Algunos miembros de la Asociación Bioquímica ya declararon en la investigación por la presunta estafa millonaria a la obra social.
Este jueves será un día importante en la causa que investiga una presunta estafa millonaria al PAMI, que tiene como imputados a cuatro bioquímicos y dos médicos salteños. Es que la ronda de indagatorias a los sospechosos comenzará hoy, ya que declararán por primera vez.
Los bioquímicos Enrique Bardi, Silvina Díaz, Osvaldo Miranda y María Elena Almendros, y los médicos Augusto Saúl Sasso y Víctor Canelada, son los únicos imputados por el momento. A partir de hoy empezarán a desfilar por los pasillos de los tribunales federales para cumplir con las indagatorias solicitadas por el fiscal Ricardo Toranzos, según revelaron fuentes fiscales.
A las tareas investigativas de la Fiscalía de Salta se sumó el trabajo de la UFI Pami, la Unidad Fiscal de Investigaciones especializada en delitos cometidos contra la obra social de los jubilados. Luego de hacer un primer análisis del caso, su titular, el fiscal Javier Arzubi Calvo, le contó a este medio que solicitaron que se cite a declarar testimonialmente a 16 afiliados cuyos nombres aparecen en las órdenes irregulares.
Cuando pasó por Salta, estuvo reunido con las autoridades locales del Pami, se interiorizó sobre el circuito y funcionamiento interno de la institución para saber cómo se debitan los pagos a los profesionales. También pidió documentación como el contrato con la Asociación Bioquímica de Salta (entidad que detectó las irregularidades y las denunció luego de hacer una auditoría interna).
La continuidad de su investigación, complementaria y conjunta a la que se realiza en Salta, abarca el análisis de la documentación para determinar con exactitud la cantidad de casos irregulares. Una vez establecido ese número, recién se designarán a los peritos médicos que se encargarán de estudiar cada uno de los casos sospechados.
“Por lo que llevamos visto hasta ahora, la estafa rondaría los tres millones de pesos, pero no se descarta que puedan ser más”, señaló Arzubi Calvo teniendo en cuenta que la investigación judicial será más amplia y abarcativa que la realizada por la auditoría de la ABS.
Ya declararon miembros de la ABS
Días atrás se llevó a cabo una asamblea ampliada en la Asociación Bioquímica de Salta en la que participaron, además de los miembros de la Comisión Directiva, un grupo de 60 socios. El objetivo del encuentro, según informó La Gaceta una de las integrantes de la Asociación, Mónica Di Fonzo, fue dar a conocer el estado de la causa y explicar los pasos a seguir.
“Recibimos un amplio apoyo de los socios para seguir con esto hasta las últimas consecuencias”, indicó Di Fonzo quien agregó que pese a mostrarse conformes con lo hecho por la ABS, también expresaron su preocupación por las consecuencias económicas que puede causar una estafa millonaria, pero aclaró que el asesor legal los tranquilizó al asegurarles no habrá inconvenientes.
Tanto Di Fonzo como el presidente de la Asociación, Ricardo Buttazzoni ya prestaron declaración testimonial ante el fiscal Toranzos; al igual que lo hicieron Marisa Ibarra y Omar Rija, la primera es la facturadora de la entidad quien fue la que denunció la primera irregularidad en una orden a nombre de su madre por un análisis que, en teoría, realizó el bioquímico Miranda pero que ella aseguró que jamás se efectuó. Mientras que Rija, miembro de la Comisión Directiva, denunció una irregularidad en una orden cobrada por Silvina Díaz.
Elecciones en medio del escándalo
La Asociación Bioquímica de Salta se encuentra en pleno proceso de renovación de autoridades de su Comisión Directiva. Cuando se inició la auditoría, en noviembre de 2016, su por entonces presidente (hoy imputado), Enrique Bardi, al verse sospechado decidió tomarse licencia hasta el final de su mandato, que se cumple en mayo.
Desde entonces, Buttazzoni -quien era el vicepresidente-, asumió como presidente pero no se presentará como candidato a quedarse formalmente con el cargo en las elecciones del 23 de mayo, según adelantó Di Fonzo.
El viernes 28 vence el plazo para que se cierren y se presenten oficialmente las listas que buscarán quedarse con la Comisión Directiva y guiar los destinos de una institución involucrada en una causa penal grave.
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