Colegios médicos del NOA emitieron una solicitada indicando que “no es aceptable reconocer el aborto como una praxis médica”. Médicos por el derecho a decidir respondieron de manera contundente.
La semana pasada, los colegios médicos del NOA emitieron una solicitada indicando que “no es aceptable reconocer el aborto como una praxis médicos, disponible de la voluntad de un solicitante. Incorporar el aborto como una práctica social no es un avance sino un retroceso en la calidad de vida, se dirige contra la vida misma en su etapa inicial pero ya objetivamente definida”.
En su argumentación, la institución indica que la objeción “se trata de un derecho comprendido en el derecho a pensar libremente y el derecho a la libertad de creencias, en materia política, social, religiosa y a actuar en su consecuencia”. A esto recuerda que la Constitución protege esta facultad, como así tratados internacionales incorporados a la carta magna argentina, según informó La Gaceta de Salta.
“No se trata de un órgano ni de una modificación benigna o maligna del cuerpo de la madre. Se trata de un niño en las primeras etapas de su desarrollo, que necesita imprescindiblemente su lugar natural en el seno materno”, espetan los profesionales.
En otro punto, reafirman que “no es aceptable reconocer el aborto como una praxis médicos, disponible de la voluntad de un solicitante. Incorporar el aborto como una práctica social no es un avance sino un retroceso en la calidad de vida, se dirige contra la vida misma en su etapa inicial pero ya objetivamente definida”.
Luego de esta solicitada que se publicó en medios de comunicación, la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir respondió con un comunicado contundente: “Contá con nosotros”.
El texto completo de la respuesta:
“Es alarmante que médicos responsables de la atención y acompañamiento del proceso de salud dedican comunicar que están en contra de normativas vigentes desinformando y desprotegiendo a toda la comunidad y sobre todo afectando a las mujeres y personas con capacidad de gestar.
El comunicado incurre en falta de ética profesional y violencia institucional al no contemplar las múltiples realidades que atraviesan las personas en su salid sexual reproductiva y no reproductiva. Sobre todo teniendo en cuenta la complejidad de los territorios norteños siendo de público conocimiento la tortura que padecieron las niñas que solicitaron el derecho a abortar, no siendo respetadas como sujetos de derecho.
Desde el año 1921, el código penal habilita el acceso al aborto por causal de salud y violación. El protocolo ILE con resolución ministerial está vigente en todo el país.
La objeción de conciencia en ningún caso habilita a la obstrucción, obstaculización o negación de información y acceso. Es un acto individual y no puede ser la excusa para negar el acceso efectivo a un derecho.
Continuaremos acompañando a quienes así lo necesiten en el marco de la legislación vigente aplicando el protocolo ILE (Interrupción Legal del Embarazo) dentro del sistema de salud de un modo seguro, científicamente adecuado con la complejidad que cada situación requiera desde nuestros equipos de trabajo para garantizar el pleno cumplimiento de los derechos humanos hasta que sea legal.
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