El exsecretario de Seguridad y actual vocal del Tribunal de Faltas fue acusado en el marco de la causa que investiga visitas irregulares en la Unidad Carcelaria de Orán al detenido Oscar Alberto Díaz.
Cruz autorizó en los últimos días de mayo de 2022 el ingreso de un supuesto abogado de apellido Monge a la cárcel Orán, quien poco después fue asesinado.
Para la Procuración “el ingreso de Darío Monges a entrevistarse con el condenado Díaz, se habría producido por orden de otro coimputado, previa intermediación del Secretario de Seguridad”.
El informe de la Procuración en el que este viernes se anuncia la decisión de imputar al ex secretario de Seguridad, se produce luego de un reciente entredicho público, entre el ex ministro del área, Abel Cornejo y el actual Procurador Pedro García Castiella, en torno a la irregular autorización de ingreso a la Unidad Carcelaria N° 3 de Orán, del supuesto abogado de la secretaría de Seguridad, Esteban Darío Monge, para entrevistar al detenido Oscar Alberto Díaz.
En los primeros días de septiembre de 2022 Monge fue asesinado de cinco balazos.
Consultado hace un par de semanas en una entrevista periodística (Radio Nacional Salta) sobre el crimen de Monge, el Procurador General Pedro García Castiella, dijo : “ Hay una situación que debe develarse, es en la vinculación entre Ángel Sarmiento, Benjamín Cruz y el ministro”, en alusión a Abel Cornejo quien se desempeñaba como ministro de Seguridad y Justicia en ese momento.
Pocos días después Cornejo dio a conocer públicamente el texto de una nota que, en su carácter de ministro, envió al Procurador García Castiella, con fecha 8 de junio de 2022, en la que pide se investigue un probable delito de acción pública, a raíz del ingreso a la cárcel de Orán de una persona que desconocía y también el carácter que invocó para hacerlo, pero que dijo haber estado autorizada por el secretario de Seguridad.
La nota del entonces ministro Cornejo al Procurador dice textualmente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi carácter de ministro de Seguridad y Justicia, a fin de informarle que en fecha 1 de junio del corriente, tomé conocimiento a través de la directora del Servicio Penitenciario, de la visita por parte del señor Darío Esteban Monges, al interno Oscar Alberto Díaz, quien se encuentra investigado en el expediente 62840/20 con intervención del Juzgado de Garantías 2 de Orán. Que a instancias de la presencia en la Unidad Carcelaria 3, el señor Monges se presentó como abogado asesor del ministerio de Seguridad y Justicia, enviado por Benjamín Cruz, que en virtud de tener absoluto desconocimiento de quién se trata dicha persona, como también el carácter que invocó, remito la presente a fin de que se investigue la posible comisión de un delito de acción pública, que para mayor ilustración acompaño la constancia de la lista sabana de visitas conformada por la oficina de Atención al Ciudadano, de fecha 1 de junio del corriente”.
Título que dice poco
La imputación al ex secretario de Seguridad y actual vocal del Tribunal de Cuentas Municipal, Benjamín Cruz, fue informada oficialmente en la página web de la Procuración .
El anuncio estuvo precedido de un extenso título, que no guarda relación con la magnitud política del hecho, ni con el estilo habitual de la información que diariamente distribuye la Procuración:“Investigación por irregularidades cometidas por funcionarios públicos en el ámbito de sus funciones en la Unidad Carcelaria N° 3 de la ciudad de Orán”.
A ese título le sigue una justificación que se apoya en el artículo 263 del Código Procesal Penal de Salta que dice lo siguiente:
“Ante la pretensión de instalación de información inexacta, que podría generar confusión en la opinión pública, el Código Procesal Penal de Salta en su art. 263 contiene la manda de “…formular aclaraciones ante la divulgación de informaciones erróneas o que no se corresponda con los trámites cumplidos…”.
El informe periodístico no consigna cuál es la información errónea que se pretende corregir o aclarar, tras lo cual desarrolla el detalle de las intervenciones en tono a la situación procesal y lugar de detención de Oscar Alberto Díaz( el detenido que fue visitado por el supuesto abogado Monge), su traslado a Villa Las Rosas, la nota de carácter reservado del ministro de Seguridad ( la que se menciona más arriba) las responsabilidades (administrativas y penales) que pueden derivar de aquella autorización irregular y detalles de la investigación penal del Ministerio Público Fiscal , que hasta el momento no se habían dado a conocer.
El extenso documento describe que la estructura de seguridad de la Cárcel de Orán no era la adecuada para la detención de Oscar Alberto Díaz, que había sido capturado y entregado por autoridades bolivianas el 26 de mayo del 2022; por ese motivo, a pedido de las autoridades del penal y por pedido de la fiscal y con intervención del juez de Garantías, Díaz fue trasladado a la Unidad Carcelaria de Villa Las Rosas, el día 5 de junio.
Más tarde, en otro parte publicado en la misma página del Ministerio Público Fiscal se sintetizó la información bao el titulo: “Se imputó al exfuncionario Benjamín Cruz por tráfico de influencias”.
