En la Procunar consideran que es una pieza clave en la organización dedicada al narcotráfico por lo que cuestionan la inacción de la Justicia.
Con los hermanos Raúl y Delfín Castedo detenidos y procesados por liderar una organización criminal dedicada al narcotráfico, la Procunar y todo el Ministerio Público Fiscal Federal insisten en el avance de la justicia sobre otras patas fundamentales para comprobar las actividades delictivas.
Las enormes ganancias que reporta el narcotráfico requieren que las mismas sean blanqueadas de alguna manera y, según los fiscales, el clan Castedo no era ajeno a estas maniobras. El rol principal en esa parte del negocio sería un hombre que ya fue investigado pero sobre el cual no pesa ningún procesamiento y hasta incluso fue sobreseído, lo que mantiene indignados a los fiscales. Se trata del presunto testaferro de la organización: Eduardo Torino.
Su nombre comenzó a aparecer en las primeras investigaciones que la Justicia hizo sobre los Castedo, sobre todo cuando se apuntó a las dos fincas que los hermanos tienen en el límite entre Salvador Mazza y Bolivia.
El fiscal titular de la Procunar, Diego Iglesias, y su par de Salta, Eduardo Villaba, sostuvieron meses atrás que en 2006 –poco después del homicidio de Liliana Ledesma, por el cual los Castedo están procesados por su autoría intelectual-, la empresa Anzere SA, representada por Torino, compró la finca El Aybal a Delfín Castedo. También afirmaron que Torino es el administrador de la otra finca, El Pajeal, supuestamente usadas para el ingreso, acopio, acondicionamiento e inicio del traslado de la cocaína.
En 2007, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta sostuvo que los Castedo, el difunto ex diputado provincial Ernesto Aparicio y Alberto Yudi conformaban una sociedad para el tráfico de drogas y el lavado de activos. En esa resolución, ordenó por primera vez que se investigue a Torino. Pero el 18 de mayo de 2011, la Justicia lo sobreseyó.
Desde la Procunar le confiaron a LA GACETA su preocupación por la falta de avances judiciales sobre Torino. Desde hace meses esperan que sea indagado y procesado, como lo solicitaron.
Respecto a aquél sobreseimiento, el Ministerio público Fiscal planteó ante el juzgado Federal de Orán, hoy a cargo de Gustavo Montoya que se decrete la cosa juzgada fraudulenta, pero el juez optó por enviarlo a la Cámara Federal junto con la apelación de otras resoluciones. La Cámara respondió que no les correspondía a ellos resolver la cuestión sino el juzgado de primera instancia, por lo que retornó al despacho de Montoya, donde aún nada se resolvió.
¿Por qué es tan importante Torino para los fiscales?
Los investigadores saben que Delfín Castedo comandó la organización narco desde la muerte de Aparicio y consideran que Torino es la pieza clave en el lavado de activos ya que es su testaferro.
La investigación de UIF afirma que Castedo vendió El Aybal a Eduardo Torino (sería su testaferro y administrador de las fincas) en $1.800.000 pero con un insólito mecanismo de pago: se abonaron $300.000 en un inicio y luego una cuota de $150.000 pero pagada dos años después y sin ningún tipo de interés.
Para Nicolás Malone y su compañero Martín Olario, fue una maniobra de simulación registral para esquivar la Justicia hecha en 2005, pero que diez años después aparecieron escuchas que demuestran que Castedo le daba órdenes a Torino de qué hacer en la finca, demostrando que sigue siendo el dueño.
En esas escuchas se apoyan los fiscales, entre otros elementos, porque se los oye hablar acerca del alambrado, mensura, obtención de agua y hasta del desalojo de un productor rural de nombre Pilar Rojas, que hacía 40 años que vivía en el lugar, hoy comprendido dentro de la finca.
En ese sentido cabe recordar que Liliana Ledesma era una productora rural de la zona y fue asesinada salvajemente –con signos mafiosos- en Salvador Mazza, luego de denunciar públicamente a los Castedo como narcotraficantes.
Los fiscales se basan también en sostener que existe una profunda incongruencia en las resoluciones judiciales. Así, citan un fallo en el que Montoya escribió que “Delfín Castedo era el propietario de la finca El Pajeal, ejercía un pleno dominio sobre la finca».
También resaltaron expresiones del juez Nelso Aramayo como que “de las pruebas colectadas surge que la ubicación privilegiada de las fincas en cuestión, pues limitan con Bolivia, por lo tanto desalojar a los pequeños productores era un objetivo primordial para los Castedo para así asegurar una zona liberada para el contrabando y el narcotráfico, estas razones justifican el accionar de los acusados”. Pese a todas esas consideraciones de los jueces, jamás se embargaron las fincas.
Iglesias sostuvo que ambas fueron compradas y vendidas bajo maniobras tendientes a evadir la justicia y a lavar activos. En los papeles, la finca “El Aybal” no pertenece a Castedo sino a la empresa Anzere SA situada en Uruguay que, según datos aportados por la Red Iberoamericana de Fiscales Antidrogas (Aiamp) a los oficiales del Ministerio Público era una firma offshore señalada en los “Panamá Papers”, disuelta por el gobierno uruguayo por no cumplir con los requisitos societarios.
Ese fue el motivo por el cual Montoya no embargó las fincas, pero los fiscales consideraron que es una maniobra típica para desligar al presunto narco, de quien aseguran que sigue manejándolas a través de Torino.
Los fiscales Villalba e Iglesias cargaron contra el juez subrogante de Orán, Montoya, sosteniendo que “tiene una visión atomizada que nos impide avanzar en las imputaciones”, ya que sus resoluciones hacen que no se vinculen unos hechos con otros de manera que no se pueda llevar adelante una investigación conjunta con todos los hechos que, aunque parecen independientes, están vinculados a un mismo accionar delictivo.
Mariano Álvarez, abogado de Castedo, afirmó en su momento que la venta de El Aybal de Castedo a Eduardo Torino (poco después del asesinato de Liliana Ledesma) “simplemente fue una maniobra de registración comercial”.
Lo resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones
Los jueces Ernesto Sola y Renato Rabbi Baldi Cabanillas afirmaron que la negativa del juez instructor, Gustavo Montoya, “responde a una interpretación sesgada de las pruebas colectadas en la causa”.
Así, confirmaron el embargo de los bienes de Delfín Castedo, pero hizo lugar parcialmente al pedido realizado por los fiscales de que se embarguen las fincas El Pajeal y El Aybal. En lugar del embargo, ordenó “la anotación de litis sobre los bienes inmuebles matrículas 4329 (Finca ‘El Pajeal’) y 17.163 (Finca ‘El Aybal’) y le ordenó al juez instructor que forme un incidente referido a esta medida cautelar y al “hipotético futuro decomiso de los bienes inmuebles descriptos en el punto anterior”.
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