Señales institucionalesBernardo Saravia Frías: “Un país que no puede garantizar un servicio de Justicia no tiene futuro”

Las candidaturas del Gobierno a la Corte Suprema, próximas a tratarse en el Senado, incumplen la ley, señala el constitucionalista; el verdadero éxito del país reside en una regeneración institucional, afirma.

Un plan de gobierno que no tiene un capítulo central de regeneración institucional es un plan de gobierno sin destino y solo tiene logros coyunturales”, dice Bernardo Saravia Frías, ex procurador del Tesoro de la Nación desde 2017 hasta 2019, durante la gestión de Mauricio Macri.

A Saravia Frías le preocupan las señales institucionales que emite el Gobierno: comenzó con el mensaje del presidente Javier Milei de espaldas al Congreso, continuó con los agravios y las descalificaciones permanentes a los opositores y a la prensa y, finalmente, siguió con la nominación de los candidatos a integrar la Corte Suprema: el juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García Mansilla. “Todo eso tiene un costo intangible enorme”, agrega.

Aunque evita personalizar, para Saravia Frías estas nominaciones incumplen criterios constitucionales de federalismo, género e idoneidad. No se trata de nombres, dice. Se trata, más bien, de dar un debate institucional a fondo sobre qué modelo de Justicia quiere darse la Argentina.

«Veo candidatos a la Corte haciendo proselitismo y festejando. Y ser servidor público es en verdad una carga»

Para Saravia Frías, que además de especializarse en derecho constitucional, derecho empresario y bancario, participó en arbitrajes y litigios de alta complejidad en el país y en el extranjero, y lideró reestructuraciones de deuda pública y privada, “los inversores serios y de largo plazo que quieren hundir su dinero en la Argentina miran de cerca el tema institucional y no pasan inadvertidas este tipo de propuestas de miembros para la Corte”. Y señala que el RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) representa una resignación de la Justicia argentina al proponer tribunales extranjeros como mecanismo de resolución. “Un país que no puede proveer un servicio de Justicia no tiene futuro”, enfatiza Saravia Frías, abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires con estudios en la Universidad de Illinois y Harvard Law School.

Como procurador del Tesoro, Saravía Frías lideró el equipo de 8500 abogados de la burocracia estatal y vio de cerca los 3.200.000 juicios contra el Estado argentino, entre otros, el de YPF, los casos ante el Ciadi, los juicios por las jubilaciones y la pesificación de tarifas.

Consultado sobre qué hubiera dictaminado en el pedido de información sobre los perros del presidente Javier Milei –sobre el cual el procurador Rodolfo Barra negó el acceso a la información– para Saravia Frías, aunque sean temas jurídicamente menores, en un país necesitado de ejemplaridad, “todo lo que afecte al Presidente debe ser sujeto al control y a la transparencia”.

La Argentina transita un experimento político novedoso desde diciembre de 2023. ¿Qué está observando?

Miro este proceso con atención porque es un experimento nuevo, pero al mismo tiempo lo miro con gran preocupación. Hay algunos indicios que no son el mejor mensaje institucional, que es lo que a mí más me preocupa. Porque un plan de gobierno que no tiene un capítulo central de regeneración institucional es un plan de gobierno sin destino, solo tiene por propósito la coyuntura y no tiene por objetivo sacar a la Argentina adelante. Ahí toma fuerza, por ejemplo, el tema de la Justicia. Y particularmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la nominación que se ha hecho. No hay un proyecto institucional y, por lo tanto, veo un plan de gobierno que se va haciendo con parches, sin una mirada de mediano y largo plazo. Y esos indicios empezaron con un mensaje de espaldas al Congreso y siguieron de otras maneras, pero lo significativo es que tienen un costo intangible muy grande.

¿Cuando habla de costos, se refiere, por ejemplo, al hecho de que la ley Bases enviada por el Gobierno haya tardado seis meses en ser aprobada?

Sí, y estamos hablando de una ley que era central para lo que el Gobierno proponía como su plataforma. Ese costo intangible no está a la vista, pero es muy grande. No es solo la tensión de la retórica con otros grupos políticos, con el Congreso o con sectores de la política. Es un costo tangencial muy claro que se traduce en falta de inversiones, para ser muy concreto. Veo que en su génesis este es un grupo político que nace de una contradicción: es un gobierno que propone estabilidad económica, pero lo hace desde un modelo absolutamente disruptivo. Busca la estabilidad desde la inestabilidad. Y eso es algo incompatible. Cuando comienza el ejercicio de gobierno no se puede estar en modo disruptivo y antagónico todo el tiempo. Y la estabilidad la da el sistema institucional. Es muy difícil lograr la estabilidad si no hay mirada institucional. Los logros que se puedan alcanzar serán coyunturales, momentáneos.

