreso, de diciembre de 2008, que fue la norma que declaró «de utilidad pública y sujetas a expropiación» las acciones de Aerolíneas y Austral.
Con la nueva modificación, el artículo 5º de esa norma ahora dice: «Autorizase la cesión total o parcial de las acciones representativas del capital social a los trabajadores de las empresas Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur Sociedad Anónima (…) de conformidad con el Programa de Propiedad Participada (…)».
Se trata de un mecanismo creado durante el gobierno de Carlos Menem que otorgaba una minoría accionaria de alrededor de 10% a todas las empresas privatizadas. En el caso de Aerolíneas, la PPP quedó neutralizada tras la reestatización de 2008.
El decreto nada dice sobre cómo financiarán los empleados de Aerolíneas Argentinas, en caso de que aceptaran ser los dueños de la línea aérea, sus crónicos déficit, que fue acumulando año tras año desde su estatización.
Desde 2008, el Tesoro viene transfiriendo a Aerolíneas fondos que a lo largo de 15 años acumularon el equivalente a 8.000 millones de dólares, sólo para cubrir sus pérdidas.
Javier Milei ya había anunciado su intención de traspasar Aerolíneas a sus empleados, tanto durante la campaña electoral como el día posterior a su elección como presidente.
Según su actual presidente Ceriani, quien políticamente responde a la agrupación La Cámpora, Aerolíneas este año ganará dinero por primera vez en 15 años. Se trata de un anuncio formulado poco después del triunfo de Milei y de que éste confirmara que quería entregar la línea aérea a sus empleados. Ceriani dijo que la facturación de Aerolíneas alcanzó los 2.400 millones de dólares y que los resultados operativos, antes de impuestos, arrojaron un superávit de US$ 30 millones.
Lo cierto es que esos resultados financieros de 2023 anunciados por Ceriani todavía no forman parte del balance formal de Aerolíneas, el cual recién se hace en los primeros meses del año siguiente. Pero aun si tras las auditorías de rigor los anuncios de Ceriani fueran confirmados, desde el arco gremial ya anticiparon que no quieren saber nada con que el Estado deje de ser dueño (y financista) de la línea aérea.
La respuesta de los gremios aeronáuticos (nada menos que seis), fue un rechazo rotundo, desde expresiones desaforadas del titular de los pilotos, Pablo Biró («nos van a tener que matar») hasta más moderadas del aeronavegante Juan Pablo Brey, quien defendió los subsidios porque, dijo, «Aerolíneas es una compañía que está saliendo adelante y saneando sus finanzas, aunque aún recibe un subsidio del Estado porque cumple una función social».
Asimismo, el decreto derogó y modificó dos leyes que rigen la aviación comercial de la Argentina (en este caso, dictadas por gobiernos de facto), con lo cual abrió la posiblidad de iniciar una política de «cielos abiertos», que consiste habilitar a cualquier aerolínea que demuestre solvencia técnica y financiera a explotar rutas domésticas, así como para volar hacia y desde Argentina rutas internacionales sin necesidad de tratados bilaterales con otros países.
Todo el «Título 9» está dedicado al sector «Aerocomercial» y la mayor parte de esas páginas sustituyen más de un centenar de la extensa Ley 17.285 o Código Aeronáutico, dictada por el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía en 1967.
Pero el texto dedicado a desregular por completo al mercado también ocupa poco espacio dentro del mega decreto. Es un artículo de una sola línea, el 179, que dice «Derógase la Ley 19.030». Ésta es una norma también sancionada durante un gobierno de facto (de Alejandro Lanusse), que rige todo el transporte aerocomercial y que no perdió vigencia ni siquiera cuando el menemismo privatizó Aerolíneas a fines de 1990. Ahora Milei la borró de un plumazo.
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