El TOF 6 lo encontró culpable de administración fraudulenta. También fue condenado el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, a ocho años.
El juicio en contra de los ex funcionarios kirchneristas Ricardo Jaime y Julio De Vido por la compra de trenes chatarra a Portugal y España, que habrían generado un perjuicio al Estado de 31 millones de euros, llegó a su fin. El Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) dio a conocer su veredicto este viernes, y dictó una condena de cuatro años para De Vido como coautor de administración fraudulenta, y 8 años para Jaime, a quien también hallaron culpable de enriquecimiento ilícito.
La sentencia completa del ex secretario de Transporte K ofrece un paseo por casi todos los delitos contra la administración pública: se lo condenó por enriquecimiento ilícito de funcionario público en concurso real con los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en calidad de coautor y cohecho en calidad de autor, se le dictó también una inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos y una multa de 14.991.385 de pesos. Casi 15 millones.
Sin embargo, Jaime fue sobreseído de los delitos de peculado y por la causa del Belgrano Cargas, por prescripción. Mientras que a su asesor, Manuel Vázquez, se le aplicó una condena de 5 años y 8 meses de prisión y se le fijó una multa de 10.986.664 pesos.
Al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido lo condenaron a cuatro años de prisión, y le aplicaron una inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos. El Tribunal lo encontró coautor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Ricardo Jaime es el último ex funcionario K que se encuentra detenido. Afronta una condena unificada de ocho años por la Tragedia de Once y otras causas de menor trascendencia pero que complicaron su escenario judicial.
Las condenas coinciden con los pedidos de la fiscal del juicio Gabriela Baigún. Los jueces del TOF 6, Julio Panelo, Fernando Canero y Ricardo Basílico consideraron adecuadas las penas que había solicitado la representante del Ministerio Público Fiscal y acusadora en el proceso oral.
Para Baigún estaba acreditada la responsabilidad de los ex funcionarios en una serie de adquisiciones irregulares de material ferroviario a España y Portugal, realizadas entre 2003 y 2010, que según la acusación implicaron un perjuicio para el Estado nacional de aproximadamente 30.856.130 euros.
Las operaciones cuestionadas fueron cerradas a través de varios instrumentos: un contrato de compra-venta, un acuerdo marco con la empresa Caminhos de Ferro Portugueses (CFP) y un acuerdo de Cooperación para Provisión con el Ministerio de Fomento de España, celebrados el 23 de junio de 2004, el 21 de marzo de 2006 y 1 de julio del 2010 por el ex titular de la cartera de Planificación Federal.
Además hubo diversos acuerdos, contratos y adendas entre el Estado Nacional y las empresas españolas Sociedad Mercantil Estatal Española Expansión Exterior S.A. (EE), Red Nacional de Ferrocarriles de España (RENFE) y Ferrocarriles Vía Estrecha (FEVE), como también con la empresa portuguesa, celebrados por Jaime entre el 3 de noviembre de 2003 y el 20 de febrero de 2008.
Al analizar el caso, Baigún indicó que el porcentaje de material «que jamás se reparó y, por lo tanto, que nunca prestó funciones en Argentina es muy elevado. Ya sea que se tome el relevamiento de la AGN (44%) o el aquí propuesto (54%), el número es demasiado alto como para pasar desapercibido. No se trata de algún material aislado que no se pudo reparar por algún motivo concreto. Estamos diciendo que la mitad de todo lo que se compró, nunca se usó. Esta situación es demasiado ostensible y notoria, y jamás pudo haber pasado desapercibida”.
Cuando la fiscal de juicio pidió que De Vido y Jaime sean condenados, los responsabilizó por «no cumplir con sus funciones» que consistían en «la correcta administración de los bienes del Estado». No dejó pasar por alto otros hechos: y es que en función de los testimonios escuchados durante el juicio más la prueba recabada durante la pesquisa, quedó en evidencia que «las compras no respondieron a los criterios de eficiencia, eficacia y economía. Obviamente, no resultaron útiles para la rehabilitación de los Servicios Interurbanos de Transporte Ferroviario de Pasajeros”.
Esta afirmación se encuentra respaldada por el hecho de que al 2015, “el 79 por ciento del material adquirido a España y Portugal durante la gestión de Ricardo Jaime a cargo de la Secretaría de Transporte, se encontraba fuera de servicio».
Antes que Baigún, la acusación de la instrucción del caso, con la que se envió a los ex funcionarios de Cristina Kirchner a juicio oral, sostenía que una cantidad importante de material rodante adquirido «se utilizó por escaso tiempo en el sistema ferroviario del país, pues se trataba de formaciones que no eran idóneas para los servicios a los que fueron destinadas». Incluso, se sostuvo que en muchos casos las compras eran incompatibles «con la red de vías y cuya calidad y funcionalidad real no se condecían con los objetivos del ‘Plan Nacional de Reorganización, Recuperación y Modernización del Ferrocarril Nacional’”.
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