Pero en un régimen republicano, podrían decirle, existen frenos y contrapesos, y las leyes deben ser debatidas y aprobadas en el Parlamento. En este caso, el articulado era monumental.

Cuando uno mira lo que ocurrió en estos seis meses, la demora no está definida tanto por los checks & balances de los otros poderes del Estado: está definida, creo yo, por el amateurismo y la incapacidad del Poder Ejecutivo. El Gobierno mandó una ley de cientos de artículos que quedó reducida a menos de la mitad. Se podrían haber evitado muchísimas cosas si se hubiera negociado. Negociar no es una mala palabra. En este caso, la demora no la adjudico a los frenos y contrapesos sino al amateurismo.

Entonces no cree que haya sido una estrategia.

Por ahí hay una estrategia política que yo no entiendo. Ahora, en los libros tradicionales de la ciencia política y del análisis jurídico institucional esto podría haber ocurrido mucho antes, podríamos haber evitado costos económicos directos, como son las inversiones viniendo mucho antes y resolviendo asuntos que había que resolver y que quedaron abiertos como el tema laboral. La verdad es que hay que hacer cambios de fondo que tienen que ser pensados jurídicamente con mucha astucia. No es cuestión de demorar seis meses para ver cómo reacciona el otro y quedarme con la retórica de campaña. Gobernar es 20 por ciento de ideas y 80 de implementación. Y la implementación significa entender cómo funcionan los otros poderes del Estado, respetar esos poderes del Estado y ser lo suficientemente astuto e inteligente como para crear situaciones que pasen por esos filtros.

¿Cuál es la señal que el gobierno manda a la Justicia y a la sociedad toda cuando se nominan candidatos a la Corte que son altamente cuestionados?

Son mensajes negativos. A mí no me gusta centrarme en las personas, ni en el doctor Ariel Lijo ni en el doctor García Mansilla. Lo que está en juego acá va más allá de los nombres, es una concepción de Justicia, es la mirada institucional que tiene que tener un gobierno. Y la Corte Suprema es la última palabra en el ámbito de la Justicia, es la que decide sobre el patrimonio y la vida de la gente, más allá de que sea custodio de la Constitución Nacional. En mi mirada al menos, esto nos lleva a la década del 90, respecto de la cual ahora se está haciendo un panegírico, pero no estamos recordando que, tal vez, fue la época de mayor degradación institucional desde la vuelta de la democracia. Fue la época del aumento de los miembros de la Corte, de la “mayoría automática”, de la creación de Comodoro Py. Ese momento de degradación institucional tuvo una consecuencia: se llama impunidad. Y la impunidad es sinónimo de privilegio. El modelo liberal, por definición, exige que no haya privilegios. Es la existencia de ámbitos con igualdad de oportunidad y de condiciones para todos. Cuando yo miro un gobierno que toma decisiones de estas características, estamos ante un modelo que no va a ser satisfactorio, más allá de que pueda tener o no éxito económico en el corto plazo. El verdadero éxito en Argentina está en una regeneración institucional, que es la que va a dar estabilidad y permanencia. Ahora el Congreso tiene que decidir sobre los candidatos a la Corte y hay cinco criterios que surgen de la Constitución que estamos pasando por alto. Es un error centrar la discusión sobre la Corte en las personas: el foco tiene que ser de carácter institucional, qué es lo que queremos como modelo de Justicia para el país.

¿Cuáles son esos criterios?

El primero es el federalismo. Acá hay dos candidatos que son porteños, como si no hubiese juristas en el Interior. Cuando uno mira las composiciones de la Corte, siempre se tomó en cuenta este criterio central. Los senadores, que representan a las provincias, deberían mirar esto. Son los dos grandes asuntos institucionales pendientes en la Argentina: una Justicia que resuelva y asegure que se aplique la ley sin impunidad y el federalismo bien entendido, doctrina que nos falta desde hace mucho tiempo y que es una de las deudas constitucionales más grandes. El segundo es la igualdad: son dos varones. Acá había un lugar que era de una mujer. No puede haber dos candidatos varones; hay que respetar el género. El tercero es un dato biológico: la edad. Uno tiene que tomar en consideración que un miembro de la Corte va a estar hasta los 75 años en ese sitio. Es mucho tiempo. En Estados Unidos en este momento se está discutiendo la duración, si hay que poner un plazo mucho más corto y no la duración que establece la Constitución.

