El fiscal ante la Cámara Federal respaldó la apelación que hicieron Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, en el marco de la causa que comenzó con las anotaciones del chofer Oscar Centeno.
El fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes sostuvo la apelación que hicieron los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo del procesamiento que dictó el juez Claudio Bonadio en la investigación de corrupción iniciada a partir de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.
El 17 de septiembre pasado Bonadio había procesado a unas 40 personas entre ex funcionarios y empresarios. En la causa se reveló el pago de coimas que empresarios de la obra pública -y de otras áreas- les hacían a funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner para quedarse con negocios.
El juez había dictado los procesamientos por los delitos de asociación ilícita, dádivas y cohecho en base a las anotaciones que hizo Centeno -chofer de Roberto Baratta, número dos de Julio De Vido en el ministerio de Planificación del kirchnerismo- más las declaraciones de 20 arrepentidos.
Bonadio consideró jefa de la asociación ilícita a Cristina Kirchner y la procesó con prisión preventiva a resultas de la apelación que deberá resolver la Cámara Federal para que, de confirmar el procesamiento, el Senado de la Nación le quite sus fueros para proceder a detenerla. En este contexto, Moldes solicitó que una vez confirmada la resolución por la Cámara, se le quiten los fueros a la ex mandataria y sea detenida de manera «inmediata».
El fiscal inició su memorial presentado ante los jueces de la Sala I de la Cámara Federal señalando que no hay demasiadas diferencias entre los fiscales y la decisión de Bonadio: «De la lectura de los agravios de los recurrentes se advierte que el disenso entre la posición del Juez y la del Ministerio Público es mínimo. Básicamente se limita a la calificación legal asignada a una parte de los hechos, los tipos penales aplicables y el rol desempeñado por algunos de los integrantes de la asociación delictiva», dijo Moldes.
El fiscal respaldó todo lo solicitado por los fiscales, quienes pidieron que los imputados sean acusados del delito de cohecho (coimas) y no por el de dádivas. «A la luz de los hechos expuestos en las presentes actuaciones -señaló- parece absurdo suponer que los empresarios que acordaron con los más altos funcionarios del gobierno entre los años 2003 y 2015 y que se beneficiaron con ello –cartelización de la obra pública– simplemente hayan obsequiado dinero a los funcionarios en el sentido definido por la norma legal cuestionada».
Y agregó que la confesión como arrepentido del ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, así lo muestra: «Tal declaración resulta determinante para entender que los pagos, efectuados por los empresarios y que eran receptados por los funcionarios corruptos, exceden el mero intento de congraciar al receptor. Por el contrario, se conformó una cadena de engranajes para que unos cedan el acto funcional de otorgar o concesionar, y los dadores se beneficiaran con los contratos de obra pública obtenidos de manera espuria, y en desmedro de las reglas de la competencia».
El fiscal, en su presentación a la que accedió Infobae, citó las declaraciones de varios imputados para mostrar que «…los pagos efectuados no tenían, por cierto, el carácter de una mera dación, o como homenaje al funcionario y sin esperar contraprestación o acto por parte del agente que recibe; sino que demuestran la clara existencia de un acuerdo venal y corrupto entre empresarios y funcionarios públicos, a fin de obtener de ambos lados un lucro indebido; el funcionario provecho patrimonial en función del cual liberaba un pago; adjudicaba una obra, extendía una concesión o la obtención de subsidios». Para Moldes se pagaron coimas y no dádivas.
Moldes coincidió también con Stornelli y Rívolo en cuanto a que Wagner, el financista Ernesto Clarens, el ex secretario de Obras Públicas José López y el empresario Gerardo Ferreyra, fueron organizadores de la asociación ilícita bajo investigación y no tan solo miembros como determinó Bonadio.
El fiscal explicó el funcionamiento de una asociación ilícita: «Veamos, es jefe de una asociación ilícita quien detenta un dominio mayor del quehacer delictivo por ser el único con capacidad funcional para conducir, actuar o desactivar el accionar de la banda, de manera tal que los otros deben rendirle cuentas constantemente, pues es el jefe quien tiene la última decisión. Esos jefes, a su vez, pueden ser también organizadores o delegar en otros esa función, pero siempre, imparten directivas y ordena jerárquicamente la asociación –En el presente caso hablamos de Cristina Elisabet Fernández, viuda de Kirchner-«.
Y continuó: «El organizador, necesariamente debe intervenir en su establecimiento, sea al fundarla o una vez constituida. En el primer caso serían aquellos que deciden conformar una ‘sociedad’ tendiente a cometer delitos, diagramando el esquema diario para cumplir con los propósitos delimitados por el acuerdo previo; son los que toman a su cargo la tarea de esquematizar la asociación, al menos en el rubro que les compete, de manera que suelen tener más conocimiento acerca de las actividades propias que desarrollan; son los que han actuado en su establecimiento, ordenamiento o constitución».
