La Unidad Fiscal creada para investigar la muerte de un hombre de 29 años, que era paciente oncológico y trasplantado, requirió juicio para nueve efectivos de la Comisaría 45 de Tartagal.
Solicitaron el juicio para Julio Cesar Martínez y Cristian Adrián Vargas por los delitos de vejaciones, severidades y omisión de los deberes de funcionario público en concurso ideal en perjuicio de Franco Centurión y el correcto funcionamiento de la Administración Pública, al advertirse durante la investigación que dispensaron un trato denigrante contra la víctima al momento de ser alojado en la dependencia policial, haciendo que se quitara la ropa y realizando acciones humillantes y de burla por su aspecto físico.
Para Ernesto Marino Velázquez, Rodrigo Albano Correa, Isaac Silvestre Galarza, Héctor Federico Flores, Marcelo Morales, Carlos Facundo Borjas y Francisco Ramón Espinoza por los delitos de severidades y omisión de los deberes de funcionario público en concurso ideal.
En la acusación, los fiscales Gonzalo Vega y Gabriel González, sostienen que los imputados, dado su carácter de funcionarios públicos, hicieron caso omiso de las medidas dispuestas para garantizar la atención médica del detenido, desatendiendo su salud, según lo dispuesto por el médico que atendía a la víctima. Omitieron el traslado y las acciones tendientes a garantizar que se la administren los medicamentos y atenciones destinados a tratar su dolencia, no dando así cumplimiento a la conducta debida de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos esenciales para una persona privada de su libertad.
Por otra parte, omitieron dar cumplimiento con las obligaciones funcionales que dispone la Resolución 052/99 de la Secretaría de la Gobernación de Seguridad, que dispone en el Capítulo II Sección IV Del Celador, que debe a) velar por la seguridad física y moral de cada uno de los detenidos alojados en la dependencia, e) Registrar en el libro de guardia todas la novedades surgidas en el turno en relación a los detenidos, tales como enfermedades, atenciones médicas recibidas, visitas, etc. Con lo que se verifica el incumplimiento funcional doloso.
En el requerimiento a juicio, los fiscales Vega y González, exponen las medidas probatorias producidas durante la investigación y que constituyen los elementos de convicción necesarios para solicitar que la causa sea elevada a juicio.
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