Las condenas para los principales acusados van desde 10 a 11 años. El hecho ocurrió en 2023, cuando un grupo de delincuentes armados raptaron a un hombre. Luego enviaron a la familia un video en donde mostraban cómo torturaban a la víctima.
Este miércoles, la Justicia federal condenó a tres de los ocho acusados llevados a juicio por el delito de secuestro extorsivo, hecho ocurrido entre el 3 y 4 de agosto de 2023, cuya víctima fue Héctor Ismael Herrera.
Los acusados son Roy Carlos Choque Aguirre, Carlos Gustavo Lozano Tolaba, Daniel Llanos, Micaela del Valle Riquelme, Cristian Adán Martínez, Horacio Eric Chauqui, Emanuel Yamil Arjona y Jaime Alberto Prudencio Ruiz, detenidos por la policía provincial, al otro día del secuestro.
El juicio inició el 31 de julio pasado, cuando el fiscal federal Ricardo Toranzos, titular del Área de Casos Complejos, presentó al tribunal detalles de un acuerdo total convenido con todos los acusados respecto a la responsabilidad penal del hecho y parcial, en cuanto a la determinación de las penas.
En ese marco, el fiscal, asistido por la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo, responsabilizó a los ocho acusados de los hechos ocurridos, entre el 3 y 4 de agosto de 2023, cuando Herrera fue secuestrado de su casa, en el barrio Policial y mantenido cautivo en otra vivienda, en el barrio Santa Rita II.
Sostuvo que el secuestro de Herrera (quien cumplía una pena de 4 años y 6 meses de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario por un hecho de narcotráfico) se ejecutó para que un tío de la víctima haga entrega de una suma de dinero, o bien, devuelva un cargamento de drogas.
Cabe recordar que el 3 de agosto procedieron al secuestro de Herrera, quien compartía un asado con amigos, convite que también fue planeado por los acusados para relajar cualquier posibilidad de resistencia. En ese contexto, los acusados aparecieron en la casa encapuchados y fuertemente armados, llevándose a Herrera.
La víctima, según lo expuesto, fue trasladada a la vivienda de barrio Santa Rita II, donde le cubrieron la cabeza, lo maniataron y luego comenzaron a golpearlo y someterlo a violentas torturas, incluso llegaron a quitarle una uña, enviándole luego un video al respecto y mensajes a su familia con la exigencia de que aparezca su tío y entregue el dinero o la droga que debía.
En este tramo de su exposición, se difundió por las pantallas de la sala el video en el que la víctima sufre la extracción de una de sus uñas con una pinza, a lo que luego se sumó una serie de tomas fotográficas de las lesiones que sufrió la víctima, escenas que pusieron los pelos de punta a los presentes en la sala.
Con esto, expuso el grado de profesionalismo y peligrosidad de los imputados, quienes ocupaban toda una fila de asientos en el recinto. Recordó que la familia de la víctima fue intimidada para que no diera intervención a la policía, pues les anticiparon que eso agravaría la situación e incluso podría el riesgo a otros integrantes de la familia. “Por cada paquete de droga que debían iban a matar a un familiar”, amenazaron.
Rescate
Sin dejar de señalar las pruebas, directas e indirectas, que le permitieron a la fiscalía reconstruir del secuestro desde su planificación, ejecución hasta el rescate, precisó que fueron los mismos familiares los que llamaron al 911 y dieron la alerta. A partir de allí, y luego de una inicial intervención de la policía y la fiscalía provincial, Casos Complejos dirigió varias medidas en procura de rescatar a Herrera.
En ese orden, se instaló una vigilancia en la casa de la víctima, la que permitió detectar la presencia de Choque Aguirre, quien había llegado para insistir con el pago del dinero o la droga que reclamaba, o bien, aporten el domicilio donde se hallaba oculto el tío.
Este imputado fue detenido, como así también el chofer del taxi en el que había llegado, Aurelio Maldonado, quien, si bien fue uno de los acusados en la audiencia de formalización del caso el 8 de agosto de 2023, luego fue sobreseído en razón de que su participación fue circunstancial.
Posteriormente, y a partir de los datos aportados un imputado colaborador, se avanzó con el rescate, pues se consideró que existía un serio riesgo de vida. De inmediato se ubicó la vivienda de barrio Santa Rita II, donde la policía provincial irrumpió y redujo al resto de los acusados. La víctima fue hallada debajo de una cama, presentaba gravísimas lesiones y fue asistida de inmediato.
En su relato, Herrera dio una versión coincidente con el dado por sus parientes respecto a cómo se produjo el secuestro. En cuanto a lo que sucedió luego, dijo que fue subido a un vehículo, que lo encapucharon y que fue golpeado mientras viajaba.
