Decenas de intervenciones de la PSA aportaron pruebas contra la asociación ilícita.La validez de las escuchas fue ratificada por la Justicia Federal en enero de 2020.
El 24 de abril de 2018 el abogado Aníbal Anaquín, funcionario municipal, llamó a Matías Huergo.
«H: Hola…
A- ¿Matías?
H- Si, ¿qué decís, doc?
A- Escuchame, hay… dos quilombos tengo… uno muy grave por lo que la tengo a una contadora de la AFIP haciendo una inspección de Secsa en el estudio…
H- Uh… ¿a quién?
A- A mí, como apoderado…».
De este modo comienza uno de los tantos llamados que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) grabó desde el 4 de enero de 2018 y que conforman el plexo probatorio sobre el cual el juez federal N§ 1 de Salta, Julio Bavio, procesó
Junto a Huergo fueron procesados el pasado 29 de junio el abogado Aníbal Anaquín (ex funcionario municipal), su hermano Álvaro Anaquín (contador), Arturo Mimessi (contador), Gerardo Romero, Héctor Silva, Juan Llanos (supuestos testaferros), Francisco Guzmán Garriga y Oscar Matías Esliman (presuntos falsificadores de facturas).
Los nueve están acusados de integrar una estructura ilícita que defraudó al fisco nacional con más de $100 millones en IVA entre 2015 y 2018.
Inicialmente, el Ministerio Público de la Nación también enfocó la investigación en los presuntos desvíos de fondos públicos que movieron las facturaciones fraguadas en contrataciones municipales, pero ese capítulo del expediente penal aguarda definiciones sobre la competencia del fuero federal.
La causa se abrió a comienzos de 2018 ante una presentación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que advirtió inconsistencias e irregularidades en las facturaciones de Arcadio, Secsa, Lusal Obras y Servicios, Obrar SRL y otras empresas manejadas por Huergo.
En base a los elementos reunidos en la parte inicial de la investigación, el fiscal federal Ricardo Toranzos solicitó intervenciones a las líneas telefónicas de los principales imputados.
Las escuchas realizadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fueron objetadas con planteos defensivos, pero el 11 de febrero de 2020 el tribunal interviniente reafirmó que se trató de «una medida razonable y proporcionada, teniendo en cuenta la cantidad de elementos objetivos e idóneos colectados» hasta ese momento y «la urgencia, complejidad, envergadura y naturaleza del delito investigado».
Entre decenas de llamados y mensajes intervenidos, quedó en evidencia una organización ilícita que, por ahora, tiene los procesamientos enfocados sobre el delito de evasión fiscal.
Entre las primeras escuchas, resalta una conversación que mantuvieron el 4 de enero de 2018 Romero y Guzmán Garriga.
En aquel llamado ambos hicieron mención a facturas elaboradas para diferentes personas físicas y jurídicas.
Al día siguiente se grabó otra conversación en la que Guzmán Garriga consultó a Romero sobre la forma en que debía consignar los trabajos realizados. En otro llamado, Romero se comunicó con un tal «Martínez» a quien consultó sobre la posibilidad de elaborar facturas tipo A para un club de gran tamaño a fin de cobrar $4.800. En una posterior comunicación, Romero le solicitó a Guzmán Garriga una factura por $65.000 en concepto de IVA para una empresa que tenía obras en San Lorenzo.
Retiro de dinero
El 15 de enero de 2018, Matías Huergo le solicitó a Romero que retire dinero del banco para realizar un pago de $50.000.
De ese llamado, la fuerza preventora determinó que el jubilado de 75 años, además de figurar como socio en empresas de Huergo, se encargaba de cobrar los alquileres de su empleador.
El 16 de enero de 2018, en otra conversación intervenida, Huergo informó a Romero que estaba yendo a verlo al abogado Anaquín para dejarle unas boletas de pago de expensas de inmuebles de su propiedad, con el objeto de que las retire de allí y realice los correspondientes pagos.
En otra de las escuchas, Romero se comunicó con un tal «Roberto», a quien le hizo saber que había obtenido aprobación para el armado de una factura. Horas más tarde, Guzmán Garriga y Romero coordinaron la entrega de otras facturas que estaban listas para ser diligenciadas.
En el auto de procesamiento también quedó resaltada la comunicación de un referente de un estudio contable, identificado como «Alejandro», quien requirió a Romero la facturación de un crédito fiscal por diciembre de 2017.
El 18 de enero de 2018, Aníbal Anaquín y Rafael Aníbal Ojeda trataron sobre una carga de hormigón facturada el 7 de diciembre de 2017 por $60.000, a nombre de Arcadio Obras Eléctricas, por la que respondería Huergo.
En esa charla, Anaquín habló de mantener buenas relaciones con un tal «Ángel», a quien mencionó en reiteradas ocasiones, para beneficiarse económicamente y evitar el pago de entre $70.000 y $80.000 en concepto de impuestos.
En una posterior comunicación ambos volvieron sobre el tema anterior porque Ángel se rehusó a responder por una facturación de hormigón.
Dinero ilegal
El 23 de enero de 2018, la PSA intervino un llamado en el que Huergo y Aníbal Anaquín refirieron a diferentes obras desarrolladas por Arcadio. De esa conversación la fuerza federal desprendió que Arturo Mimessi trabajaba en el armado de facturas para la venta de «una plata» a fin de pagar una deuda. Ese -según se estableció- fue el medio para adquirir dinero ilegal. Los imputados definieron a la actividad como «currete».
Poco después, Huergo encomendó a Romero que obtuviera con urgencia tales documentos.
Ese mismo día, «Juan» -un empleado de confianza de Huergo en Arcadio- le solicitó a Romero que, una vez que tuviese las facturas, las llevara al estudio de Arturo Mimessi.
En el auto de procesamiento, el juez Bavio resolvió mantener el estado de libertad del que goza Huergo desde el 14 de agosto pasado, por disposición de la Sala I de la Cámara Federal de Salta. El empresario había estado detenido desde el 13 de mayo de 2019 y quedó libre a condición de comparecer ante el Juzgado Federal cada quince días.
El juez Bavio, en realidad, describió dos supuestas asociaciones ilícitas. La primera, liderada y organizada por Matías Huergo y secundada por Aníbal Anaquín, Arturo Mimessi, Álvaro Anaquín, Gerardo Rubén Romero, Sebastián Héctor Silva y Juan Nolberto Llanos. El accionar de esta organización, según la acusación fiscal, se basó en la conformación de empresas integradas con personas insolventes para ocultar a su verdadero propietario, Huergo, quien era el principal responsable de su administración, gobierno y dirección.
La otra asociación ilícita estaba conformada por Francisco Guzmán Garriga, Gerardo Romero y Matías Esliman. Esta organización, según la resolución de Bavio, se dedicó a facilitar la evasión de impuestos a terceros, a través de la creación y comercialización de facturación falsa solicitada por distintos contribuyentes. Entre estos se encontraban Secsa y Arcadio, empresas que de esa forma redujeron fraudulentamente su carga impositiva.
Causa dividida
En mayo de 2018, el juez Bavio declaró la incompetencia parcial del fuero federal para intervenir en la acusación de fraude que el fiscal Toranzos había formulado contra la organización ilícita por presunto vaciamiento de fondos públicos. Igual criterio adoptó el magistrado con respecto a los posibles delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho y violación de los deberes de funcionario público.
El planteo de incompetencia quedó dirimido en enero último, cuando la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó la decisión de Bavio, por lo que la investigación escindida recayó en la Unidad de Delitos Económicos Complejos del Ministerio Público Fiscal de la Provincia.
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