Las fincas El Aybal y El pajeal tienen 23.000 ha estratégicas en la frontera. Además confirmaron las condenas contra Delfín Castedo y su narcoclan.
La sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la semana pasada las condenas dictadas en 2022 contra Delfín Reinaldo Castedo y otras seis personas por integrar una asociación ilícita dedicada al narcotráfico. Además, en línea con lo planteado por la Procunar NOA y la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes, los magistrados revocaron la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Salta que había rechazado el decomiso de un tractor y siete topadoras secuestradas en la causa.
El 7 de diciembre del año pasado, los jueces Federico Santiago Díaz y Mario Juárez y la jueza Marta Liliana Snopek condenaron a Delfín Reinaldo Castedo, a 16 años de prisión tras considerarlo jefe de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos provenientes de dicha actividad.
Por otra parte, Raúl Amadeo Castedo -hermano del jefe- y el martillero público Eduardo Torino, fueron condenados a nueve años de prisión como miembros de una asociación ilícita. Por el mismo delito, le impusieron una pena de 7 años a los comerciantes Alberto Yudi y Luis Yudi, mientras que la ex mujer del líder del clan, Melba del Carmen Araujo, recibió 5 años de prisión.
En tanto, Mario Alberto Yudi -hijo de Alberto- fue condenado a tres años de prisión por lavado de activos, pero resultó absuelto por el beneficio de la duda respecto a la imputación como miembro de la organización.
Las defensas recurrieron a Casación
Contra la condena, las defensas recurrieron a la Cámara Federal de Casación y sostuvieron que el tribunal realizó una errónea aplicación de la ley y una valoración arbitraria de la prueba. Sostuvieron también que durante el debate hubo cercenamiento del ejercicio de la defensa y que la fiscalía realizó una acusación sorpresiva.
En el fallo, los camaristas analizaron la resolución tomada por el TOF y recordaron que quedó acreditado que «los encartados liderados por Delfín Castedo, al menos desde el año 2000 en adelante -e incluso una vez producidas las detenciones de los hermanos Castedo en 2016 integraron una asociación ilícita destinada fundamentalmente al tráfico de estupefacientes».
Marcaron también la participación del fallecido exdiputado provincial Ernesto Aparicio, quien era el propietario de la finca «El Pajeal». En el fallo del Tribunal se había indicado que «Delfín Castedo lideró una empresa criminal de tamaña envergadura que contrabandeaba droga principalmente desde Bolivia hacia nuestro país mediante un paso internacional, paso privado y sin control ni restricciones, del que se valió a través del dominio territorial sobre la finca El Pajeal, y que intentó extender sobre la finca El Aybal, ejerciendo un señorío absoluto sobre la frontera». Sostuvo además que el eje de la organización era lograr el dominio sobre la frontera argentino-boliviana.
«La empresa se encontraba sustentada sobre rasgos de clan de corte familiar, de manera tal que de ella formaban parte la madre de los hijos de Delfín Castedo: Melba del Carmen Araujo, su hermano Raúl Castedo, amigos como Luis y Alberto Yudi y profesionales vinculados al negocio inmobiliario y la explotación agropecuaria como Eduardo Torino.
«También fue suficientemente demostrada la acumulación por parte de Delfín Castedo de dinero y bienes derivados de las operaciones de narcotráfico y contrabando que desplegaba y los esfuerzos dirigidos a administrar, aplicar y convertir las ganancias de origen ilícito en bienes registrables y no registrables, valiéndose de la pantalla que le confería la actividad económica rural que posibilitaba la explotación de la finca ‘El Pajeal’, sostuvieron.
Maquinaria decomisada
En otra resolución, la sala II hizo lugar a un reclamo presentado por la Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA y la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes contra de la decisión del Tribunal de rechazar el decomiso de un tractor y siete topadoras que fueron secuestradas en el marco de la causa.
Las maquinarias, valuadas en 1.750.000 dólares, junto a las fincas El Pajeal y El Aybal -con un estimado de más de 23 mil hectáreas y ubicadas en la localidad de Salvador Mazza, en el límite con el Estado Plurinacional de Bolivia- formaron parte del pedido de decomiso realizado por el MPF en el juicio. En el fallo, el Tribunal había hecho lugar a la confiscación de la finca El Aybal mientras que el otro inmueble fue decomisado el 27 de noviembre pasado.
Parque vial millonario
Las maquinarias de propiedad de Delfín Castedo están valuadas en casi dos millones de dólares. Con esas maquinarias el depositario de las mismas realizó el desmonte de las fincas ahora decomisadas, extrayendo centenares de miles de ejemplares de árboles de distintas especies, cuyo rédito y destino se desconoce. Las maquinarias ahora decomisadas se encontraban en tenencia del depositario judicial.
Se trató de una resolución del Juzgado Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal 2 de Lomas de Zamora en favor de la Sociedad Administradora de Campos de la Universidad de Buenos Aires.
Las maquinarias pasarán ahora a propiedad del Estado nacional.
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