Se trata de funcionarios del Servicio Penitenciario, reclusos y familiares, quienes desempeñaban un rol específico dentro de la organización narcocriminal que operaba en la Unidad Carcelaria 1.
Este viernes requirieron juicio ante el Juzgado de Garantías para 20 personas imputadas en la causa de corrupción en el Servicio Penitenciario, de las cuales 12 de ellas se encuentran con prisión preventiva.
Tras una exhaustiva investigación, la Unidad Fiscal acusa a ocho funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos penados alojados en la Unidad Carcelaria Nº1 y familiares de estos, de formar parte de una organización narcocriminal que operaba en el Penal de Villa Las Rosas donde cada uno desempeñaba un papel especifico.
La investigación se inició a partir de denuncias anónimas que señalaban que el personal estaba involucrado en actividades ilícitas, entre las que se cuentan solicitar sobornos a cambio de beneficios para los internos o facilitar la introducción de elementos prohibidos y drogas al recinto de detención.
Más de 50 cuentas bancarias se analizaron, de las que se obtuvo un resultado de más de 1000 transferencias realizadas por familiares de presos Además se intervinieron más de 20 líneas telefónicas y se recopilaron 90 declaraciones testimoniales, durante el periodo investigado entre 2021 y 2023.
La Unidad Fiscal concluyó que los funcionarios del Servicio Penitenciario Sergio Moya, Francisco Arturo Bisceglia, Rubén Antonio Guaymás, Luis Roberto Castaño, José Luis Alarcón, Marcelo Olguín Magno, Raúl Antonio Arjona y Marcos Matías Bucotich García con situación de revista en la Unidad Carcelaria Nº 1, haciendo uso abusivo de sus cargos y de las atribuciones y potestades que poseían, como así también de su jerarquía y antigüedad, exigieron indebidamente dádivas a los internos penados que se encuentran allí alojados. Estas consistían en la entrega de sumas de dinero o de otro elemento de valor a cambio de ayudar a la obtención de beneficios comprendidos en el régimen progresivo de la pena como ser la elevación de calificaciones en concepto de conducta, acelerar trámites para la obtención de extramuros, salidas transitorias, otorgamiento de salida a granja y/o cambios de pabellón, entre otros. Además, el ingreso de otro tipo de elementos no permitidos por el reglamento interno de las Unidades Carcelarias, tales como celulares, cargadores, comidas y bebidas, entre otros, sustancias estupefacientes y/o protección ante posibles abusos.
Las transiciones mencionadas, se realizaban de forma electrónica o mediante la entrega de dinero en efectivo, a través de encuentros entre los funcionarios penitenciarios y familiares de los internos.
En cuanto a la comercialización de estupefacientes, los investigadores identificaron tres vértices fundamentales para su consumación: la distribución de la sustancia en el interior de la Unidad Carcelaria; los nexos externos que recibían dinero, distribuían y administraban cuentas bancarias, producto de la comercialización de estupefacientes; y la participación y connivencia necesaria de funcionarios públicos, que por omisión o acción, permeabilizaban el sistema de seguridad e ingresaban la sustancia prohibida al establecimiento, brindando seguridad a la organización delictiva.
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