Una ola de asentamientos se produjo desde el miércoles en la capital salteña. Por ahora hay tres y ayer un grupo intentó copar una de las ocupaciones.
Con machetes y palos en las manos, los jóvenes de las familias que se asentaron en un terreno privado a un costado de la ruta provincial 21, camino San Agustín, ayer estaban dispuestos a cualquier cosa para defender las porciones de tierra que hace unos días separaron. Momentos de alta tensión se vivieron a media tarde cuando circuló el rumor de que desde otro asentamiento, el que se armó en un espacio verde del extremo norte de Parque La Vega, iban a avanzar para apropiarse de las parcelas que ocuparon. Los dos asentamientos se produjeron el miércoles pasado.
«Nosotros somos de familias que no tenemos dónde vivir, con necesidades reales. Pasamos días duros acá para pelear por un pedazo de tierra y no vamos a permitir que unos punteros nos vengan a quitar nuestra ilusión y derecho a vivir dignamente», dijo un joven a El Tribuno, con un machete en la mano, minutos antes de que se produzcan corridas y gritos tras advertir a un grupo de personas foráneas al asentamiento de la ruta 21.
Los «flamantes» vecinos de esa ocupación ilegal estiman que son unas 200 familias las que están en el lugar con carpas, gazebos y pequeñas chozas fabricadas con palos y plásticos. Hay niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
Finalmente, no hubo ningún enfrentamiento. Aparecieron dos camiones blindados de la Policía, agentes de Caballería y una decena de patrulleros que tranquilizaron la situación. De todas maneras, a la noche, al cierre de esta edición, los vecinos asentados montaban guardias para evitar intrusos.
Del otro lado, en un descampado de Parque La Vega, el asentamiento es más organizado, incluso hay una manzana totalmente vallada, custodiada por policías y personas que toman lista y controlan quién entra y sale del lugar. Este diario fue testigo de cómo un sujeto daba órdenes a un policía y le indicaba quién tenía permiso para ingresar a la ocupación. El agente acataba.
¿Cómo se organizaron las tomas de tierra y quiénes las impulsan? En el asentamiento de la ruta 21 afirmaron que llegaron al lugar de manera «espontánea» y son autoconvocados. Apuntaban a la ocupación de San Remo como obra de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), tristemente célebre por la imputación judicial que se hizo contra dirigentes de esa organización por la comercialización de lotes fiscales en Parque La Vega hace cuatro años.
Según fuentes del Ministerio Público Fiscal, el puntero promotor de ese asentamiento no pertenecería a la CCC. Más bien esa agrupación se estaría organizando para ocupar las tierras ya tomadas, de acuerdo a las primera investigaciones.
Más allá del conflicto de intereses y los negociados que se vislumbran detrás de la tomas, hay una realidad objetiva que es la desesperación de las familias que están asentadas por conseguir un lugar para vivir y la falta de soluciones a la crisis habitacional que aqueja a la provincia desde hace años.
La única respuesta oficial que se escuchó hasta ahora fue la del presidente del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), Gustavo Carrizo, quien afirmó en una nota publicada el domingo por este medio que «en la actualidad no hay terrenos disponibles para un tipo de desarrollo urbano».
Desde el Ministerio Público Fiscal convocaron a una audiencia de mediación entre referentes del asentamiento de Parque La Vega y el Gobierno provincial para evitar un desalojo. La reunión está prevista para mañana.
Tres asentamientos, por ahora
Además de los asentamientos de la ruta provincial 21 y el de Parque La Vega, existe otro en la parte final del barrio Justicia, cerca del vertedero San Javier y colindante al río Ancho.
Vecinos del barrio Solidaridad, también en la zona sudeste, advirtieron anoche a la redacción de El Tribuno sobre que en un terreno baldío de Primera Junta había gente merodeando con la intención de asentarse.
Consultado al respecto, el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Manuel Pulleiro, explicó que no tienen orden de la Justicia para desalojar los asentamientos. La intención del Ministerio Público Fiscal es mediar para evitar enfrentamientos entre vecinos y la Policía.
“Las medidas de los fiscales son no hacer uso de la fuerza, garantizar el orden y dar intervención al juez de Garantías, que ordenó no innovar y nosotros tenemos que velar por la seguridad de los ciudadanos”, señaló el funcionario.
“Nosotros no nos vamos a mover hasta que nos aseguren un lugar para vivir”, dijo en tanto, Juan Carlos Medina, uno de los asentados.
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