Acá la Constitución indica que el cargo dura hasta los 75 años.

Sí, pero a mí me encantaría que un candidato a miembro de la Corte ponga la renuncia por anticipado, con una duración de su cargo por 8 años, por ejemplo. Eso es lo más republicano que puede haber. ¿Por qué tienen que estar 25 años en ese sitial? Otro dato es la idoneidad, que tiene rango constitucional, y que tiene dos capítulos: la moral y la técnica, formación y antecedentes. Todos tenemos una biografía y esa biografía se mira.

Ninguno de estos criterios ha sido tenido en cuenta hasta ahora.

No, por lo menos en la primera parte del proceso del lado del Poder Ejecutivo. Y ahora llega el momento del Senado. Y aparece la opinión pública. Como decía Carlos Cossio, la democracia es el gobierno de la opinión pública. Y acá tenemos un gobierno que, en principio, mira mucho y ha interpretado, tal vez mejor que nadie, la opinión pública, por lo menos en la elección. Pero en este tema, que es crucial, que hace a la regeneración institucional y al futuro del país pensado en términos de estabilidad y construcción de mediano y largo plazo, desoye la opinión pública. Cientos de oposiciones fueron al Poder Ejecutivo y ni siquiera se les dio el traslado para que contesten. Y ahora viene el tiempo del Senado y pareciera que vamos a la misma pantomima.

¿Los inversores extranjeros miran realmente estas cuestiones institucionales a la hora de invertir o miran la rentabilidad? Usted cree que difícilmente haya un plan económico exitoso que fije las condiciones para el crecimiento y el desarrollo si no hay determinadas condiciones jurídicas e institucionales.

Definitivamente es así. Cualquier inversor mira esta situación y le preocupa. Lo vivo en mi actividad profesional. Este tipo de propuestas para miembros de la Corte no pasa inadvertido. Cualquier inversor serio, no golondrina y de largo plazo que quiere hundir su dinero en la Argentina, sobre todo pensando en los recursos naturales que tiene el país, mira esto con atención. Y lo mira con atención aun cuando el RIGI, precisamente, lo que hizo es una resignación muy grande de la Justicia argentina proponiendo como mecanismo de resolución de disputa tribunales fuera del país. Esto ya lo vimos en los 90. Es muy triste que como país no seamos capaces de decir: la Justicia argentina es lo suficientemente equilibrada, sólida e independiente como para que estos diferendos, si ocurren, se puedan resolver en el país y tengamos que resignar nuestra jurisdicción a tribunales extranjeros o tribunales arbitrales. Remarco algo: al pasar por la Procuración pude ver bastante en detalle las consecuencias de todo esto, no solamente las consecuencias del mal accionar del gobierno sino también las de someterse a tribunales extranjeros, a tribunales arbitrales.

Se refiere al juicio por la estatización de YPF, los juicios en el CIADI, entre otros.

Sí, la cantidad de juicios en el CIADI, de billones de dólares; el juicio de YPF de 16 mil millones de dólares. Entonces, ¿cómo la Argentina va a renunciar a dar el servicio de Justicia? O sea, los inversores con dinero por encima de los 200 millones de dólares tienen el privilegio de ir por encima de la Justicia: no vienen a la Justicia argentina, van a los tribunales extranjeros en los que seguramente la Argentina va a tener muchas menos posibilidades de defenderse. Un país que no puede proveer ni garantizar un servicio de Justicia es un país que no tiene futuro.

Usted estuvo al frente de la Procuración del Tesoro durante el gobierno de Cambiemos. ¿Se puede estimar la cantidad de litigios, montos y escalas de los conflictos que enfrentaba entonces el Estado argentino?

