Rodrigo Solá, presidente del Comité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, se refirió al beneficio de prisión domiciliaria otorgada a Lautaro Teruel, condenado a 12 años por abuso sexual.
Por Aries, el abogado señaló que cuenta con información confidencial respecto a su ficha médica, y aseguró que desde el Comité acompañan también los pedidos de las defensas por prisiones domiciliarias o libertades condicionales.
Además, recordó que la Ley de Ejecución Penal establece que el Servicio Penitenciario debe garantizar el acceso a los servicios sanitarios a todas las personas detenidas.
En este punto, consideró que es el propio Estado el que reconoce que no están en condiciones de garantizar el acceso a la salud. Sin embargo, reconoció el malestar que generó la medida en la población y opinó que la justicia debe hacer una revisión del fallo que beneficia a Teruel, aunque aclaró que el mismo es provisorio hasta tanto mejoren sus condiciones de salud.
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