Es por la re estatización de la petrolera que hicieron los Kirchner. El fondo querellante habría comprado el juicio en US$ 16 millones a la familia Eskenazi y obtendría una ganancia inédita. Para establecer el monto se discute qué fecha se toma como inicio de la expropiación.
Argentina ya perdió el juicio por la expropiación de YPF, entablado por el fondo Burford. La jueza Loretta Preska -a cargo del tribunal de distrito sur de Nueva York- solo tiene que decidir el monto de la sentencia. Pero ya hay un piso por ese fallo: US$ 5.000 millones.
El fondo Burford -junto con Eton- posee los derechos para litigar en nombre de los accionistas que tuvieron la propiedad de un 29% de YPF. En las reuniones preliminares con Argentina por el juicio se estableció un rango para esa sentencia: va entre US$ 5.000 millones y US$ 16.000 millones.
La justicia estadounidense ya determinó que Argentina debe pagar. Es por no haber hecho una oferta pública de acciones cuando estatizó el 51% de la petrolera por decisión de Cristina Kirchner en 2012. Hasta ahora, ninguna de las apelaciones funcionó. En las audiencias de estos días solo se está tratando de determinar el monto de la indemnización que deberá pagar el Estado argentino a los accionistas perjudicados. «Es el juicio dentro del juicio», definió ante Clarín un abogado que conoce muy bien el caso, pero que pidió no ser identificado.
El rango de la compensación que pagará Argentina dependerá de la fecha que elija la jueza como momento de la expropiación. Los fondos litigantes sostienen que eso ocurrió el 16 de abril de 2012 (cuando el Gobierno de entonces intervino la empresa) y la Argentina dice que debe tomarse el 7 de mayo, el momento de la expropiación legal refrendada por el Congreso. La discusión, se entiende, es por dinero: los fondos eligen esa fecha porque las acciones de YPF valían mucho más en ese momento que varias semanas más tarde, cuando los papeles ya se habían derrumbado acompañando el ingreso del entonces ministro de Economía Axel Kicillof a la gestión de la petrolera.
Por eso mismo, en función de la fecha elegida del inicio de la expropiación, y la tasa de interés que vaya a aplicar la jueza para actualizar esos montos desde 2012 hasta ahora, se determinará el monto final que se abonará.
Ese fue el principal tema que se abordó en la primera audiencia en el juzgado neoyorquino que tuvo lugar el miércoles.
El piso de US$ 5.000 millones que pagará Argentina por el 29% de la empresa se determina al tomar en cuenta el 7 de mayo como fecha de expropiación, y si se aplica una tasa de interés del 0% desde 2012. En cambio, si se aplica una tasa de interés máxima convenida por las partes -del 8%-, el laudo podría llegar a US$ 9.500 millones.
A su vez, si la fecha de referencia de la estatización es el 16 de abril, como argumenta Burford, el monto de la sentencia va de US$ 8.431 millones -con una tasa del 0% de interés- hasta US$ 16.000 millones, con una tasa del 8% anual.
Luego de la audiencia del miércoles habrá otra este jueves y una última el viernes. Luego, la jueza debe definir la cifra. Esa decisión se conocería a fines de agosto y las partes pueden apelar ante las cámaras superiores.
En 2013, la Argentina llegó a un arreglo extrajudicial con Repsol, que tenía el 51% de YPF, que fue expropiado por el Estado nacional. En ese momento, la gestión de Kicillof y Kirchner le pagó a la española US$ 5.000 millones en bonos de la deuda pública. Ahora, en el mejor escenario posible, tendrá que abonar otros US$ 5.000 millones más. Y, en el peor escenario, serán US$ 16.000 millones más.
El tribunal entiende que cuando expropió esas acciones a Repsol, la Argentina debió haber lanzado una oferta pública de acciones por el total de la compañía. Por eso mismo, la jueza consideró que el país está obligado a compensar a los fondos Burford y Eton, que acreditaron poseer los derechos del 29% de las acciones de la empresa que existían en aquél momento.
“El miércoles cada una de las partes presentó sus argumentos. Luego Burford presentó un testigo, un constitucionalista argentino, que contestó preguntas de las partes”, relató Sebastián Maril, que estuvo en la audiencia de Nueva York.
“Hubo muchas objeciones e idas y vueltas. La jornada se concentró en la legalidad de la fecha en que Argentina tomó posesión de las acciones de Repsol en YPF. Argentina pide que ese día sea 7 de mayo de 2012, y Burford el 16 de abril de 2012. La diferencia entre ambas partes son cerca de US$ 4.000 millones dependiendo la fecha que la jueza Preska reconoce”, detalló Maril.
«Con este litigio, Burford va a obtener una ganancia de 20.000%. Pagó US$ 16 millones (por los derechos de litigar que tenía Petersen Energía) y recibirá una compensación de US$ 5.000 millones», expuso la Argentina en documentos presentados en instancias anteriores del proceso.
«Los demandantes (los fondos) quieren US$ 16.000 millones, un monto que supera largamente el valor de mercado de YPF», expresó la Argentina en su defensa. De acuerdo a su capitalización bursátil en Wall Street YPF vale hoy US$ 5.000 millones. Así, el país podría terminar pagando más que el valor total (un piso de US$ 5.000 millones y un máximo de US$ 16.000 millones, a lo que podrían sumarse intereses) sólo para compensar a los accionistas del 29% de la compañía.
Preska exoneró a YPF de la responsabilidad por la forma errónea en que se hizo la expropiación, sin tener en cuenta los derechos de los accionistas minoritarios. En cambio, culpó al Estado nacional. Por eso es el país el que deberá resarcir al fondo Burford y no la petrolera.
El fondo Burford reclamaba entre US$ 7.500 millones y US$ 19.350 millones. Pero luego de una serie de diálogos entre las partes se estableció un rango de entre US$ 5.000 millones y US$ 16.000 millones.
El fondo Burford le compró en 16 millones de euros al liquidador de Petersen Energía (en España) los derechos para litigar. Desde allí, entró en pleito contra el Estado nacional e YPF. Si gana el juicio, tiene que entregar el 30% del dinero obtenido en esa sentencia al «liquidador» de las sociedades de Petersen Energía en España. Fuentes que conocen el caso indican que la familia Eskenazi es la destinataria final del «liquidador», pero los voceros de esa familia lo desmienten.
Cuando el Gobierno se quedó con el 51% de la compañía, en 2012, debió realizar una oferta pública para comprar todas las acciones, pero no lo hizo. Eso habilitó a los otros accionistas a realizar demandas legales contra el Estado nacional e YPF.
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