Lo mismo sucedió en la vivienda donde estuvo cautivo, donde recibió golpes de puño, patadas y hasta le dieron culatazos con armas, entre las que identificó una ametralladora. También apuntó a Riquelme como la más violenta y agregó que fue ella, quien lo metió debajo de la cama cuando aparecieron los policías.
Indicó, además, que sus captores le pedían una y otra vez que diera información de un tío, pero que, como tiene varios, no sabía a quién se referían, y reconoció que el reclamo era por un asunto de drogas, ya que siempre hicieron alusión a eso. Más adelante, y como resultado de la meticulosa investigación llevada a cabo, la fiscalía logró la detención de Ruiz.
Planteos
Descripto el hecho, mencionó las pruebas, entre ellas numerosas imágenes de las cámaras de video de la Policía, privadas y de otros organismos, en las que, por ejemplo, se pudo ver el arribo de los acusados que llegaron de Bolivia.
Destacó la labor profesional de los efectivos de la policía provincial, tanto en el rescate como en las tareas de campo e inteligencia llevadas adelante y que fueron claves para terminar de cerrar el cerco en torno a los acusados. En ese orden, también resaltó el trabajo realizado por los expertos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, dependiente del MPF provincial, en la recolección de pruebas directas, cuya contundencia influyeron en las defensas para arribar los acuerdos propuestos.
En tal sentido, explicó que todos los acusados, a través de sus respectivas defensas, reconocieron su participación y responsabilidad penal en los hechos, No obstante, y en función de las exigencias legales para homologar estos acuerdos, el presidente del tribunal interrogó a cada uno sobre este aspecto, instancias en que todos lo admitieron y prestaron conformidad.
Luego, la fiscalía indicó que, en el caso de Choque Aguirre, Riquelme, Ruiz y Chauqui, también se acordó las penas, lo que también fue reconocido por dichos acusados, como así también una reparación integral en favor de la víctima.
En este tramo, y ante la sorpresa de las partes, los representantes legales de Herrera hicieron conocer a los jueces su oposición a los acuerdos. El eje central de sus argumentos giró en torno al monto de la reparación, aunque también se mostraron en desacuerdo con el encuadre legal de Ruiz y el monto de la pena acordada para Choque Aguirre, de 11 años de cárcel.
En vista de esta desavenencia, y la nutrida agenda de juicios del tribunal, el debate fue suspendido hasta ayer, cuando la querella mantuvo su oposición, lo que generó fuertes réplicas de las defensas y la fiscalía a fin de que se respeten los términos de los acuerdos, lo que volvió a ser rechazado por la víctima.
En concreto, las partes cuestionaron a la querella por no ajustar su postura a lo exigido por el artículo 324 del CPPF, en cuanto a que la oposición sólo podrá plantearse si “se sostuviera una calificación jurídica o una responsabilidad penal diferente a la de la acusación fiscal y, como consecuencia de ello, la pena aplicable excediera el límite establecido”.
En contrario, sostuvieron, que la oposición radica solo en la diferencia sobre el monto de la reparación económica. La misma, cabe señalar, había sido pactada en poco más de 5 millones de pesos por el Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar, cuya actuación fue desistida por el propio Herrera, ya que no estaba conforme con esa convención.
Luego, a horas del inicio del debate, la víctima designó a un nuevo querellante, quien formalizó un pedido de reparación de 50 millones de pesos, diez veces más que el anterior, lo que fue rechazado de plano por las defensas y, en definitiva, trabó el desarrolló del debate.
Al resolver, el tribunal decidió homologar el acuerdo alcanzado por la fiscalía respecto a la responsabilidad penal con los acusados, con excepción de Ruiz; como así también el acuerdo parcial por las penas de 11 años de prisión para Choque Aguirre; 10 para Chauqui e idéntica pena para Riquelme, pero bajo la modalidad de arresto domiciliario en razón de que la misma tiene a su cargo una hija menor de edad, en todos los casos, en calidad de coautores.
La situación de Ruiz, para quien la fiscalía había puesto una pena de 10 años por su responsabilidad, en calidad de partícipe secundario, los jueces, hicieron lugar al pedido del querellante, quien reclamó en su contra una participación necesaria.
Formalizada la sentencia, la querella reservó su derecho de impugnación, no obstante, el tribunal decidió avanzar con el juicio de determinación de pena para Lozano Tolaba, Arjona, Llanos y Martínez, mientras que el juicio de Ruiz quedó pendiente para una etapa final del debate.
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