En los tiempos que yo estuve, había 3.200.000 juicios contra el Estado argentino. Hasta ese momento, cuando yo entré a la Procuración, los juicios no estaban sistematizados. Hay que pensar que el Procurador del Tesoro es la cabeza de los abogados del Estado y en ese momento había 8500. Los abogados del Estado son el corazón de la burocracia estatal, son quienes toman las decisiones de legalidad, que es mucho más profundo que el formalismo del papel. Y cada decisión que se toma, tiene incidencia. Por ejemplo, cuando el gobierno kirchnerista se negaba a pagar las jubilaciones, en un daño enorme a los jubilados, eso terminaba en juicios que desembocaban en la Justicia, en la Corte precisamente. Son daños que se van acumulando y es el costo oculto. Son contingencias enormes. Son muchos los ejemplos: los juicios arbitrales por miles de millones de dólares cuando se pesificaron las tarifas, la estatización de YPF y tantos otros son un dolor de cabeza.

A lo largo de esta conversación mencionó varias veces a la década del 90. El actual procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, fue, además de ministro de justicia y miembro de la Corte Suprema durante el menemismo, uno de los arquitectos jurídicos de la reforma del Estado en esos años. Ahora ocupa el lugar que ocupó usted durante el gobierno de Macri. Hace poco le llegó un pedido de información sobre los perros del presidente y dictaminó que esa información es privada, que el gobierno no está obligado a darla y que no afecta el interés público. ¿Cómo hubiera procedido usted en caso de un requerimiento como ese?

La Procuración es un lugar extraordinario de juristas y hay temas que son de enorme importancia institucional. Éste lamentablemente es un tema de alta prioridad porque toca directamente al Presidente de la Nación. Son temas jurídicamente menores, pero que son de un enorme valor institucional porque está de por medio la conducta del Presidente de la Nación y cómo tiene que rendir cuentas. Cuando llegó ese pedido yo me imaginaba a todos corriendo a una dirección que es la de “Dictámenes” tratando de discutir, como el sexo de los ángeles, si la información de los perros es importante. Claro que es importante: tiene que haber transparencia. Es un valor institucional central. Transparencia y control son las dos claves de cualquier sistema republicano. Estos valores tienen que primar sobre todo en la conducta del Presidente de la Nación. ¿Es un tema menor? Posiblemente sea un tema menor. Pero en una Argentina necesitada de ejemplos, esto es central: la conducta del Presidente de la Nación en cuanto a su transparencia y su apertura al control tiene que estar disponible. Voy a hablar desde un lugar un poquito más personal.

Lo escucho.

Yo veo candidatos a ocupar la Corte Suprema haciendo proselitismo y festejando con alegría. Y ser servidor público es una carga. Debería ser una carga. Yo, personalmente, lo viví así. No es un tiempo de alegría pletórica. Uno está sirviendo. Y cuando uno sirve, debería sentir el peso de esa responsabilidad a la hora de tomar decisiones. Hay muchos ejemplos icónicos en la Corte. Está Antonio Bermejo, de Chivilcoy, cuyo busto está en la entrada de la Corte Suprema de Justicia. Ese es un ejemplo de la Justicia a la que todos deberíamos aspirar. Lo único que pedía era que hubiera hielo en el agua cuando iba a los acuerdos. Iba en tranvía. Pienso en Alfredo Orgaz, cordobés, que renunció por cansancio moral durante el gobierno de Frondizi. Esos son ejemplos de gente que sentía más que nadie un peso en el servicio público y en la Justicia. Y en el Poder Ejecutivo tiene que ser igual: todos los que están allí tienen que sentir el peso de sus decisiones. Me refiero a la carga que significa decidir y lo que puede significar desde una decisión equivocada que equivale a 16 mil millones de dólares hasta la arbitrariedad de no querer mostrar información. Control y transparencia son los dos pilares sobre lo que se tiene que apoyar el comportamiento de cualquier funcionario público. Siempre.

LA TRANSPARENCIA COMO ÉTICA REPUBLICANA

PERFIL: Bernardo Saravia Frías

■ Bernardo Saravia Frías es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con un máster en derecho empresarial en la Universidad Austral y un Master in Law (L.L.M, suma cum laude) de la University of Illinois, Estados Unidos.

■ Realizó estudios de especialización en derecho comparado en Harvard Law School y de economía y ciencias políticas en Eseade.

■ Fue procurador del Tesoro de la Nación y secretario legal y administrativo del Ministerio de Hacienda.

■ Escribió libros y artículos en diarios de gran circulación (entre ellos LA NACION) y revistas sobre temas de derecho constitucional y políticas públicas.

■ Es profesor de derecho constitucional profundizado, derecho empresario y derecho bancario en la Universidad Austral.