Por Joaquín Morales Solá
El grosero uso político del ataque contra la vicepresidenta está ocultando, quizás, problemas más profundos de un país fracturado, desengañado y harto
Ni el Gobierno ni la Justicia ni la policía. Nada es creíble para una importante mayoría social, que sigue convencida de que el intento de atentado a Cristina Kirchner fue, en realidad, un autoatentado para sacar provecho político después de las gravísimas acusaciones que le hizo la Justicia.
Según varias encuestas, entre el 50 y el 55 por ciento de la sociedad no cree que haya habido un verdadero afán de matar a la vicepresidenta. Aún cuando se vio en fotos y en televisión un revolver apuntando a la cabeza de Cristina Kirchner, y a pocos centímetros de ella, el acto es, para esa mayoría social, un simple montaje. El propio oficialismo hizo mucho para cultivar esa desconfianza porque usó políticamente el hecho desde el mismo instante en que sucedió. Feriado, manifestaciones, sesiones especiales en el Congreso y hasta una misa en el más importante santuario nacional por un magnicidio que nunca ocurrió.
Demasiado para una sociedad en la que, salvo para el fanatismo kirchneristas, prima el hartazgo ante tanta inestabilidad en la vida cotidiana, ante la inoperancia de una dirigencia que no cumplió con ninguna de sus expectativas. Para peor, las encuestas no sumaron un solo punto más de adhesión a la vicepresidenta, que ya venía con las peores mediciones que haya tenido hasta ahora un líder peronista.
La desconfianza sobre lo que ocurrió en la noche del jueves 1º de septiembre no se instaló solo en la gente común. Hay importantes políticos y hasta funcionarios judiciales que no creen que se haya tratado de un hecho aislado, perpetrado por lúmpenes resentidos con el sistema político y económico. Si se les da a elegir, prefieren quedarse con la hipótesis de un autoatentado, supuestamente organizado para levantar la tambaleante figura política de la expresidenta.
Las preguntas que se hacen no son absurdas. Tienen su lógica. Por ejemplo: ¿por qué justo ese día, un jueves, no un día feriado, estuvo ausente el jefe de la custodia vicepresidencial, un hombre de la máxima confianza de Cristina Kirchner y quien está a cargo de su seguridad desde hace muchísimos años? ¿Por qué la Policía Federal envió al juzgado a un experto en delitos cibernéticos en lugar de un especialista en teléfonos, que fue quien manipuló de tal manera el celular del autor del intento que borró gran parte de su memoria? ¿Por qué, si lo que estaban investigando era nada menos que un intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación? ¿Por qué la numerosa custodia de la vicepresidenta miraba solo hacia ella en los momentos previos al ataque en lugar de mirar el caótico contexto que rodeaba a Cristina Kirchner? ¿Por qué, si mirar el contexto es lo que hacen las custodias en serio? ¿Por qué los llamados “copitos” estuvieron en un canal de televisión, con simpatías hacia el oficialismo, durante los días previos al intento de atentado, vociferando contra Cristina Kirchner y el Gobierno? ¿Quién invitó al estudio de televisión de ese canal a Brenda Uliarte, la novia de Fernando Sabag Montiel, que fue quien gatilló sin suerte la pistola? ¿Quién, si la Justicia estableció que es ella la autora intelectual del intento de magnicidio, aunque su novio haya sido el autor fáctico? ¿Por qué merodean por la causa abogados que estuvieron relacionados con la “operación Puf”, montada para destruir al fiscal Carlos Stornelli, que investigó la causa de los cuadernos, y con otra operación, que se articuló en su momento para recusar al juez Sebastián Casanello en la causa del dinero K?
Debe recordarse que dos supuestos testigos aseguraron que el juez Casanello se había reunido con Cristina Kirchner en la residencia de Olivos cuando ella era presidenta. Suficiente para ser recusado. Pero hubo un problema: no era cierto. Fueron falsos testimonios. Los supuestos testigos terminaron presos.
Más allá o más acá de tales preguntas, fuentes judiciales repitieron lo que siempre señalan jueces, fiscales y abogados: lo que no está en el expediente no existe. Los funcionarios judiciales que desconfían aclaran que sus dudas se basan en conjeturas y que ellos no tienen acceso al expediente. En rigor, los únicos que tienen acceso al expediente son la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, porque la causa está todavía encerrada en el secreto del sumario que estableció la magistrada.
Sucede, al mismo tiempo, que el propio kirchnerismo se encargó de enviar mensajes confusos sobre la autoría del intento de atentado. El abogado Gregorio Dalbón, que es abogado de Cristina Kirchner en varias causas, escribió en un tuit que los autores podrían ser “tropa propia”, aunque luego borró ese mensaje en las redes sociales. ¿Quiénes son la “propia tropa”? ¿Acaso se refería a agentes de los servicios de inteligencia? No hay respuestas, por ahora.
