Para buscar revertir el fallo que ordenó que Cristina Kirchner enfrente dos nuevos juicios por presuntos hechos de corrupción, su abogado Carlos Beraldi presentó ante la Cámara Federal de Casación un recurso extraordinario. Si el máximo tribunal penal rechaza este planteo, la vicepresidenta podrá acudir a la Corte Suprema en queja.
El 18 de septiembre, la Casación ordenó reabrir los casos Hotesur (firma hotelera) y Los Sauces (firma inmobiliaria) que se tramitan unificados, lo que obliga a la vicepresidenta junto a su hijo Máximo Kirchner a afrontar el juicio oral por los delitos de asociación ilícita, dádivas y lavado de dinero. La única sobreseída en estos expedientes fue Florencia Kirchner.
Junto con esa resolución, los jueces de la Sala I del tribunal, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, también ordenaron que se lleve adelante el juicio oral en el caso conocido como Pacto con Irán, en el que Cristina Kirchner está acusada de encubrimiento del atentado a la AMIA.
Los camaristas ordenaron que los jueces que habían firmado los dos sobreseimientos ahora revertidos sean apartados de los casos y se conforme un nuevo Tribunal para el momento del juicio.
Los fallos se conocieron después de que la Corte Suprema ordenó el cese en sus funciones de la magistrada Ana María Figueroa, quien retrasó la resolución de ambos expedientes como integrante de la Sala I. Sin embargo, la semana pasada el kirchnerismo aprobó su pliego en el Senado para que permanezca cinco años más en su cargo, pese a que el máximo tribunal ya saldó la discusión.
En medio de esa discusión, el abogado Carlos Beraldi presentó ante la Casación un recurso extraordinario en cada uno de los expedientes, para revertir la decisión que obliga a Cristina Kirchner a afrontar nuevos juicios orales por presuntos hechos de corrupción.
Como anticipó Clarín, el abogado hizo alusión a la conformación de la Sala. Beraldi dijo que la Sala I quedó «indebidamente constituida» por la ausencia de Figueroa, poniendo en discusión la resolución del máximo tribunal.
Beraldi indicó que la decisión del máximo tribunal penal contó con una “dilación injustificada” que “ocasiona severos perjuicios al legítimo ejercicio de los derechos de nuestros defendidos”. El retraso al que se refiere fue en realidad causado por la demora con que Figueroa entregó su voto, sobre el filo de su cumpleaños 75.
Ahora, la defensa de Cristina Kirchner considera que la celebración de un juicio oral “seguramente habrá de irrogar varios años de trámite, con el consiguiente desgaste jurisdiccional que ello demandará”.
Pero por sobre todos los planteos se cuestionó que la Sala I haya firmado las resoluciones sólo con los voto de Petrone y Barroetaveña.
Figueroa cumplió la edad límite que fija la Constitución el 9 de agosto, cuando resolvió dejar de firmar sentencias pero no abandonó su cargo. El 6 de septiembre, la Corte Suprema ordenó el escenario: en una acordada indicó que Figueroa había cesado en sus funciones el día de su cumpleaños.
Sin embargo, la semana pasada el kirchnerismo en el Senado desafió a la Corte y aprobó un nuevo pliego para la ex jueza. Esto fue planteado en la apelación dude Beraldi para que no se hagan los juicios de Hotesur y el Pacto con Irán.
“Ni siquiera se han explicado las razones por las cuales la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal dictó sentencia únicamente con el voto de dos magistrados”, indica el escrito al que accedió Clarín.
El abogado se refirió a una norma de la Corte de “dudosa constitucionalidad” y que su fallo en el que especificó cuándo Figueroa cesó en sus funciones “no les acuerda una prerrogativa discrecional a los magistrados (de la Casación) para acotar el marco de deliberación y excluir del debate a un tercer juez que, según la ley y los reglamentos dictados en consecuencia, también debe discutir con sus colegas e intercambiar opiniones para luego dictar sentencia”.
Las distintas fuentes judiciales consultadas por Clarín en estos días dicen lo opuesto: que Petrone y Barroetaveña resolvieron en ambos casos “como indica el reglamento, pues si están de acuerdo en la resolución final como en sus argumentos, se puede salir el fallo con el voto de los dos”.
Planteos como el de Beraldi suele rechazarse en la Casación Federal, al entender que no se está abordando una discusión sobre una sentencia firme. Si esto ocurre, la próxima instancia será ir en queja ante la Corte. Pero hasta que no haya un pronunciamiento al respecto, no se podrá iniciar el debate oral y público ni en Hotesur ni en Pacto con Irán.
El caso Hotesur-Los Sauces
En estos expedientes, la acusación vincula a Lázaro Báez como una pieza necesaria para «devolver» a los ex presidentes al menos parte del dinero proveniente de los sobreprecios en las obras públicas que sus empresas ganaban en licitaciones cuestionadas en otro expediente -Vialidad- cuyo juicio terminó en diciembre pasado con una dura condena para Cristina, Báez y los demás acusados.
La defensa de Cristina Kirchner volvió a señalar que no existieron maniobras de blanqueo, ya que puede realizarse la trazabilidad de las operaciones que se bancarizaron. A su vez, se reiteró que no existen delitos precedentes como requiere toda maniobra de lavado de activos, porque sostienen como tesis principal que el dinero se encontraba bancarizado lo cual no podría representar una operación “en negro”.
Los jueces que revocaron el sobreseimiento indicaron que estas cuestiones deben discutirse en el marco de un juicio oral y en el desarrollo del mismo, determinar la inocencia o culpabilidad de los imputados.
Cristina Kirchner y Máximo Kirchner se encuentran procesados por asociación ilícita y lavado de dinero, mientras que una acusación menor le fue otorgada a Florencia Kirchner durante la instrucción de ambas causas: sólo como partícipe de las maniobras investigadas.
A la vicepresidenta le atribuyeron además el delito de dádivas, por tratarse de un funcionario y un empresario contratista del Estado, con quien mantuvo más de veinte operaciones comerciales durante el período investigado.
Entre los imputados que comparten ambas investigaciones se encuentran Lázaro Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares y Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner). El empresario Cristóbal López está acusado y enviado a juicio únicamente en el expedientes de Los Sauces, ya que era el inquilino que mayores ingresos garantizó al a firma de los Kirchner.
Pacto con Irán
Respecto al caso conocido como Pacto con Irán, la defensa insistió con la existencia de nueva prueba que es una de las excepciones que habilita a un Tribunal a dictar un sobreseimiento frente a un caso elevado a juicio.
Otro punto, una vez más invocado, fue el hecho de que el Memorándum con Irán respondía a una política de Estado, hecho no judiciable y que la denuncia que dio origen al expediente “no son más que actos de naturaleza política que, como tales, se encuentran exentos de revisión jurisdiccional, y su acierto o error sólo puede ser escrutado por la ciudadanía al ejercer su sufragio en elecciones libres y democráticas”.
En este caso, Barroetaveña y Petrone consideraron que debía descartarse el argumento según el cual el Pacto con Irán y sus negociaciones paralelas «resultaban ser cuestiones políticas no justiciables”.
A la vicepresidenta y a los demás acusados, se los acusa del encubrimiento de los iraníes acusados como autores intelectuales del atentado de la AMIA, a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento con Teherán, en 2013. El caso inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman en 2015.
Los acusados son Cristina Kirchner, Eduardo Zuain, Oscar Parrilli, Carlos Zannini, Angelina Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Jorge Khalil, Luis D’Elía y Fernando Esteche. También fue procesado el fallecido ex canciller Héctor Timerman.
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