Enviará al Congreso los primeros días de mayo una iniciativa para promover el blanqueo laboral, una propuesta que formaba parte de la reforma cuyo debate quedó trunco en diciembre.
“La idea es someter a debate capítulo por capítulo para poder avanzar con los temas. Vamos a comenzar con el blanqueo porque es prioritario y es uno de los que tiene más consenso”, adelantó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en un almuerzo con periodistas. “Nuestro foco está en la formalización laboral, que hoy es el principal problema de la economía argentina”, señaló. En el país hay 4,5 millones de trabajadores informales, según publicó EL Tribuno.
La iniciativa -que probablemente ingrese por el Senado- contempla una amnistía para el empleador en los impuestos previsionales impagos, con la condición de que declare el vínculo laboral. Respecto a los años previos trabajados en negro, el proyecto propondrá que el Estado le reconozca al trabajador cinco años de aportes hacia atrás, a los efectos jubilatorios. Como base tomará el salario mínimo vital y móvil. Pero los años no declarados, no computarán para la indemnización en caso de despido.
“El trabajador puede negarse a entrar al blanqueo y si quiere, puede hacer juicio por los aportes no realizados. Pero si acepta ser formalizado, renuncia al derecho a reclamar judicialmente por los años sin aportes”, explicó el ministro desde un amplio salón en el piso 18 del edificio de Alem al 600, desde el cual se escuchaba la protesta de un grupo de trabajadores que cortaban la avenida.
Como beneficio para el trabajador, Triaca destacó que “desde el momento en que es regularizado, pasará a cobrar el salario de convenio, tendrá obra social, aportes jubilatorios que le garantizarán la cobertura del PAMI cuando se jubile, y ART”.
Según las cifras que manejan en la cartera laboral, el promedio de la actividad informal es de 36 meses. Los sectores donde se da con mayor frecuencia son la construcción, el servicio doméstico, la agroindustria, y los pequeños talleres y pymes. Costo fiscal Según la evaluación de Triaca, “el resultado es positivo porque los trabajadores que pasan a estar en blanco, generan años de aportes a futuro. Aumenta así la base de aportantes al sistema”. Estima que “el pasivo eventual será de entre 200.000 y 300.000 trabajadores”, la cifra que -cree- se formalizará.
Ante la pregunta sobre el costo fiscal para el Gobierno, el ministro respondió que “dependerá del éxito de la adhesión a la propuesta y de los aportes que tenga el empleado”. En cualquier caso, hay que restarle lo que le sale al Estado el pago de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que otorga ANSES a las personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación o pensión. Hoy es de $6.128,34 (equivalente al 80% de una jubilación mínima) y se actualiza en forma trimestral por la ley de Movilidad.
Desde el momento en que sea sancionada la ley, habrá un plazo de un año para ingresar al blanqueo. Triaca detalló que si el empleador se suma en los primeros seis meses, tendrá un beneficio del 100%, mientras que si lo hace en el segundo semestre, será del 70%. El funcionario destacó que con el blanqueo, “las multas por la evasión de aportes ya no van a engrosar el cómputo de la demanda laboral como sucede hoy en un juicio, sino que irán a la Anses”.
En este sentido, explicó: “Pese a que el Estado también es damnificado por los aportes evadidos que no le ingresan ni a la Anses ni al PAMI, hoy no se lleva nada cuando el trabajador gana el juicio laboral. Con este proyecto, las multas irán a la Anses”.
Puntos conflictivos
Uno de los puntos que puede generar cuestionamientos en la oposición será la definición de “indemnización” y sus alcances. “Un celular o una cochera brindados por el empleador no pueden ser considerados dentro del cálculo indemnizatorio”.
“En cambio, sí se tendrán en cuenta las horas extras o las comisiones cuando son habituales, como en el sector de viajantes o el comercio”, precisó Triaca. Otro tema de debate será el “fondo de cese”, constituido por un aporte mensual del empleador a un fondo especial, que el trabajador cobra todo junto al finalizar el empleo. Es usual en la construcción y hoy el porcentaje de aporte depende de cada actividad.
Triaca señaló que la iniciativa lo contempla para aquellas actividades que lo adopten dentro del convenio. Los otros tres proyectos El Gobierno prevé, a su vez, enviar en mayo al Congreso otros tres capítulos de la reforma laboral, como proyectos independientes. En segundo lugar, luego del de blanqueo, está prevista otra iniciativa que crea el Instituto de Formación Profesional. Incluirá un sistema dual de formación permanente y un nuevo régimen de pasantías dentro del convenio colectivo de trabajo de cada actividad.
También se enviará un proyecto para la creación de la Agencia Tecnológica de Salud, vinculada a la supervisión y homologación de las prestaciones por parte de las obras sociales y prepagas. En la reunión, Triaca mencionó como ejemplo que hay tratamientos médicos complejos que en el país cuestan U$S 700.000 dólares mientras que, en Uruguay, salen U$S 400.000.
“Solo las obras sociales grandes pueden afrontarlos”, opinó. El último capítulo que llegará al debate parlamentario será una ley de prevención de accidentes de trabajo, complementaria de la actual ley de ART. Optimista Triaca aseguró que “estas iniciativas fueron consensuadas con los sectores principales de la CGT a fines del año pasado, dentro del paquete de la reforma laboral que impulsaba el gobierno”.
Aunque no se le escapa que esto fue antes de que Pablo Moyano pateara el tablero y el jefe del bloque peronista de senadores, Miguel Ángel Pichetto, decidiera frenar su tratamiento. Si bien sostuvo que tiene un diálogo “permanente” con la central obrera, sabe que las iniciativas sufrirán cambios en el debate parlamentario.
“No nos casamos con el proyecto, pero para nosotros es crucial que se discutan los temas importantes: cómo generamos empleo formal, cómo hacemos para darles más herramientas de capacitación a los trabajadores, y cómo le damos previsibilidad al mercado laboral”, sostuvo.
En esta línea agregó: “No podemos obviar que en la Argentina todavía tenemos un 25% de pobreza, y para resolverla, hay que generar más condiciones de empleo formal. El eje en la generación de empleo es la previsibilidad: que se sepa que uno cobra tanto, y que si lo indemnizás sale tanto. Entonces el empleador hace su cálculo de inversión”. Para asegurarse el mayor apoyo posible en el Congreso, los proyectos serán presentados la semana próxima en el Consejo Federal del Trabajo, donde tienen representantes las distintas provincias.
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