Considerado el caso de corrupción de más grande de la historia argentina, la falta de personal y recursos, los pedidos de los imputados y los ataques K a uno de los jueces congelaron la causa.
Para la justicia federal, según confirmaron los jueces de tres instancias, durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner existió una estructura de corrupción que funcionó desde el Ministerio de Planificación Federal para recaudar fondos ilegales, los mismos eran pagados por empresarios contratistas del Estado vinculados a diversos rubros. Esa acusación fue confirmada por la Cámara de Casación este miércoles. La causa se elevó a juicio oral hace más de dos años, pero nada indica que el mismo iniciará en el corto ni mediano plazo.
Los cuadernos de las coimas fue calificada por los investigadores como el caso de mayor envergadura en materia de corrupción en la historia de la justicia argentina.
El puntapié inicial fue Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta -mano derecha del ex ministro Julio De Vido- quien llevó durante años un detallado registro del recorrido de los bolsos con dinero, presuntamente proveniente de coimas millonarias que empresas de la construcción, entre otras, pagaban a los gobiernos kirchneristas desde 2003 y hasta 2015.
El sistema funcionó con la «participación indispensable» de los empresarios, todos sobreseídos por el delito de asociación ilícita y quienes sólo responderán en el juicio oral por la acusación de cohecho. «El sistema estribaba básicamente en una serie de ‘puntos fijos de recaudación’, en los cuales se reunían los funcionarios identificados con los empresarios, de los cuales recibían dinero en efectivo, principalmente en moneda estadounidense», detalla la acusación final que deberán afrontar los imputados.
Desde que inició la investigación el expediente completó 220 cuerpos, que guardan las 231 medidas realizadas durante la instrucción: testimonios y confesiones de políticos, allegados y los más importantes empresarios del país; informes de la AFIP, la ANAC, el RENAR y de otros organismos del Estado, registros de cámaras de seguridad, extractos bancarios y todo tipo de papeles.
Toda está en cajas acomodadas en contenedores ubicados en el estacionamiento de Comodoro Py. Gran parte del año pasado, según fuentes judiciales, el trabajo principal fue digitalizar toda la documentación que incluye los aportes de los 31 imputados colaboradores con los que cuenta el caso.
A ese escenario se suma un reclamo a la Corte Suprema de Justicia por parte del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), para poder contratar más personal e imprimir mayor celeridad al trabajo vinculado a la causa principal. Ese pedido no fue respondido aún pese a que se reiteró en cinco ocasiones durante los últimos dos años.
¿Por qué cuesta avanzar en el expediente? Según fuentes judiciales, por el volumen de la causa y la falta de recursos, a lo que se suma la falta de espacio físico para conservar la documentación y las pruebas recabadas durante la instrucción.
Ante la consulta de Clarín, desde la fiscalía ante el TOF 7 a cargo de Fabiana León señalaron sin embargo que «no existen escollos para avanzar con el trámite de la causa. Además, la continuidad hace a la preservación de los derechos de los imputados como a los intereses generales de la sociedad que este ministerio público representa».
Aunque el único preso en el caso a la fecha es el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, que acumula condenas y otros expedientes por corrupción, la causa principal no logra avanzar en ninguna de las instancias previas a dar inicio al juicio oral. Sólo se le dio trámite a dos investigaciones conexas, la correspondiente al Gas Licuado y la que involucra a los ex secretarios de Transporte por las presuntas coimas en los subsidios a los trenes.
Nadie arriesga una fecha, siquiera en el mediano plazo, de cuando podría iniciar el juicio del caso central pese a la confirmación de la Cámara de Casación sobre su principal acusada: Cristina Kirchner.
Este miércoles, la Sala I del máximo tribunal penal, rechazó un recurso con el que Cristina rechazaba la acusación con la que fue elevada a juicio oral. Con la decisión de los jueces Daniel Petrone y Diego Barrotaveña, quedó firme el procesamiento que la señala como jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación “de fondos ilegales” -es decir sobornos- y se le atribuyeron 27 hechos de cohecho pasivo.
Junto a la vicepresidenta, fueron enviados a juicio en calidad de organizadores Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, y como miembro de la asociación el ex chofer Oscar Centeno y un extenso listado de empresarios. Entre los empresarios se encuentra Ángelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri), Carlos Wagner, Néstor Otero, Benjamín Romero y Enrique Pescarmona, entre otros, todos acusados sólo de pagar coimas.
El caso cuenta con más de 170 imputados, que aguardan el debate oral para dar por concluido el proceso judicial. Muchos de los empresarios y ex funcionarios aún continúan inhibidos, con restricciones de salida del país y con dificultades operativas sobre la administración de sus bienes y compañías.
Hace cuatros años comenzó la investigación en instrucción, y más de dos años y medio atrás fue elevada a juicio.
«En los últimos años, gran parte del trabajo fue responder a cientos de incidentes vinculados a cuestiones patrimoniales y medidas cautelares que aún rigen», explicaron fuentes judiciales a Clarín. En lo que muchos coinciden en Comodoro Py, es que a nadie le sirve un proceso judicial inconcluso, tal como resaltó la fiscalía.
El TOF 7 tiene dos particularidades: es el único que no se encuentra físicamente en Comodoro Py, mientras que la fiscalía que interviene sí, y uno de sus integrantes, el juez Germán Castelli, integra el listado de magistrados cuestionados por el kirchnerismo por el sistema de traslado de jueces con el que ocuparon los cargos vacantes durante el gobierno de Mauricio Macri.
El Congreso presidido por Cristina Kirchner, sin el acompañamiento de la oposición, destituyó al juez Castelli de su cargo. Así, el Tribunal que debía juzgar a la vicepresidenta en el caso cuadernos, quedaba con un magistrado menos. Pero la Corte Suprema quien lo restituyó temporalmente en el cargo, hasta tanto se realice el concurso para designar al titular de plaza en el TOF 7.
Así, los enfrentamientos políticos también rodean al caso descalificado en reiteradas ocasiones por el kirchnerismo, poniendo en duda su veracidad, pese a que más de cinco jueces validaron las actuaciones del caso, y el Ministerio Público fiscal también a través de diversas instancias.
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