Por Joaquín Morales Solá
De Mauricio Macri se pueden decir muchas cosas, menos que carece de audacia. En días en que se manifestaba preocupado por las versiones que indican un clima de tensión entre él y el papa Francisco, decidió habilitar el debate sobre el aborto en el Congreso. Ese tema, que borra en la sociedad las diferencias políticas y hasta ideológicas, abroquela en su contra a la Iglesia Católica más que ningún otro asunto, incluidos el matrimonio igualitario y el divorcio. Las divisiones que se producen en la ciudadanía provocan un efecto contrario en los religiosos católicos: unen en una misma posición, férreamente opositora, a conservadores y progresistas, a bergoglianos y antibergoglianos. Fuentes seguras del Vaticano y de la Iglesia argentina aseguraron que aquel clima de tensión entre el Presidente y el Papa se agravó después del anuncio que le abrió las puertas al aborto. La decisión de Macri afecta incluso al Papa dentro de la Iglesia universal, porque podría sugerir que no tiene influencia en su propio país.
La relación no venía bien. El Papa había anunciado ya a través de la Conferencia Episcopal que no visitaría el país durante este año. Ese anuncio conllevaba otra novedad: Francisco no pisará la Argentina durante el primer mandato de Macri (el único mandato seguro que este tiene). El año próximo habrá elecciones presidenciales y ningún papa viaja a un país en medio de un proceso electoral, mucho menos al país del actual papa.
El gobierno de Macri relegó una iniciativa para acercarse al Pontífice, tal vez porque desconfiaba de los interlocutores argentinos de Francisco. O, quizá, porque nunca estuvo seguro de que podría enhebrar una relación fluida, fácil y cercana con el Pontífice. La relación quedó en manos de los extremos: de las declaraciones antipapales e inoportunas de Jaime Durán Barba y de las opiniones antimacristas e ideologizadas de Juan Grabois, quien, como no lo había hecho nunca antes, desliza ahora que interpreta al Papa.
La Iglesia optó por un tono moderado en sus declaraciones públicas, porque no le pareció correcto pedir la censura de un debate. Tanto la conducción episcopal como el arzobispo Víctor Fernández, rector de la UCA y el prelado de más confianza del Papa, se limitaron a reclamar una discusión seria, razonable y profunda en el Congreso. Sobresalió solo el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, con una durísima crítica a Macri, de quien dijo que no sabe hacer la señal de la cruz. También se preguntó por qué no se pide la pena de muerte del violador en el caso de los abortos por violación. La mayoría de los obispos se apartaron de él: Aguer estaba desviando el debate hacia cosas que no tienen nada que ver con el aborto. ¿Qué importa si Macri sabe hacer la señal de la cruz? ¿Puede plantearse, aunque sea hipotéticamente, un canje del aborto por la pena de muerte?
La pregunta que se hace la política (y los obispos) es qué motivó ese anuncio presidencial que sorprendió como un estrépito en el silencio. Fuentes oficiales señalaron que la primera preocupación la despertó el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, cuando advirtió al Gobierno que no estaba en condiciones de asegurar el control de la sesión especial sobre el aborto pedida por un grupo de mujeres legisladoras de varios partidos. Muchos diputados, señaló, se inquietaron por la reciente marcha de mujeres en el Congreso que reclamaban una ley sobre el aborto. El Gobierno convocó entonces a lo que llama «la mesa parlamentaria», integrada por funcionarios y legisladores oficialistas, y ahí se tomó la decisión unánime de habilitar el debate. «Era preferible conducir un debate moderado que dejarlo en manos de los fanáticos», dijo una alta fuente oficial.
Los obispos tienen otra versión. Según esta, fue Durán Barba (la encarnación del demonio para los religiosos) quien propuso la idea de habilitar el debate sobre el aborto para distraer a la opinión pública. En esos días había sucedido la renuncia del exsubsecretario de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, luego de que se conociera que tenía una cuenta offshore en Andorra; estaba en investigación la gestión privada en fondos de inversión, anterior a su acceso al Gobierno, del ministro de Finanzas, Luis Caputo, y llovían los anuncios sobre aumentos de tarifas de servicios públicos para una sociedad con sueldos viejos. Las dos versiones no son necesariamente incompatibles. Sea como sea, la versión que le llegó al Papa es que fue un recurso distractivo, una mera herramienta para sacar al Gobierno de incómodas discusiones.
