Además de condenar a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por delitos de administración fraudulenta, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) condenó a otros ocho implicados en la causa Vialidad.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, sólo encontraron responsable a la vicepresidenta del delito de administración fraudulenta, con una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Dejaron afuera de la sentencia la acusación por asociación ilícita.
En tanto, los magistrados condenaron al empresario kirchnerista y socio familiar Lázaro Báez, ex titular de Austral Construcciones, a seis años de prisión.
La misma cantidad de años de sentencia recibieron José López, ex secretario de Obras Públicas de la Nación y Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, el ente que le dio nombre a la causa de corrupción. Se trata de la pena máxima para los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
En tanto, también fueron condenados otros funcionarios de Vialidad Nacional y Santa Cruz: Juan Carlos Villafañe, 5 años; Raúl Pavesi, 4 años y medio; Raúl Santibáñez y Mauricio Collareda, 4 años; Raúl Daurich, 3 años.
En tanto, los magistrados sorprendieron al absolver al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, al exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, y al expresidente de la Administración General De Vialidad de Santa Cruz, Héctor Garro.
Por su parte, Carlos Santiago Kirchner, exfuncionario en Planificación y primo del fallecido expresidente, también fue absuelto como se preveía porque los fiscales no habían pedido ninguna condena para él.
Cristina Kirchner, la primera funcionaria en el poder condenada por corrupción
La vicepresidenta se convirtió en la primera funcionaria en ejercicio del poder que recibió una condena en un caso por corrupción. El TOF 2 comenzó a juzgarla en mayo de 2019 por el presunto direccionamiento de la obra pública vial a favor de Lázaro Báez.
La sentencia condenatoria le dio la razón de forma parcial a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes al finalizar su alegato acusaron a Cristina Kirchner de haber dirigido una la asociación ilícita -delito rechazado por el TOF 2- que se dedicó “a la sustracción de fondos públicos” para beneficiar a quien era su socio comercial, Lázaro Báez.
Ese otro delito, de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, sí fue convalidado por el tribunal.
En este juicio que comenzó en mayo de 2019 y condujo a Cristina Kirchner a estar sentada por primera vez en el banquillo de los acusados, se analizaron los contratos viales que ganó el Grupo Austral por $ 46.000 millones.
Las condenas
Hay dos números que expuso el expediente: el patrimonio de Báez creció entre 2004 y 2015 un 12.000%, y el de Austral Construcciones su firma insignia, un 46.000%.
Dos datos rodean esas exorbitantes cifras: la empresa tuvo como único cliente al Estado, más específicamente a las tres presidencias kirchneristas, y mientras crecía como empresario de la construcción celebró veinte acuerdos comerciales con los ex presidentes desde el ámbito privado.
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