Es un fondo extranjero que es titular de los derechos de Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park, en el juicio contra la Argentina. Pide que le sean regaladas sus acciones en YPF, 51% del total. Así se saldaría la deuda por US$ 16.100 millones.
El fondo de inversión Burford Capital, titular del 70% de los derechos litigio de Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y del 75% de Eton Park, le pidió a la Justicia de Nueva York, Estados Unidos, que el Estado de la Argentina le regale sus acciones en YPF (51% del total).
Es para saldar la deuda por 16.100 millones de dólares de capital más intereses que corren desde el año pasado por la estatización de la petrolera en 2012, decidida por la ex presidenta Cristina Kirchner y Axel Kicillof, hoy gobernador de Buenos Aires.
Así lo descubrió Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors, que tiene acceso al expediente que lleva la jueza Loretta Preska.
«Los beneficiarios del fallo en el caso por la expropiación de YPF solicitan a la Juez Preska que ordene a la República Argentina transferirles la titularidad de todas las acciones de la petrolera (incluyendo aquellas asignadas a las provincias) que fueron expropiadas en 2012. Esto ocurre como consecuencia del incumplimiento del fallo que obliga al país abonar US$ 16.100 millones», señaló.
«En noviembre del año pasado, la Juez Preska indicó que las acciones de YPF pertenecientes al Estado, pero no las asignadas a las provincias, podrían ser utilizadas como garantía para evitar embargos futuros. Preska no tomará una decisión hasta la primera semana de junio. Recordatorio: El Título III, Capítulo I, Artículo 10 de la Ley de Expropiación dice que “se encuentra prohibida la transferencia futura de [las acciones] sin autorización del Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros», completó Maril.
La noticia se conoce porque la jueza accedió al pedido de la Argentina, representada por la Procuración del Tesoro, de revelar el contenido del documento presentado por los beneficiarios del fallo YPF de manera confidencial el 1 de abril.
«¿La jueza puede dar curso al pedido de Burford?», preguntó Clarín a Maril.
«Por supuesto -contestó el especialista-, en noviembre Preska dijo que las acciones del Estado en YPF pueden ser usadas como garantía en favor del beneficiario, en caso de que la apelación salga también a favor de los demandantes. Pero la Argentina no puso una garantía, por lo cual si Preska autorizó a ofrecer las acciones en esa instancia, también podría habilitar su traspaso», contestó el especialista.
Burford Capital sabe que la Argentina no tiene manera de pagar ese juicio, sino es con bonos de su deuda a largo plazo, que encima con una alta tasa de riesgo país serían imposibles de emitir en este momento. Por eso va contra los activos de YPF, que hoy valen casi 9600 millones de dólares en la Bolsa (US$ 4800 millones en manos del Estado), pero que en el futuro podrían multiplicar su cotización.
El año pasado, el presidente Javier Milei amagó con crear una «tasa Kicillof», sin dar mucho detalle, para financiar el pago de esa deuda.
La representación de la posición del Estado está a cargo ahora de Andrés de la Cruz, subprocurador del Tesoro de la Nación, que hasta 2021 fue socio del estudio jurídico Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y, según denunciaron diputados de la Coalición Cívica, fue abogado de la familia Eskenazi.
El procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, debió excusarse de actuar por un presunto conflicto de intereses, al haber intervenido previamente en el caso por emitir una opinión técnica para los demandantes en octubre de 2021.
La estatización de YPF
Los Eskenazi entraron a YPF en 2008 sin poner un dólar: con una maniobra económica permitida por el ex presidente Néstor Kirchner para desplazar a la española Repsol, integraron el 25% del capital con préstamos sindicados en el exterior, que se iban a repagar con el giro de utilidades -las ganancias- de la petrolera al exterior (en lugar de reinvertirlas para asegurar e incrementar la producción).
Pero como en el período 2008-2011 la producción de petróleo y gas natural de la Argentina se desplomó de la mano de YPF por el congelamiento de los precios de los combustibles y las tarifas de luz y gas, la demanda de energía y las importaciones crecieron, los superávits gemelos (fiscal, comercial y de cuenta corriente) se evaporaron y la ex presidenta Cristina Kirchner instauró el cepo al dólar.
Esa medida inició una larga etapa de estancamiento económico con alta inflación -estanflación- durante su segunda presidencia y los Eskenazi se toparon con dificultades para repagar los préstamos e invertir.
En abril de 2012, con todos los problemas ya muy notorios en la actividad económica, el kirchnerismo avanzó con la estatización del 51% de YPF sin hacer una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a todos los accionistas, como lo indicaba el estatuto de la Sociedad Anónima si quería comprar más del 15%
Por eso, la familia Eskenazi, dueña de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, declaró en quiebra estos fondos y cedió por US$ 15 millones sus derechos de litigio en la Justicia de España, donde estaban constituidas estas sociedades. Burford fue el comprador y consiguió una ganancia magnífica con esta condena a la Argentina, que todavía no puede cobrar.
Cerca de los Eskenazi juran que se desprendieron de esos activos y no tienen nada que ver con el fallo.
La representación legal de la Argentina sostiene que el Estado es soberano para tomar decisiones sobre empresas que operan en el país, pese a que YPF tiene la figura de una Sociedad Anónima (SA) que cotiza en la New York Stock Exchange (NYSE) para buscar Inversión Extranjera Directa (IED).
Esa es la principal pelea jurídica, de la que se agarra Burford: YPF, en el entendimiento de los demandantes a los que la jueza Preska les dio la razón, tiene que comportarse como una empresa internacional que responde ante Estados Unidos y sus reglas.
En febrero, la Argentina había solicitado que se revirtieran las sentencias en su totalidad por estar fundadas en errores de derecho argentino y bajo la premisa de que una corte de los Estados Unidos debió abstenerse de ejercer jurisdicción sobre casos fundados íntegramente en derecho argentino. Más simple: el país norteamericano no puede tener injerencia para fallar sobre leyes argentinas, por hechos ocurridos en territorio argentino con empresas argentinas.
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