Los obispos nunca olvidaron una declaración pública de Durán Barba, realizada poco después de la asunción de Macri, en la que propició el aborto y anunció que se cambiaría la ley para lograrlo. Fue en el mismo momento en el que dijo que Bergoglio no influye «ni en diez votos». Los obispos se preocuparon primero, pero luego durmieron tranquilos, seguros de que el aborto no se trataría nunca en el país del Papa. Esas declaraciones de Durán Barba establecieron un antes y un después en la relación de Macri con el jefe de la Iglesia Católica. Poco más tarde, altos jerarcas del Vaticano y obispos argentinos le atribuyeron al gurú electoral del macrismo la responsabilidad intelectual por la «campaña argentina» contra el Papa.
El Pontífice es un reformador pastoral de la Iglesia, pero nunca dudó en su definitiva oposición al aborto. Ya el entonces cardenal Bergoglio había sido, en 2012, un duro crítico de una resolución de la Corte Suprema en la que autorizó los abortos en casos de violaciones. Esa resolución del máximo tribunal de Justicia habilitó virtualmente el aborto en el país, porque autorizó a los médicos a practicarlo solo ante el testimonio de una mujer de que había sido violada. Respetó, sí, el derecho a la objeción de conciencia de los médicos, quienes, según el tribunal, pueden negarse a practicar un aborto por sus creencias. Las resoluciones de la Corte no son leyes y se refieren siempre a un caso concreto. Su aplicación en los tribunales inferiores está sujeta a la interpretación de los jueces, que, por lo general, deciden sobre todo en el aborto de acuerdo con sus convicciones.
Sobre el resultado del debate en el Congreso, el Gobierno dice tres cosas. La primera es que la difusión premeditada de que las principales figuras de la administración son antiabortistas (el Presidente, Gabriela Michetti, Marcos Peña y María Eugenia Vidal, entre otros) bajará una línea de moderación a los legisladores oficialistas. «No podemos controlar el debate, porque somos minoría, pero podemos moderar», aseguró un líder parlamentario de Cambiemos. Las conclusiones en Diputados son imprevisibles porque no hay posiciones doctrinarias sobre el tema ni en Cambiemos ni en el peronismo y sus distintas fracciones. Esa ausencia de posiciones preestablecidas se debe en parte a que el tema toca convicciones muy íntimas, y también porque nunca se abordó durante 35 años de democracia. En un bando y otro, en el abortista y en el antiabortista, se mezclan personas muy diversas. Ejemplo: Elisa Carrió, Cristina Kirchner y Graciela Camaño coinciden en su oposición al aborto. Todo lo demás las separa en la vida y en la política.
La segunda afirmación que hace el oficialismo es que el Senado podría ser una cámara más razonable que Diputados. Las sociedades de las provincias son más conservadoras que las de la Capital, y los senadores expresan mejor que los diputados a sus representados. Todo dependerá, de todos modos, del resultado en Diputados y también de la fuerza de los votos con que cuente ese resultado. Algo se modificará, de cualquier forma. Un proyecto de mínima será llevar a la ley la jurisprudencia de la Corte, agregando, entre los abortos legales, los embarazos que ponen en riesgo la vida de la madre. La tercera aseveración del Gobierno es que no existe voluntad de enfrentamiento con el Papa ni con la Iglesia. «No queremos distanciarnos del Papa», ha dicho en estos días el jefe de Gabinete, Peña. La distancia ya existía y se agrandó ahora. Imposible que esa brecha se cierre hasta que, por lo menos, concluya el debate sobre el aborto y se conozcan sus conclusiones.
Es cierto que la penalización del aborto no impidió el aborto en el país y que el Estado nunca se hizo cargo de la educación para evitar los embarazos no deseados ni del acompañamiento a las jóvenes y a las mujeres vulnerables durante la gestación. Macri decidió aplicar esas políticas junto con el debate sobre el aborto, que debería ser el último recurso cuando ya todos los otros recursos han fracasado. Existe también en muchos una convicción más filosófica que religiosa. Si el Estado puede autorizar el fin de una vida inocente, ¿cuál será en adelante la frontera que distinguirá los derechos humanos? Estas son las cuestiones que deberían ser centrales en el debate inminente, que al Papa ni a su Iglesia le gusta. Pasará mucho tiempo antes de que Francisco y Macri vuelvan a verse.
Por: Joaquín Morales Solá para La Nación
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