La nota del ministro de Seguridad
Sin mencionar nombre, explica después la instancia de la nota del ministro de Seguridad de entonces (Abel Cornejo), quien con fecha 8 de junio pidió la investigación de la posible comisión de un delito de instancia pública.
Sobre la nota del entonces ministro la Procuración dice:
“La nota de carácter reservado de fecha 8 de junio de 2022 dirigida por el entonces Ministro de Seguridad que refería a una supuesta situación irregular producida en el ámbito funcional de ese Ministerio, y que había sido comunicada al titular de esa cartera el día 1 de junio de 2022 relacionada al ingreso irregular por parte del ciudadano Darío Monges en visita al detenido Oscar Alberto Díaz dentro del sistema carcelario de Orán, fue cursada a la Procuración General, después de siete días de haber tomado conocimiento de ello.”
Investigación penal inmediata
Inmediatamente sostiene la Procuración que “Dicha irregularidad, en términos de sus consecuencias jurídicas provoca dos niveles diferentes de responsabilidad susceptibles de ser investigada, la administrativa por un lado y la penal por el otro.”
Añade que “en lo que refiere y compete al Ministerio Público Fiscal la investigación penal fue producida inmediatamente en tiempo y forma, mediante la remisión del día 10 de junio de 2022 a la fiscalía Penal N° 2 de la ciudad de Orán a cargo de la Dra. Mariana Torres, que por jurisdicción territorial correspondía.”
“El hecho informado, en lo que al proceso penal corresponde consistió en haberse permitido el ingreso de un supuesto abogado que pretendía tener contacto con un preso provincial, impostando tanto una condición administrativa representativa del propio Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia, como así también calidad de abogado.”
Circunstancia histórica
Añade después lo siguiente: “En el contexto de esta circunstancia histórica, el Ministerio Público Fiscal generó inmediatamente la Averiguación Preliminar N° 66/22, por parte de la fiscal zonal.
En dichas actuaciones, la magistrada sin dilación alguna solicitó cámaras del interior del penal el día 16 de junio de 2022, informe al Colegio de Abogado, entre otras diligencias.
Con posterioridad se dispuso la creación de la unidad fiscal sumando la intervención de la Fiscalía Penal N° 2 de Salta capital, a cargo del Dr. Ramiro Ramos Ossorio.
Orden administrativa ilegítima
Advierte después la Procuración que “la referida investigación actualmente se encuentra en plena tramitación, habiéndose efectuado incluso en el año 2023 requerimiento parcial acusatorio en contra uno de los imputados por haber emitido una supuesta orden administrativa ilegítima para autorizar el ingreso del Sr. Monges a la Unidad Carcelaria N° 3 de la ciudad de Orán”.
El homicidio de Monges y la imputación a Cruz
Aclara luego que “como es de público conocimiento la investigación y juzgamiento del homicidio del Sr. Dario Monges, se lleva a cabo en el ámbito de la Justicia Federal” y que en atención a un trabajo mancomunado con la Procunar el 2 de agosto de este año “recepcionó actuaciones complementarias en el marco del caso caratulado “HOMICIDIO DE MONGES” N° 49382/22, consistentes en aspectos que podrían interesar a la investigación del ingreso irregular del penal.” (sic)
Tras ese párrafo se explica la imputación al actual vocal del Tribunal de Cuentas y ex Secretario de Seguridad:
“Ante ello, a fin de develar acabadamente las circunstancias, producidas en el interior de dicho Ministerio se profundizaron las tareas de investigación y se dispuso el día 1 de octubre del cte. año, formular Decreto de Imputación en contra de Benjamín Andrés Cruz, ex Secretario de Seguridad por el delito de Tráfico de Influencias, Art. 256 Bis del C.P. ello en atención a que el ingreso del Sr. Darío Monges al entrevistarse con el condenado Díaz se habría producido por orden de otro coimputado, previa intermediación del Secretario de Seguridad de ese momento, factor señalado por el compañero de causa Sarmiento ex Director de Políticas Penal y de otros elementos de cargo existentes en la causa, haciendo valer indebidamente su influencia de funcionario público, en procura de garantizar el perfeccionamiento del compromiso o acuerdo previamente asumido con dicho sujeto.”
La causa que se sigue contra Ángel Sarmiento, ex director General de Políticas Penales de la provincia de Salta, lo tiene como posible autor de los delitos de abuso de autoridad y revelación de secretos calificado en perjuicio de la administración pública, se encuentra requerida a juicio.
Conclusión
El documento cierra con la siguiente conclusión:
“Resulta necesario aclarar que por las irregularidades del ingreso del Sr. Darío Monges a la Unidad Carcelaria N° 3 de Oran, a cargo del Servicio Penitenciario de la Provincia, se encuentra activa una investigación en curso en la jurisdicción provincial y en permanente coordinación con los avances y estado procesal de la investigación que lleva adelante la Procuraduría de Narco Criminalidad de la Procuración General de la Nación, puesto que se tratan de procesos complejos que podrían involucrar organizaciones criminales y toda injerencia de terceros ajenos a la investigación resultan pretensiones infundadas que intentan provocar confusiones e interferencias perniciosas contrarias a la finalidad del proceso penal.”
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