«Por ello quien organiza debe tener un reproche mayor al de los integrantes y menor que el del jefe. Mientras que un mero integrante puede agruparse luego de que la organización ya esté conformada por al menos tres personas, del organizador depende, que se den los recaudos necesarios para que efectivamente se constituya la asociación. Comprende a aquél que establece las bases constitutivas de la sociedad o a quien es el encargado de la programación de los planes delictivos que la banda tiene como finalidad cometer», añadió.
Por eso Moldes señaló que Clarens «integró la sociedad desde casi sus comienzos, por tanto tuvo una participación primordial tanto en su desarrollo constitutivo como hasta en los últimos hechos investigados y formó parte de la agrupación bajo el mando tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Elisabet Fernández, viuda de Kirchner».
«Él era quien recibía los pagos provenientes del sector de la construcción vial, siendo el único encargado, desde un comienzo, de cambiar las divisas y de realizar las tratativas necesarias para girarlos a sus destinatarios finales, por él se canalizaban los pagos ilícitos. Su rol de organizador se percibe claro cuando vemos que de las declaraciones surge que el sistema de pagos no había sido entendido hasta que él diagramara el camino que debía cumplirse, Wagner, por ejemplo, señaló que el esquema era confuso y que fue a partir de su incorporación, por decisión de los funcionarios, que se hizo estable y ordenado», planteó el fiscal en el escrito.
Sobre el ex secretario de Obras Públicas, arrepentido y procesado, Moldes dijo que «López, según las declaraciones incorporadas al legajo, habría tenido un trato personal y constante con quienes fueron sus jefes, y más aún con quien había liderado la segunda etapa de la organización, Cristina Elisabet Fernández viuda de Kirchner».
«El propio imputado, en su acuerdo de colaboración reconoció que junto al fallecido, Daniel Muñoz, coordinaba para que fuera él quien recibiera lo aportado por las empresas que Wagner había nominado. En definitiva, de acuerdo al rol que desempeñaba tanto en el Estado Nacional como en la organización de la asociación ilícita investigada, López tenía clara intervención en el sistema diseñado, la selección de las empresas que resultarían adjudicatarias, los presuntos porcentajes de sobrevaloración, los dividendos, lugares donde recibir los pagos y transportarlos, y la documentación utilizada para asentar los acuerdos espurios que se desarrollaban. Tanto Clarens como López dividieron sus quehaceres delictivos, en función del plan orquestado», amplió.
Sobre Wagner, detalló dijo que le corresponde ser procesado como organizador de la asociación ilícita porque el empresario «había tenido conocimiento cabal de la estructura a su cargo y su actuación como ‘garante’ del sistema creado. Relató que por orden del entonces presidente Néstor Kirchner debía garantizar en forma personal el éxito acorde a los intereses del gobierno de las licitaciones públicas que se llamaron a partir de ese momento, fundamentalmente en el rubro vial, que tiene mayores y más significativos montos. Así también Clarens lo señaló como aquél que le informara cómo iba a ser la operatoria, cuál podía ser su contribución a la maniobra y cómo se obtendrían los fondos por parte de las constructoras (aportes o retornos) que luego debía hacer llegar a López».
El fiscal ante la Cámara Federal pidió también que Ferreyra del grupo Electroingeniría sea considerado organizador la asociación ilícita ya que el propio imputado «manifestó que después de que Néstor Kirchner le solicitara contribuciones él mismo diseñó un esquema personal que le permitiera cumplir la directiva; de tal forma que no sólo actuaba como intermediario sino que podía hacer valer sus influencias con el propósito de cumplir con los objetivos de la asociación ilícita».
Moldes, en consonancia con lo apelado por los fiscales, pidió que sean procesados Jorge Guillermo Neira (Electroingeniría), Javier Sánchez Caballero (IECSA); Rodolfo Armando Poblete (Grupo Romero), Héctor Alberto Zabaleta (Techint), Francisco Rubén Valenti (Pescarmona) y Osvaldo Atenor Acosta (Electroingeniería) porque, salvo en el caso de Acosta, fueron los que encargaron de los pagos por órdenes de los principales ejecutivos de sus empresas.
«Si bien en todos los casos relatados se trataba de ‘dependientes’ que efectuaban los pagos en nombre de los empresarios que eran quienes acordaban con los funcionarios por la obra pública, ello no los exime del conocimiento, participación y responsabilidad en los hechos que les fueran imputados en la presente causa», señaló el fiscal.
