En la mañana de ayer familiares de los hermanos Saavedra se manifestaron. Horas después, la parroquia de Santa Victoria fue allanada.
Horas más tarde la Policía de la Provincia se apersonó en la lejana localidad de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia, a practicar dos nuevos allanamientos en busca de nuevas evidencias para sustentar la acusación en contra de los tres hermanos Saavedra.
En ese lugar del Chaco salteño se allanaron la parroquia San Ignacio de Loyola y posteriormente la casa del voluntariado profesional franciscano, en donde se alojaba uno de los detenidos y el principal sospechoso para la Justicia provincial, es decir Javier Nicolás Saavedra.
Fuentes de la Iglesia informaron anoche que la medida judicial se materializó mediante exhorto firmado por la jueza de Garantías de Quinta Nominación, Ada Zunino, a la fiscalía pertinente en donde se especifica la búsqueda y secuestro de un teléfono celular. Cabe acotar que el encartado Javier Saavedra fue detenido en esa misma localidad, cuando la policía lo encontró en la casa del voluntariado profesional franciscano, lugar que también ayer fue allanado.
La búsqueda, según fuentes de la iglesias San Ignacio de Loyola, fue infructuosa y a la vez llamativa, por el tiempo que transcurrió desde que el sospechoso fue detenido en ese alejado lugar de la provincia de Salta, y la búsqueda exhaustiva que se realizó en su momento de todas las pertenencias del ahora detenido Javier Nicolás.
Consultado por este medio, el defensor de los hermanos Saavedra, Marcelo Eduardo Arancibia, dijo que se anotició de los allanamientos de boca de los franciscanos que allí habitan y que se sorprendió de la extemporánea y desesperada búsqueda de un supuesto elemento de prueba.
En ese contexto, dijo no compartir las manifestaciones callejeras cuando el proceso penal está en marcha. Menos cuando de a poco la defensa está destruyendo con elementos fundados la acusación que pende sobre los tres hermanos Saavedra. Allí el defensor hizo mención que uno de ellos ya fue beneficiado hace más de un mes con la prisión domiciliaria, pero dijo, algo contrariado, que hasta el día de hoy la decisión del Tribunal de Impugnación no fue acatada con la celeridad y la obediencia que ese poder merece.
En octubre de 2022, el ministro de Seguridad y Justicia Abel Cornejo informaba que Salta incorporaba 200 tobilleras. Destacó, el entonces ministro, que estas tobilleras permitirían descomprimir la superpoblación carcelaria.
Al respecto dijo que primero hubo una serie de errores técnicos, luego surgió que no había tobilleras electrónicas y luego otras desinteligencias -digamos- que hicieron que la decisión del Tribunal de Impugnación no fuera acatada, pese a los fundados reclamos que realizó la defensa en aras de ese beneficio ya concedido.
En líneas generales, el caso Jimena Salas continúa en proceso investigativo y, en ese orden, se supo que está programada una pericia antropométrica para determinar si el brazo que se ve en una de las fotos tomadas a un supuesto causante coincide o no con las medidas antropométricas del principal imputado, es decir Javier Nicolás Saavedra. Esa pericia, que no es determinante pero sí indiciaria, se realizará el 17 de mayo, informó el defensor.
El caso
El crimen de Jimena Salas, cometido el 27 de enero de 2017, se encuentra aún impune. El caso, luego del fracaso del primer juicio, tiene ahora tres imputados, hermanos entre sí.
Dos fueron detenidos en el barrio Parque Belgrano en la ciudad de Salta y el tercero fue encontrado en la parroquia San Ignacio de Loyola del pueblo de Santa Victoria Este, en el extremo norte provincial, donde colaboraba como voluntario desde 2018.
La Unidad Fiscal integrada por Mónica Poma, Gabriel González y Leandro Flores, que se encuentra a cargo de la investigación del crimen, acusó a los hermanos Damián, Guillermo y Javier Saavedra, por el delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso predeterminado de dos o más personas y femicidio.
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