Es una de las fincas de miles de hectáreas por donde pasaban la droga.
El Tribunal Oral Federal 1, presidido por Federico Santiago Díaz e integrado por Marta Liliana Snopek y Mario Juárez Almaraz, resolvió el lunes 27 de noviembre el decomiso a favor del Estado nacional del 95 por ciento de la finca El Pajeal, ubicada en Salvador Mazza, en la frontera norte con Bolivia. Lo que ocurra con el porcentaje restante, en tanto, quedó a la espera de lo que se resuelva en un litigio iniciado por un puestero.
A través de un extenso fallo, los jueces hicieron lugar a un pedido formalizado la Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA, representada por el fiscal general Carlos Martín Amad y el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de la Procuración General de la Nación, a cargo de María del Carmen Chena.
El requerimiento se hizo en el juicio seguido a Delfín Castedo, quien fue condenado el 7 de diciembre de 2022 a 16 años de prisión por ser considerarlo jefe de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos provenientes de aquella actividad.
También fueron condenados el hermano de líder de la organización, Raúl, y el martillero público Eduardo Torino, a nueve años de prisión como miembros de una asociación ilícita. Por el mismo delito, recibieron 7 años de prisión los comerciantes Alberto y Luis Yudi, mientras que la expareja del líder, Melba del Carmen Araujo, recibió 5 años de prisión. En tanto, Mario Alberto Yudi -hijo de Alberto- recibió tres años de prisión por lavado de activos.
Al dictar la sentencia, el tribunal decidió diferir el pedido de decomiso realizado por la fiscalía respecto a la finca El Pajeal, aunque sí hizo lugar al decomiso -a favor del Estado nacional- de la finca El Aybal, de 19.954 hectáreas, que limita con la frontera del Estado Plurinacional de Bolivia.
La espera, según los fundamentos de la sentencia, tuvo como motivo el análisis y resolución de una serie de planteos realizados respecto a la titularidad de la finca El Pajeal, principalmente de hijos del exdiputado provincial Ernesto Aparicio, quien había heredado la propiedad de sus padres Tobías Aparicio y Teresa Sarmiento junto a otros tres hermanos, a quienes luego les compró su parte de la propiedad.
El exlegislador fue el socio principal de Delfín Castedo en varias actividades del narcotráfico, relación que duró hasta el 10 de noviembre de 2013, cuando murió Aparicio y el jefe de la organización tomó el dominio de la finca, cuya ubicación es estratégica para la provisión de cocaína, pues la parte posterior de la propiedad, con una extensión de 7 kilómetros, colinda con Bolivia.
En su plan estratégico, el clan Castedo (como lo mencionan los jueces en su fallo) adquirió luego la finca vecina El Aybal, con una extensión de más de 19 mil hectáreas. Ambas propiedades -como dato comparativo- suman una superficie de más de 236 kilómetros cuadrados, mientras que -por ejemplo- la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 203.
La investigación que permitió desarticular el manejo monopólico del narcotráfico por parte de los Castedo fue iniciada tras la captura de Delfín, el 22 de julio de 2016, tras más de una década prófugo.
Desde el penal, Castedo continuó dando órdenes
Sobre el pedido de la fiscalía respecto a la finca El Pajeal, el tribunal marcó que el requerimiento se hizo «en los términos del artículo 23 del Código Penal», ya que el inmueble «fue utilizado como instrumento para cometer los delitos por los cuales fueron condenados los hermanos Castedo y otros integrantes de ese clan.
Asimismo, destacaron las incontables ganancias del narcotráfico y el lavado de activos, entre otros delitos, lo que «demandó de los gobiernos nacionales aunar esfuerzos para lograr una efectiva persecución judicial; como así también, para conseguir neutralizar los efectos nocivos del accionar criminal».
Para los jueces, «el clan Castedo, pese a la detención de su líder (en julio de 2016), siguió operando bajo las estrictas instrucciones de Delfín Castedo», lo que surge de las evidencias presentadas por la fiscalía en el juicio, entre ellas, conversaciones telefónicas captadas en el marco de la investigación.
«Castedo pudo seguir operando desde la cárcel merced a su propio financiamiento económico, pero sobre todo gracias a su posición en El Pajeal, que nunca abandonó. Es decir, quedó puesto en evidencia en forma contundente que Delfín Castedo continuó ejerciendo su absoluto señorío sobre esas tierras pese a los pedidos de captura en su contra desde fines del año 2006 -tras el homicidio de Liliana Ledesma en septiembre de 2006- y durante su detención», sostuvieron.
Los hermanos Delfín y Raúl Castedo fueron condenados el 3 de noviembre pasado a prisión perpetua por homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Ledesma, hecho que también fue ampliamente expuesto con fuertes pruebas por los fiscales Amad y Viltes Monier durante el juicio por asociación ilícita.
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