La Cámara de Casación analizará si pagaron sobornos o si se trató de un aporte electoral; los involucrados buscan que el expediente se resuelva en la justicia electoral.
La Cámara de Casación abrió la puerta para que empresarios acusados de pagar coimas en el “caso de los cuadernos” eviten el juicio oral y público y en cambio enfrenten una acusación por delitos electorales, que ya estaría prescripta. Si el tribunal hace lugar a este pedido de los acusados, solo quedarían en juicio oral Cristina Kirchner y los exfuncionarios procesados del entonces Ministerio de Planificación Federal.
Los jueces de la Cámara de Casación Diego Barroetaveña y Daniel Petrone firmaron tres resoluciones en las que hacen lugar a la queja planteada por tres empresarios para analizar su reclamo acerca de que el tribunal que los juzga por el caso de los cuadernos de las coimas es incompetente para actuar. Los empresarios señalaron que no son responsables de haber pagado coimas, sino de haber realizado aportes electorales no declarados. Y que por lo tanto no es un asunto de la justicia penal federal, sino de la justicia electoral.
“Técnicamente abrir el recurso es solo darle trámite, es analizar el fondo del planteo, no quiere decir que vayan a darles la razón. Si hubieran rechazado el recurso directamente, ni lo miraban”, advirtieron funcionarios judiciales ante la consulta de LA NACION.
“En la medida en que la queja interpuesta reúna los requisitos de admisibilidad y fundamentación -señalaron Petrone y Barroetaveña- corresponde autorizar la apertura de la instancia casatoria y habilitar el conocimiento de esta Sala, sin que ello implique adelantar opinión sobre el fondo del asunto”.
Ahora, los jueces Petrone y Barroetaveña deberán decidir si hacen lugar al pedido de los empresarios o si lo rechazan. La medida beneficia en este tanda de presentaciones al empresario Armando Loson, expresidente del Grupo Albanesi, dedicado a la generación de energía; a Hugo Dragoanetti, presidente de la constructora Panedile, que se dedica a grandes obras y a Jorge Balan, titular de la firma industrias Secco. Con anterioridad los jueces habían admitido tramitar la queja planteada por Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y exdueño de la constructora IECSA.
Algunos de los empresarios declararon como arrepentidos en el caso de los cuadernos y admitieron haber efectuado pagos a los funcionarios del kirchnerismo. Loson dijo ante el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio que fue extorsionado por los funcionarios kirchneristas para aportar dinero para las campañas electorales. Los pagos realizados por Loson se hicieron en Leandro N. Alem 855, sede de la empresa Albanesi.
Allí, el exsubsecretario de Coordinación del MInisterio de Plaificación Roberto Baratta y el secretario Nelson Lazarte retiraron un bolso con 300.000 dólares el 29 de agosto de 2013. Un día después, “Loson le entregó a Lazarte doscientos mil dólares”. Y la operativa se repitió: “El 16 de septiembre de 2013 Lazarte recibió de Loson trescientos cincuenta mil dólares; el 2 de junio de 2015 Lazarte recibió dos paquetes con un millón doscientos cincuenta mil dólares; el 29 de junio de 2015 Lazarte recibió de Loson quinientos mil dólares; el 21 de julio de 2015 Loson le entregó a Lazarte un millón de dólares; el 6 de octubre de 2015 Lazarte retiró cuatrocientos mil dólares”.
Dragonetti, que no declaró como arrepentido, admitió en la indagatoria que pagó dinero para que le liberaran las certificaciones de obras que habían sido adjudicadas a su empresa de manera lícita. Además, aclaró que los pagos se hicieron con dinero suyo y no con dinero de la constructora. En su primera declaración Dragonetti dijo que pagó el dinero por las obras públicas que tenía con el Estado. Luego declaró que se reunía con Baratta, pero para hablar de política y expresó que el dinero eran aportes para la campaña electoral.
Balán, un empresario santafesino, admitió al declarar como arrepentido un pago de 700.000 pesos en 2013 al exnúmero dos del Ministerio de Planificación Roberto Baratta. Su empresa se dedica a las obras y energía.
Desde comienzo de año, los jueces Petrone y Barroetaveña evalúan una queja similar de Calcaterra para que la imputación en su contra pase al fuero electoral. Ello significa que la acusación contra Calcaterra podría dejar de ser considerada como un delito común y tramitar como uno de naturaleza electoral, con una escala penal más acotada y plazos para la prescripción que y se habrían cumplido.
La queja fue planteada por la defensa de Calcaterra y de su colega Héctor Sánchez Caballero, ambos de la empresa IECSA. Calcaterra y Sánchez Caballero explicaron que los pagos que se les atribuyen en los cuadernos del chofer Oscar Centeno no fueron sobornos por la obra pública sino aportes para campañas electorales.
La jueza electoral María Servini le pidió al tribunal oral que tiene asignada la Causa Cuadernos que se inhibiera de seguir adelante con la imputación contra ambos y le enviara el expediente, por entender que era de su competencia. El 11 de octubre de 2023 el Tribunal Oral Federal N° 7 rechazó ese planteo y también la apelación de Calcaterra y Sánchez Caballero, ambos defendidos por Ricardo Rosental. La defensa insistió con un recurso de “queja” y la Casación decidió tratar el reclamo.
Los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Carlos Mahiques consideraron que “los agravios planteados por los recurrentes se encuentran debidamente desarrollados y fundados en la doctrina de la arbitrariedad y en una cuestión federal”.
De prosperar estos planteos, el “caso cuadernos” quedaría vaciado de empresarios, y solo quedaría en pie la acusación contra los exfuncionarios, encabezados por Cristina Kirchner que enfrenta una acusación de asociación ilicita y fraude.
Desde hace dos años se habla en círculos políticos, empresarios y judiciales de encontrar una solución para los hombres de negocios que admitieron ante Stornelli y Bonadio haber efectuado pagos al kirchnerismo en el caso de los cuadernos, según supo LA NACION al tanto de las conversaciones. Se barajó la idea de proponer al tribunal oral una “reparación integral” del daño de modo de que haciendo un aporte económico se extinguiera la acción penal, pero la idea no prosperó.
Los empresarios planteron ante los jueces del tribunal oral Germán Castelli, Fernado Canero y Enrique Méndez Signori que eran incompetentes y que enviaran sus legajos a la jueza federal electoral María Servini. La propia magistrada pidió a los jueces de tribunal oral que se inhiban de seguir entendiendo en el caso y le manden la parte de la causa relacionada con los empresarios.
Pero primero fue la fiscal de juicio Fabiana León y luego los jueces Canero, Castrelli y Méndez Signori los que se opusieron a enviar el caso a la justicia electoral, alegando que el asunto debía revisarse en el juicio oral.
La Casación, con la firma de Petrone y Barroetaveña, es la que decidirá. Son los mismos jueces que ayer rechazaron una queja por retardo de justicia que realizó la fiscal León contra el tribunal oral porque pasaron 4 años y medio y no decidió aún sobre la prueba que admitiría en el juicio oral.
No obstante, Petrone y Barroetaveña urgieron al tribunal oral para que sin dilaciones avancen con el juicio y que adopten los recaudos de la propia Casación para la realización de jucios en causas complejas como esta que tiene más de 160 imputados, entre empresarios y exfuncionarios.
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