Ayer mismo, el diputado hipercristinista Rodolfo Tailhade señaló en otro tuit que “la trama detrás del intento de asesinato de Cristina se está llenando de agentes de la AFI macrista”. Este viejo funcionario de los servicios de inteligencia no dio ninguna precisión sobre semejante imputación. No es raro en el cristinismo: suele acusar y difamar sin explicar nada. La descalificación del enemigo es suficiente.
¿Dónde quedaron los tardíos gestos de diálogo con los opositores del ministro del Interior, Eduardo de Pedro, si desde su propia facción política se acusa de ese modo a la oposición? Tailhade dijo algo más: “Ahora aparecieron los hijos de Stornelli”. Resulta que el diario Página 12 había revelado que los hijos de Stornelli son amigos de los hijos de la famosa vecina anti K de Cristina, Ximena Tezanos Pinto. La información es cierta, pero ¿qué relación tiene ese hecho con la investigación del delito que cometieron Uliarte y Sabag Montiel? Ninguna.
¿Tiene Tezanos Pinto alguna vinculación con la causa por el intento de atentado?, se le preguntó a un funcionario judicial. “Cero. Ninguna”, respondió. Entonces, ¿cuál es el pecado (ya que no hay delito posible) de Stornelli en este caso? Ninguno. Nada, nunca, nadie (Juan José Saer dixit).
Inclusive, fuentes cristinistas señalaron que Tezanos Pinto había acogido en su casa, pocos días antes del intento de atentado, a los autores del eventual magnicidio. No es cierto. Tezanos Pinto albergó en su casa a una mujer embarazada, militante cristinista, cuando vio que esta estaba descompuesta por los gases lacrimógenos de la policía porteña. Luego, subieron a su departamento otros militantes para acompañar a la embarazada. Se sacaron fotos dentro del departamento de Tezanos Pinto y en el balcón de ella. En ninguna de las fotos que se difundieron se reconoció la cara de Sabag Montiel ni de Uliarte. No hay, hasta donde llega la mirada, ni “tropa propia” ni “agentes macristas” ni Tezanos Pinto está siendo investigada en la causa. Otra vez: nada. Es el propio cristinismo el que aviva la fogata de la sospecha sin aportar ninguna prueba.
Funcionarios judiciales se sorprendieron, sí, cuando establecieron que fue Brenda Uliarte la autora intelectual del hecho. Es una mujer de 23 años, que fue violada y a quien se le murieron un hijo y su madre. Vive de vender pornografía. Su novio, Sabag Montiel, es otro joven que vive en los márgenes del sistema político, económico y social. La Justicia estableció también que el arma que se secuestró fue la misma arma que se usó para el intento de atentado. Están las pruebas de ADN que coinciden con las de Sabag Montiel.
A este lo detuvo la Policía Federal, antes de que los militantes cristinistas lo lincharan, y no la policía porteña, como se dijo en algunos medios. Esos funcionarios aseguran que, por ahora al menos, no hay pruebas de una conspiración en el expediente. ¿Por qué fue al juzgado un informático que borró gran parte de la memoria del celular?, se les preguntó. Respondieron con otra pregunta: “¿Y por qué, si lo hizo a propósito como deducen algunos, no destruyó todo el celular, incluida la tarjeta SIM, que proveyó bastante información a la investigación?”. Ninguna hipótesis está cerrada, pero las pruebas son las pruebas que están en el expediente. Todo lo demás son conjeturas, bastante lógicas por cierto, pero sin pruebas en el expediente. Regresemos al axioma de la Justicia: solo vale lo que está en el expediente, que es lo que está probado.
Si fuera, como sospecha hasta ahora la Justicia, un acto de resentidos sociales, toda la dirigencia política debería preocuparse. Podríamos estar solo ante un síntoma de jóvenes marginados del sistema y que, por lo tanto, se abrazan a principios antisistema. Tanto Sabag Montial como Brenda Uliarte hasta se manifestaron decepcionados de Javier Milei, la mayor expresión de un liderazgo que refuta al sistema.
Fuera del sistema político, económico y social, marginados de cualquier vida legal y carenciados de esperanzas en el ascenso social, son capaces de recurrir a la violencia sin medida ni límites. Lo dijo la propia Uliarte en uno de sus mensajes previos al intento de atentado: es hora de dejar la protesta y de pasar a la acción, que es, desde ya, la acción violenta. Era, más o menos, lo que decían los insurgentes de la década del 70.
La política debería hurgar hasta establecer cuántos jóvenes hay en el país en esa situación, cansados ya hasta de la protesta. Tal advertencia no es una justificación: un delito es un delito y debe ser condenado con la severidad de la ley, haya sido obra del desvarío de marginales o de una monumental conspiración no probada hasta ahora. El grosero uso político del hecho está ocultando, quizás, problemas más profundos de un país fracturado, desengañado y harto.
Por Joaquín Morales Solá para La Nación
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