Lo dispuso el juez Sebastián Casanello, que, en paralelo, le ordenó en otra causa al Gobierno que informe cómo va a distribuir los alimentos que no entrega a los comedores.
El juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por una presunta administración fraudulenta de fondos que la organización recibió del Estado como parte del Plan Potenciar Trabajo. La sospecha es que el Polo Obrero usó “facturación apócrifa” y simuló “gastos no concretados” para “disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos” recibidos del Estado, sostuvo Casanello.
Según la hipótesis del juez, “lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”.
En paralelo, en otra causa que investiga serias demoras del Gobierno en el reparto de alimentos a comedores, Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano que presente el “stock” actual de alimentos de varios depósitos que detalló y le pidió que “elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas [al juzgado]”.
El Gobierno reconoció el jueves pasado que cerca de 5 mil toneladas de alimentos adquiridos durante la anterior gestión se encuentran guardados en los depósitos del Ministerio de Capital Humano como reserva para situaciones de “emergencia”. La denuncia que dio origen a este expediente la presentó Juan Grabois contra la ministra Sandra Pettovello.
En cuanto a la causa en la que se dispuso la indagatoria de Belliboni, el expediente se inició por denuncias de beneficiarios del Potenciar Trabajo que dijeron que los obligaban a ir a las marchas si querían conservar sus planes y que les cobraban un porcentaje de sus ingresos para solventar los gastos de la organización (fueron tres denuncias contra el Polo Obrero, una contra Barrios de Pie y otra contra el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). La investigación judicial encontró pruebas que ratificarían estas denuncias, pero que, además, acreditarían un desvío de los fondos que el Polo Obrero recibía como unidad de gestión del Potenciar Trabajo.
Belliboni, que deberá presentarse a declarar el 25 de junio próximo, a las 9, integra una lista de citados a indagatoria que son, en total, 23. La nómina está formada además por otros dirigentes del Polo Obrero y dos grupos de personas asociadas bajo la Cooperativa Agustín Tosco y la Asociación Civil Caminos de Tiza. En el caso de estas dos últimas agrupaciones, las indagatorias no incluyen la sospecha de la administración fraudulenta de los fondos; sí, de extorsión y amenazas a los beneficiarios de planes.
“Vamos a ir a presentarnos, yo y todos los compañeros citados; no tenemos nada que ocultar. No solo vamos a ir a declarar lo que quiere escuchar Casanello, sino que vamos a ir a denunciar”, dijo hoy Belliboni en Radio La Red.
La citación a Belliboni se debe a que firmó convenios con el Estado y presentó rendiciones de cuentas del Polo Obrero como “unidad de gestión” del Potenciar Trabajo, informaron fuentes de la causa. El juez relata en su resolución de hoy que el rol de esas unidades era “garantizar y hacer posible, a través de propuestas productivas, la inclusión social de aquellas personas en situación de vulnerabilidad social y económica”.
Las unidades de gestión, por un lado, controlan que se cumplan los requisitos para acceder o conservar el plan (que los beneficiarios cobran con sus tarjetas); por otro lado, reciben ellas dinero del Estado con el fin de armar la estructuras y sostener proyectos para colaborar a la reinserción laboral de desocupados.
“Considero acreditado -con el grado requerido legalmente en esta etapa- que diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa ‘Potenciar Trabajo”, dijo el juez.
“Ello resulta de la comprobación del empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas ‘Ediciones e Impresiones Rumbos SRL’ y ‘Coxtex SA’-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos. Se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado. Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, afirmó el juez.
Las firmas a las que alude Casanello en su fallo, Rumbos SRL y Coxtex, estarían relacionadas, según la investigación, con el Polo Obrero.
La causa contra Desarrollo Social
La causa contra la ministra Pettovello por el incumpliento en la entrega de alimentos a los comedores se inició el 5 de febrero por una denuncia de Grabois, que sostuvo que se estaban violando las obligaciones contraídas por el Estado en el marco del Plan Nacional Argentina contra el Hambre y que estaban afectadas muchas personas en situación de extrema pobreza.
La fiscal Paloma Ochoa le pidió al juez, en esta causa, que dictara una “medida innovativa” para ordenarle al Ministerio de Desarrollo Social que, en un máximo de cinco días, entregue los alimentos retenidos que están demandando Grabois y todos los inscriptos en el Registro Nacional de Comedores.
La fiscal fundó su pedido en la necesidad de “hacer cesar la comisión del delito o sus efectos” y en que existe un temor fundado en que podría producirse un perjuicio de difícil o imposible reparación ulterior vinculado con la “impostergable necesidad alimentaria de sectores vulnerables de la población”.
El juez no accedió a ordenarle al Gobierno la inmediata entrega, pero sí le dijo que dentro de los tres días tendrá que presentar al juzgado el plan “preciso” de cómo va a distribuir los alimentos.
Casanello recordó en su resolución que el Ministerio de Capital Humano había informado que debía mejorarse el mecanismo de entrega de los alimentos, que tenía irregularidades. Y que el vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció la existencia de comida almacenada.
El juez advirtió que las presuntas víctimas de los hechos que se investigan no son los comedores, sino las personas que “integran los grupos socialmente vulnerables y los segmentos particularmente empobrecidos de la población, que requieren, sin demora, cuidados especiales”. Y que “los comedores, en todo caso, son parte de una red de contención, son un medio, no un fin en sí mismo”.
“Los hechos de la causa deben ser enmarcados en los datos del presente -dijo el juez-. Una referencia de esta realidad se encuentra en los informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) que señalan que el 57,4% de la población argentina se encuentra en situación de pobreza, dentro del cual se encuentra más del 60% de los niños, niñas y adolescentes, cuyo 32% padece inseguridad alimentaria -el 14% de forma severa-.”
Casanello afirmó: “En este estado de cosas, de cara a ese colectivo que sufre de modo acuciante inseguridad alimentaria y sobre quien pesa el costo de la parálisis denunciada, aparece la necesidad de la adopción urgente de una acción positiva en cumplimiento del deber legal de evitar que los efectos de las conductas bajo reproche alcancen consecuencias ulteriores”.
Pero el juez sostuvo que no le corresponde “sustituir a la administración” y, por eso, en lugar de ordenar la entrega, dispuso, por un lado, que el Gobierno le informe el stock de alimentos almacenados en los depósitos de Villa Martelli, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, provincia de Tucumán. En simultáneo, que le presente en detalle cuál va a ser el plan para repartir esos alimentos, “previendo su ejecución de modo inmediato”.
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