Distinto es el caso de Osvaldo Antenor Acosta. «Se da la situación inversa, el vicepresidente de Electroingeniería -Ferreyra- se encuentra procesado y como dije antes, se trataba de uno de los organizadores de la banda y Acosta, quien era el accionista mayoritario de la empresa, no fue responsabilizado; resulta por demás inverosímil que todos los pagos sucedieran a sus espaldas y sin su consentimiento, cuando además, Electroingeniería resultó muchas veces adjudicataria de la obra pública con la cual su empresa se beneficiaba», detalló Moldes.
Sostuvo Moldes también la apelación de los fiscales en el sentido de que se les debe dictar prisión preventiva a los procesados: Alejandro Ivanissevich; Manuel Santos Uribelarrea; Benjamín Gabriel Romero, Jorge Juan Mauricio Balan; Hugo Alberto Dragonetti; Hugo Antranik Eurnekian, Ernesto Clarens y Enrique Menotti Pescarmona. Para que la Cámara resuelva esa situación, Moldes solicitó que se certifiquen si fueron beneficiados con exenciones de prisión.
El escrito de Moldes pone énfasis en la rapidez con la que debería tramitarse la causa de los cuadernos porque hay personas detenidas y una que no lo está.
Moldes dijo que «algunos de los imputados están detenidos y eso, por sí solo amerita acortar los términos para dar certeza a una situación en la que la libertad de una persona se encuentre en juego. En sentido contrario, sucede que otros imputados que deberían estar presos no lo están, amparados por sus fueros, y es precisamente la resolución de esa Cámara, un doble conforme (sí, como lo esperamos y más allá de corregir esas mínimas desviaciones que promovieron la apelación del MPF, ratifica en su parte sustancial el enfoque general que inspira el auto caucionado) la que habilitará, ante un más que previsible pedido de desafuero, la desafectación de ese resguardo para que la jefa de la asociación ilícita investigada y procesada en autos por ese grave ilícito resulte inmediata y efectivamente detenida». En ese párrafo Moldes pidió la detención de la ex presidenta.
En su memorial, Moldes aludió al fallo de la Cámara de Casación que favoreció a Carlos Menem con la prescripción del Caso Armas: «La sociedad exige celeridad de la justicia y ya no tolerará que dilaciones injustificadas terminen diluyendo las responsabilidades de personajes públicos en hechos de notoria gravedad institucional. Hace pocos días, por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, concluyó una antigua causa que investigaba hechos de suma gravedad y gran difusión pública, que se tramitó a lo largo de más de dos decenios. La dilatada labor cansina en determinados estamentos judiciales y la maliciosa intervención de ciertos abogados defensores especializados en cortinas de humo y malabarismos, tal vez legales pero no legítimos, fueron los que, entre otros factores, llevaron a que la demora en la solución de aquel caso hiciera que éste permaneciera indefinidamente sin castigo, dejando una sensación de frustración e impunidad para todos. Sin embargo, no todo está perdido, pues el Fiscal General interviniente ha anunciado su intención de recurrirla, lo que abre la puerta a la esperanza de que se revierta la situación».
A partir de lo sucedido en la Casación, Moldes explicó que por su importancia, el Caso Cuadernos debe investigarse con celeridad. «La presente es también una causa de gran magnitud –tal vez la más grande que se haya visto en la historia judicial nacional- y que implica a los principales agentes de una gestión de gobierno pasada y a connotados empresarios y patrones de la obra pública».
«Entonces, el desafío para los magistrados que actuamos en ella es que no se repita lo que sucedió otras veces y que, mediante la intervención oportuna y efectiva el avance del proceso se desarrolle sin interrupciones o morosidad injustificada», señaló el fiscal.
Y amplió: «Por mi parte, me comprometo a ello y, en prueba de tal garantía, hago esta presentación en la fecha que fue originalmente fijada por la Sala, pese a lo exiguo del término y al volumen de las actuaciones que se han debido analizar para dar el fundamento a esta apelación. Porque esa celeridad que, con justificada razón, se le exige a la justicia no se limita a los discursos abstractos, las declaraciones huecas, ni los sermones sobreactuados para la ocasión. Por el contrario, se practica en el día a día, aun cuando para cumplir con puntualidad y presteza las etapas del trámite a veces haya que forzar la máquina y reventar caballos como a nosotros nos ha pasado en este caso. Es que práctica constante de esta fiscalía ha sido diferenciarse de esos estudios jurídicos que no son más que máquinas de fabricar prescripciones de la acción penal y yo, personalmente, he denunciado hasta la afonía».
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