Con los votos de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, el tribunal dejó firme la acusación contra la vice por asociación ilícita y 27 hechos de coima
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó, en un voto dividido, un planteo de la vicepresidenta con el que buscaba dejar sin efecto su procesamiento en el caso conocido como los Cuadernos de las Coimas. Con la decisión de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, quedó firme la acusación contra Cristina Kirchner por asociación ilícita, en calidad de jefa y cohecho pasivo por 27 hechos, en calidad de coautora.
El caso Cuadernos fue elevado a juicio oral el 20 de septiembre de 2019, después de que la Cámara federal porteña confirmó las acusaciones atribuidas a Cristina Kirchner y a más de un centenar de acusados.
El expediente central -ya que cuenta con seis casos conexos- sostiene que se dio por corroborada la existencia de una «asociación ilícita que desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional».
La principal acusada en cabeza de esa organización, según la justicia federal, es la vicepresidenta. En oposición a los delitos atribuidos, su abogado Carlos Beraldi presentó un recurso de queja ante la Cámara de Casación.
En un fallo de doce páginas al que accedió Clarín -con el voto en disidencia de la jueza Ana María Figueroa- se rechazó la queja de Cristina Kirchner.
» La presentación directa en estudio no habrá de prosperar en la medida en que la resolución recurrida no supera el límite de impugnación objetivo previsto por el Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), ya que no se trata de una sentencia definitiva ni de un auto que ponga fin a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones», evaluó el juez Barroetaveña.
Compartiendo dicho criterio, Daniel Petrone agregó: «A mi modo de ver, la parte recurrente no logra refutar de forma adecuada en su presentación directa la ausencia del presupuesto objetivo de admisibilidad que se advierte como objeción al recurso de casación intentado».
En otro tramo de la resolución indicó que los argumentos del abogado Beraldi no alcanzan «a demostrar que el decisorio atacado (la confirmación del procesamiento por parte de la cámara de apelaciones) genere a esa parte un agravio de tardía o imposible reparación ulterior o que involucre el debate de una cuestión federal».
Con el rechazo del recurso de queja, los jueces del máximo tribunal penal dejaron firme el procesamiento contra Cristina como jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales, sobornos que eran pagados por empresarios contratistas del Estado, sostiene la imputación.
Cuando el caso fue elevado a juicio oral, se indicó que la asociación ilícita fue comandada por «Néstor y Cristina Kirchner» en su rol de presidentes de la Nación. Y que el dinero era «entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo o sus secretarios privados en Uruguay 1306 (donde vive la Senadora actualmente), en la Residencia Presidencial de Olivos y/o en la Casa de Gobierno; parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos».
Según la acusación, la maniobra fue organizada por Julio De Vido (entonces ministro de Planificación Federal) y Roberto Baratta (ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión), «quienes desde los cargos que ocupaban se encargaban de que se realizaran los cobros comprometidos».
Por este motivo, De Vido, Baratta y José López se encuentran procesados en carácter de organizadores de la asociación ilícita y cohecho pasivo, todos ellos con prisión preventiva.
Respecto al rol del ex chofer de Baratta, Oscar Centeno, pese a sus reiterados pedidos para ser sobreseído, irá a juicio oral acusado como miembro de la organización delictiva. Tiene otorgada la libertad por ser el primer «arrepentido» en el expediente, y es parte del programa de imputados protegidos.
Siempre según la acusación final del juez Claudio Bonadio en la instrucción, el sistema funcionó con la «participación indispensable» de los empresarios, todos sobreseídos por el delito de asociación ilícita y sólo responderán en el juicio oral por la acusación de cohecho. «El sistema estribaba básicamente en una serie de ‘puntos fijos de recaudación’, en los cuales se reunían los funcionarios identificados con los empresarios, de los cuales recibían dinero en efectivo, principalmente en moneda estadounidense; alternativamente esos ‘puntos fijos’ se concretaban en estacionamientos públicos o privados y el ‘pase’ de dinero se hacía directamente de automóvil a automóvil o también en oficinas públicas y privadas», detalló el juez.
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